Una demanda contra el Estado griego presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acusa a Grecia de ejercer un sorprendente nivel de violencia en una estrategia ilegal para reducir y detener la llegada de refugiados y migrantes. Se trataba, según la denuncia, de sofisticadas operaciones conjuntas entre diversos brazos de la administración.
La demanda interpuesta por la ONG Centro Legal Lesbos se centra en un supuesto incidente en octubre del año pasado. Un barco pesquero zarpó de Marmaris, en Turquía, con 200 personas a bordo. Entre ellas, 40 niños y una mujer embarazada. El bote se topó con una tormenta en la costa sur de la isla de Creta y la situación empujó al capitán a pedir ayuda por radio.
La petición ante la justicia asegura que, en una operación de tamaño y sofisticación no vistas antes, en lugar de ayudar a las personas atrapadas a bordo, una embarcación de rescate griega y dos pequeñas patrulleras retuvieron el bote del traficante durante cinco horas hasta que llegaron lanchas rápidas que transportaban agentes enmascarados. Varios de los pasajeros del bote afirman que fueron golpeados durante el incidente.
Las personas detenidas a bordo fueron divididas en dos grupos y trasladadas a dos grandes patrulleras en las que tripulaciones armadas de entre 10 y 15 hombres a cara tapada los registraron antes de confiscarles sus pertenencias –teléfonos, pasaporte y dinero.
Se cree que después los pasajeros fueron trasladados a la fuerza a lanchas más pequeñas y devueltos a aguas turcas. Allí los habrían abandonado sin comida, agua, chalecos salvavidas ni medio alguno para pedir ayuda. Cuando los recogió la guardia costera turca habían pasado más de 24 horas.
“Como una película”
Un sirio que lo vivió, Mahmoud (no es su nombre real) dice que “fue como ver una película. Los hombres de las lanchas saltaron a bordo gritando con armas, cuchillos y pasamontañas negros”.
“Comenzaron a golpear a la gente con porras y a buscar al capitán. Me dieron un puñetazo en la cara y me rompieron las gafas … entiendo que no nos quieran, pero pueden devolvernos a Turquía sin necesidad de esa violencia. Cuando nos soltaron en las balsas pensamos que íbamos a morir”.
La demanda alega que la práctica de las “devoluciones” es habitual por parte de la guardia costera griega desde marzo de 2020. Entonces, Turquía, para ejercer presión sobre la Unión Europea, comunicó a los cuatro millones de refugiados registrados en su país que no seguiría tratando de detenerlos si trataban de llegar a Europa como recogía un acuerdo anterior, de 2016, entre Bruselas y Ankara.
Atenas reaccionó suspendiendo temporalmente las solicitudes de asilo y se cree que empleando tácticas cada vez más brutales para disuadir de emprender el viaje a quienes ya se encontraban en Turquía.
Devoluciones “en caliente”
Es muy difícil establecer un cálculo exacto de las cifras pero defensores de derechos humanos y periodistas han recopilado cientos de supuestas devoluciones fronterizas en los últimos 12 meses. En la mayoría de los casos, quienes tratan de cruzar el Egeo son interceptados y remolcados a aguas turcas en sus propias embarcaciones. La guardia costera turca inutiliza los motores o los suelta en botes salvavidas.
A menudo, quienes han sufrido esa situaciones dicen que ha sucedido después de tocar suelo griego. Los pasajeros han sido abandonados en un islote deshabitado perteneciente a Turquía en al menos dos ocasiones según información de Der Spiegel, Lighthouse Reports y The New York Times.
En al menos un caso se acusa a la agencia de fronteras de la Unión Europea, Frontex, de haber encubierto una de estas devoluciones “en caliente” realizada por Grecia.
Esta modalidad de expulsión colectiva es ilegal según el derecho internacional pero no según la ley griega. Cuando The Guardian pidió su versión a las autoridades griegas no recibió respuesta. Grecia ha negado en el pasado incurrir en comportamientos ilegales.
El incidente de octubre destaca por el supuesto nivel de violencia utilizada y el tamaño y alcance de la operación, que pudo conllevar horas de coordinación y en la que participaron ocho embarcaciones griegas y dos docenas de agentes griegos de diferentes instituciones.
“Devolución ni siquiera es el término correcto. Es una decisión tomada por las autoridades que consiste en abandonar deliberadamente a personas en el mar, poniendo sus vidas en riesgo y sin modo de pedir ayuda ni oportunidad de pedir asilo”, dice Natasha Ntailiani, abogada del Centro Legal de Lesbos que representa a alguno de los supervivientes ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
“Es una tendencia nueva y que genera inquietud. Se caracteriza por violencia planificada y sistemática, que ha aumentado durante este último año en la región del Egeo. Incluso los barcos de búsqueda y rescate se utilizan ahora contra los migrantes. Eso ofrece una perspectiva muy clara sobre el punto hasta el cual los griegos están dispuestos a llegar”.
Según el centro, los testimonios de 12 demandantes y decenas de páginas de pruebas que los sustentan –fotografías geolocalizadas, vídeos, coordinadas de GPS, mensajes de teléfono y anotaciones de radios de barco, pasajeros, una línea telefónica de ayuda y los guardacostas griegos y turcos- pintan una imagen completa de las tácticas utilizadas.
El precedente
Esta demanda es la quinta presentada ante el tribunal europeo en años recientes para demostrar que se violan los derechos de los migrantes y los refugiados en Grecia. El progreso es lento, pero los solicitantes esperan que este último caso convenza a la corte de las devoluciones, pese a que aparentemente son sistemáticas como mecanismo de control fronterizo por parte de Grecia, son ilegales.
Una decisión tomada por el tribunal de derechos humanos el año pasado y que argumentaba que España no vulneró los derechos de dos hombres a los que expulsó de Melilla porque habían tratado de entrar ilegalmente como “parte de un grupo mayor” sienta un precedente preocupante.
A partir de esa decisión, Frontex ha pedido a la Comisión Europea si puede denegar peticiones individuales de asilo en los casos de gente que viaja en grupos, como sucede en muchos casos en el Mediterráneo.
“Ni siquiera quería ir a Grecia. Sabíamos que hacían daño a los refugiados al llegar, pero fue impactante vivirlo, vivir que Europa no se preocupa por los derechos humanos y la dignidad”, explica Yara (no es su nombre real) de Damasco. Dice que la experiencia de vivir una tormenta en el mar a bordo de uno de esos botes la ha traumatizado.
“Pese a todo, lo intentaré de nuevo. No puedo desarrollar una vida en Siria ni en Turquía”.
Mahmoud coincide con Yara. “Me expulsaron de Qatar por la pandemia. Me habría quedado allí”, dice. “Si hubiera un modo legal de entrar en Europa, lo seguiría. Pero no lo hay. No quiero volver a hacer el viaje. Pero lo haré. Tengo que hacerlo”.
Traducido por Alberto Arce