Cada vez que Amina intenta escolarizar a su hija de nueve años, se choca de bruces con la negativa. “No se puede. No está empadronada. No tiene residencia”. La mujer, de nacionalidad marroquí y residente en España desde hace casi una década, reproduce en un perfecto castellano la respuesta repetida año tras año por los responsables de diferentes centros educativos. No es la única.
El Ministerio de Educación vulnera el derecho a la escolarización de al menos 40 niños en Ceuta que, debido a un limbo administrativo, no pueden ser censados: la mayoría son hijos, ya sean biológicos o acogidos, de marroquíes que viven en la ciudad autónoma de forma irregular porque, aunque tienen permiso para trabajar, hacer compras o buscar empleo en la localidad española, no pueden dormir en Ceuta. La Ley de Extranjería y la Ley Orgánica del Menor son tajantes: todo menor que se encuentre en España puede acceder a un colegio público, independientemente de su estatus administrativo.
En su mayoría son hijos de los llamados “trabajadores transfronterizos”: aunque no cuentan con permiso de residencia, miles de marroquíes pueden cruzar el perímetro ceutí cada día por razones laborales. Debido a diferentes motivos, algunas de estas personas acaban viviendo en la ciudad autónoma de forma irregular. Sus hijos, algunos de ellos nacidos en España, se encuentran en un limbo jurídico que bloquea su acceso a la educación reglada, según explica la ONG local Digmun, que se ha visto obligada a ocupar el vacío estatal y cada día imparte clases extraoficiales a algunos de estos niños.
El Ministerio de Educación, responsable de la enseñanza en las ciudades autónomas, confirma a eldiario.es la existencia de este colectivo pero rechaza responder si el Gobierno central ha iniciado algún tipo de trámite para garantizar su escolarización, así como aclarar las razones que derivan en el incumplimiento del derecho a la educación de los niños atendidos por Digmun.
La normativa estatal es clara. “Los extranjeros menores de 16 años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de 18 años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria”, reza el artículo nueve de la Ley de Extranjería. La normativa nacional sobre la protección jurídica del menor también reconoce este derecho a “los menores extranjeros que se encuentren en España”. Desde el Consejo General de la Abogacía Española reiteran a eldiario.es que “no cabe” interpretación: “Todo menor que esté en este país debe acceder”.
Los hijos de cualquier inmigrante que resida en Ceuta de forma irregular tienen asegurada su matriculación en un colegio ceutí. Los menores extranjeros no acompañados (MENAS), aquellos que llegan solos y son tutelados por la ciudad autónoma, también. Pero los hijos de los marroquíes con permiso de entrada a Ceuta —no de residencia—, no. El limbo que administrativo que rodea a su figura provoca que muchos de ellos se estén quedando fuera. Digmun tiene documentados únicamente los casos que les han llegado —cerca de 40—, pero sospechan que son muchos más. “Sabemos que no son los únicos, aunque no podemos estimar el número exacto”, señala la asociación en una queja presentada ante la Defensora del Pueblo.
“Mamá, otros niños saben más que yo”
Latifa trabaja en la ciudad autónoma como empleada del hogar y tiene permiso para ello. Supuestamente no puede pernoctar en Ceuta, pero lo hace desde hace cinco años. No puede cruzar cada día la frontera para acudir al trabajo y atender a su hija, asegura. Además, según dice, su madre tiene nacionalidad española y quiere estar cerca de ella. Su pequeña ha empezado a ir a las clases de Digmun a principios de curso. Aunque tiene siete años, nunca había ido al colegio. Latifa acaba de recogerla del local de la asociación, lo más parecido a una escuela que ha pisado su hija. “Fui a intentar matricularla en muchos colegios, pero nada. 'El padrón, el padrón... En todos los centros me piden el padrón, pero luego no me dejan empadronarla”, describe al otro lado del teléfono.
“Me he enterado este curso de la existencia de Digmun —continúa—. Ella siempre quiere ir al colegio. Ahora está contenta porque va a la asociación con otros niños y se parece, aunque me gustaría que fuese a una escuela de verdad”, cuenta Latifa. La niña se da cuenta de sus carencías. “Acaba de empezar, es su primer año... Está aprendiendo mucho, y lo sabe, aunque a veces me dice: 'Mamá, otros niños saben más que yo”.
Las hijas de Amina y Latifa acuden de lunes a viernes a las clases impartidas por la asociación local que ha encabezado la denuncia contra la situación en la que se encuentran estos niños. A pesar de ser la única opción que tienen los menores no empadronados para acceder a una formación gratuita, la ONG asegura que no recibe dinero público para este fin. Pero su interés no se centra en obtener más recursos, sino en lograr la escolarización reglada de sus alumnos.
