Ante el aumento de la saturación de la red de acogida de menores en Canarias y Ceuta, cuando en pleno verano las llegadas siguen en aumento, el Gobierno busca alternativas a la reforma de la Ley de Extranjería tumbada por el PP y Junts hace un mes en el Congreso. Mientras el cambio legislativo para crear un sistema obligatorio de reparto de menores se mantiene bloqueado, el Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno ceutí trabajan en otra fórmula para trasladar a los niños y adolescentes a la península: impulsar su acogida por parte de ONG a través de una vía contemplada ya en la normativa.
Se trata de un mecanismo que permite la posibilidad de que los gobiernos autonómicos cedan la guardia provisional de menores migrantes a determinadas ONG, a través del establecimiento de convenios, con el objetivo de que estos sean acogidos de facto por estas organizaciones en la península, aunque su tutela siga en manos del Gobierno de la autonomía de origen.
La fórmula no es nueva. Se suele utilizar de forma individualizada, ante casos concretos que presentan una especial vulnerabilidad como, por ejemplo, cuando se detectan niñas víctimas de trata que requieren ser atendidas en centros especializados inexistentes en la autonomía de acogida. Lo que pretende impulsar el Gobierno central es su aplicación a mayor escala con el objetivo de aliviar la situación de Ceuta y Canarias, mientras se alcanza una solución más estructural, como la reforma de la Ley de Extranjería.
Este viernes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, destacó en rueda de prensa estar trabajando para impulsar este mecanismo con el objetivo de favorecer las salidas a la península de los menores migrantes que acoge, mientras sigue tramitando los traslados comprometidos de forma voluntaria por las comunidades autónomas en julio. Según dijo Vivas, su equipo se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Juventud e Infancia para sacar adelante esta vía alternativo mientras no se logra un acuerdo para crear un sistema vinculante y estable, para lo que es necesario un cambio normativo.
“Estamos trabajando en la posibilidad de otra vía de traslado de menores a la península. Consiste en delegar la guarda del menor en una entidad humanitaria, manteniendo la tutela en la ciudad. Para ello es necesario contar con la autorización por parte de la comunidad de destino”, recalcó el presidente ceutí.
Fuentes de la cartera dirigida por Sira Rego confirman a elDiario.es que la cesión de la guarda temporal de menores migrantes a ONG de la península es una de las medidas que se encuentran actualmente encima de la mesa, una de las propuestas estudiadas como “plan b” tras el rechazo de PP y Junts a la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería. El Ministerio recuerda que se trata de una medida ya planteada en la conferencia sectorial de infancia celebrada el pasado mes de marzo, que fue bloqueada por parte de las comunidades autónomas. En aquella reunión, el Gobierno central y el canario propusieron la cesión del cuidado de 470 menores a organizaciones sociales de la península, pero no salió adelante.
“Este verano, ante el aumento de las llegadas, es una de las medidas que se han vuelto a poner encima de la mesa con Ceuta”, indican las mismas fuentes. Para poder aplicarse, la propuesta debería contar con la luz verde de las comunidades autónomas, por lo que tendría que volver a ser debatida en la próxima conferencia sectorial, añaden desde Juventud e Infancia.
En la propuesta contemplada por el Gobierno central y el ceutí, el Ejecutivo central plantea un acuerdo con los gobiernos autonómicos para agilizar, además de los propios traslados, los trámites derivados de la acogida de estos chavales por parte de las ONG en las distintas regiones, por ejemplo, aquellos ligados a la escolarización o al acceso a la sanidad, para así acelerar ese proceso en caso de las derivaciones de grupos más numerosos, agregan las mismas fuentes.
Save The Children, organización especializada en infancia, valora de manera positiva la búsqueda de distintas opciones para mejorar la acogida de los menores llegados a Ceuta y Canarias, no obstante, matiza que estos traslados deben hacerse “con todas las garantías”. La ONG sostiene que, para ello, debe realizarse “de forma coordinada” con las regiones de destino, para evitar situaciones que dejen a los menores en una situación de desprotección. También destaca la importancia de que los representantes legales de los niños y adolescentes deben estar cerca de estos chavales, pendientes de ellos, para dar seguimiento a sus expedientes.
El mecanismo no vinculante de reparto de menores migrantes conlleva numerosos trámites burocráticos que retrasan el procedimiento, por lo que el Gobierno de Ceuta, al igual que el canario, mantiene su petición de buscar una solución estable y vinculante para acelerar los traslados cuando su capacidad de acogida se vea superada. Paradójicamente, en julio, PP y Junts tumbaron la reforma de la Ley de Extranjería que pretendía hacer obligatorio el reparto de menores migrantes, propuesta por el Gobierno central y el canario para aliviar la presión migratoria a la que hacen frente los puntos más tensionados del país, especialmente Canarias. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, es del PP, pero la situación de la ciudad autónoma le ha llevado a posicionarse a favor de la reforma normativa, aunque de manera discreta y, en la línea manifestada por su partido, solicita una mayor financiación por parte del Estado y una mayor capacidad de negociación por todas las partes para alcanzar un “pacto” que asegure la viabilidad de un eventual cambio legislativo.
“Hace falta ponerse de acuerdo en el tipo de medidas, la regulación o los recursos presupuestarios y materiales y de procedimientos, para que haya una respuesta estructural a un fenómeno estructural. Yo defiendo la derivación de menores desde Ceuta y de canarias o de otra parte al resto del territorio nacional cuando haya una sobreocupación, si las modificaciones legales van en ese sentido, con la simple modificación normativa no será suficiente”, ha remarcado Vivas. El presidente matiza que todas las administraciones implicadas “tienen que estar de acuerdo con las bases establecidas” para lograr un sistema “vinculante, ágil y pacífico” con el objetivo de “dar una respuesta estable estructural y duradera”.
Este viernes, el presidente de España, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, han defendido que la principal solución para los menores migrantes sigue siendo la misma que lleva sobre mesa desde hace meses: modificar la Ley de Extranjería. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que en el encuentro no se ha abordado la posibilidad de avanzar en un real decreto, porque esta fórmula decaería a las cuatro semanas si no es apoyada por el PP en el Congreso, donde debe ser convalidado. Además, recordó que los otros mecanismos que no requieren de votación ya se pusieron en marcha en el pasado y no se cumplieron.
El ministro aseguró que no se han roto los contactos durante este verano con los grupos parlamentarios para sacar adelante esa modificación de la norma y que con el PP es el grupo con el que más textos se intercambiaron antes de que votaran en contra en el Congreso. “El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo junto con el presidente de Canarias durante casi un año de negociación permanente para cerrar un texto, registrarlo y votado el 23 de julio y esa proposición no fue admitida a trámite porque hubo votos en contra, cuando es la única solución posible”, remarcó. “De haberse aprobado el 23 de julio la admisión a trámite de la proposición de ley, el próximo mes de septiembre podría haber entrado en vigor”, apuntó.