“No podemos equipararnos a un colegio”
Dos profesoras imparten clases de 9:30 a 13:30 horas en un pequeño local social de la ciudad autónoma, gracias a un convenio firmado por la asociación local con la ONG Educo. “No podemos equipararnos a un colegio”, reconoce Carmen, una de las profesoras de Digmun. La diferencia de edad, de formación sumada a la dificultad lingüística de algunos de ellos complican las labores de enseñanza de la organización. Los cerca de 40 alumnos se dividen en dos habitaciones convertidas en aulas improvisadas. Una de ellas acoge a 13 menores de entre cinco y ocho años. El grupo restante está formado por alrededor de 30 niños y adolescentes de entre ocho y 18 años.
“Dentro de este segundo grupo tenemos niños que entienden el español ero nunca han sido escolarizados, como mucho a una academia privada; otros que entienden regular la lengua y que tampoco han estado escolarizados; o menores que habían ido a la escuela en Marruecos pero no saben absolutamente nada de castellano...”, describe la profesora desde Ceuta. “En estas circunstancias, ¿cómo vamos a equiparar su nivel al de un colegio sin poder atender a sus necesidades de forma diferenciada?” Lo hacemos hasta donde podemos, pero es imposible lograr los objetivos que se conseguirían en un centro reglado. Esto es un 'popurrí“, concluye Carmen con resignación.
Todos los niños y adolescentes afectados tienen en común que no están empadronados. La ONG denuncia que, por más que lo intentan, su registro en el censo es denegado. eldiario.es ha preguntado al Ayuntamiento y a la Consejería de Presidencia de Ceuta las razones que impiden el empadronamiento de estas personas y, por el momento, no ha recibido respuesta.
La única declaración del Gobierno central al respecto procede del director provincial del Ministerio Educación en la ciudad autónoma. La consejera de Eduación de Ceuta aseguró en el pleno local que éste había confirmado que todos los menores “que cumplían los requisitos” para ser escolarizados -vivir en la ciudad autónoma y estar empadronado-, lo estaban, según ha publicado el Faro de Ceuta. No obstante, el personal de Digmun ve cada día sus dos “aulas” repletas de niños que tienen cerradas las puertas de los colegios.
La consejera de Educación, Mabel Deu, mencionó estas declaraciones durante el Pleno local del pasado 3 de noviembre, tras la propuesta de la coalición política Caballas de alcanzar un acuerdo de las formaciones para exigir al Gobierno central la “inmediata escolarización” de los menores que en la actualidad carecen de ella. El Partido Popular de Ceuta rechazó la petición pero, aseguraron, se comprometen a “revisar” el padrón de estos niños para comprobar si viven en la ciudad autónoma.
Diferentes perfiles
A pesar de que todas los niños afectados tienen en común las dificultades impuestas a la hora de empadronarse en Ceuta, ser descendientes de marroquíes y tener denegado el acceso a la escolarización, existen diferentes perfiles dentro de los menores excluidos de la educación pública en la ciudad autónoma.
-Hijos biológicos de familias que residen en Ceuta por motivos laborales o familiares.
-Niños de origen marroquí que nunca han llegado a adquirir su nacionalidad en Marruecos y, por tanto, son apátridas. Son menores que no aparecen en los libros de familia, ni tienen pasaporte porque, según explica Digmun, “por diversas circunstancias sus familias no han inscrito a sus hijos en los registros” del país vecino.
-Menores acogidos a través de la kafala, una institución recogida en el derecho islámico que no es equiparable a la adopción. Aunque algunas familias de kafala tienen nacionalidad española, la administración no reconoce este tipo de acogimiento lo que, según la ONG local, “dificulta aún más el empadronamiento y la escolarización”.
Amina encajaría, como Latifa, en el primer grupo. Ella se crió en Ceuta hasta los siete pero solo cuenta con la nacionalidad marroquí. Hace cerca de siete años decidió regresar a la ciudad española, donde reside su madre y sus hermanas. En la actualidad vive con ellas. Una de sus sobrinas acaba de conseguir ser censada, pero su hija, de nueve años, aún continúa a la espera. Lleva cerca de cuatro cursos asistiendo a las clases de Digmun. “Algunas de sus primas van al colegio, ella no entiende...”
—Este lío administrativo es bastante difícil de comprender. ¿Se lo intenta explicar?
—Cuando me pregunta le respondo que tenemos problemas con los papeles, que algún día se solucionarán.
— ¿Lo entiende?
— Más o menos. Pero otro día se acuerda, y me lo vuelve a preguntar: por qué algunas de sus primas pueden ir al colegio y ella no.