Europa ha visto hoy un levantamiento coordinado en el Día contra el Racismo. Se convocaron manifestaciones en diez países y 45 ciudades. En Grecia, país que está lidiando casi a solas con la crisis de los refugiados, miles de personas han salido a la calle en 12 ciudades, entre ellas Atenas y Salónica. Las protestas han girado en torno al racismo, la islamofobia, el fascismo y el polémico acuerdo entre la UE y Turquía sobre los refugiados que hoy cumple su primer aniversario.
En la capital griega la manifestación ha comenzado en la céntrica plaza de Omonia a las tres de la tarde para terminar frente al Parlamento sobre las siete. La acción ha sido una iniciativa de decenas de colectivos antirracistas griegos, partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de izquierda. Aunque las manifestaciones por todo el país heleno son comunes en este festivo, la de hoy augura una nueva etapa para la acción política de la izquierda griega frente al racismo.
Según indicaron representantes de los colectivos en una rueda de prensa en el parlamento griego, esta es la primera vez que todas las organizaciones antirracistas unen fuerzas en este día. El motivo, dicen, es que existe hoy más necesidad que nunca de proporcionar una respuesta coordinada contra el racismo.
Una demanda clave de esta movilización internacional es la anulación del Acuerdo UE-Turquía. Los organizadores de la marcha desaprueban el deterioramiento de la calidad de vida de los refugiados en el país. Subrayan que dicho pacto se ha traducido en miles de ahogamientos en el Mediterráneo, casos de muertes por frío en los insuficientemente equipados campos, detenciones masivas de migrantes y deportaciones.
Menos migración, más precariedad
El acuerdo responde al esfuerzo de la Unión Europea de menguar la oleada migratoria de Turquía a Grecia y luego hacia Europa. Se pactó que los refugiados que llegasen a las islas griegas serían devueltos a Turquía, desde donde su reasentamiento en países de la Unión Europea sería procesado. A cambio, la Unión Europea accedió a proporcionar a los ciudadanos turcos visas gratuitas dentro de la zona Schengen, acelerar las conversaciones en torno a la entrada de Turquía en la UE y respaldarla económicamente.
Tras firmarse el acuerdo ha disminuído drásticamente la llegada de refugiados a Grecia. Los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicados el 14 de febrero de 2017, lo demuestran: en febrero de 2016 llegaron 57.066 y en febrero de 2017, 660. Sin embargo, según Amnistía Internacional, desde entonces solo 2.935 refugiados sirios han sido reubicados a Turquía y más de 62.000 refugiados siguen detenidos en pésimas condiciones en Grecia.
Un representante de una de las principales organizaciones antirracistas y antifascistas en la manifestación, Lefteris, ha condenado el pacto: “Los centros de detención deberían ser cerrados y los refugiados integrados en nuestros barrios, con acceso a educación y servicios de salud. Exigimos que sean legalizados, puedan trabajar y no sean excluidos de la sociedad. Creemos que el acuerdo entre la UE y Turquía causa muertes, pues el cierre de fronteras está provocando que se creen nuevas rutas, mucho más difíciles y peligrosas”.
El temor de la Unión Europea a que la inmigración prosiguiera desde Grecia hacia el resto de Europa llevó a que se construyeran en la mayoría de las islas centros de detención. Asimismo, según ha indicado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Grecia la capacidad de los campos dobla el número de refugiados y las islas están superpobladas.
Por otro lado, Thanasis Kourkoulas, miembro de la Izquierda Internacionalista de los Trabajadores (DEA) y representante del movimiento 'Deport Racism', afirma que los 500 millones de habitantes de Europa tienen perfecta capacidad para vivir con uno o dos millones de refugiados. “Los migrantes continuarán viniendo se apliquen las medidas que se apliquen, y estas políticas en lugar de gestionarlo de forma segura, ponen las vidas de los que vienen exponencialmente en peligro.”
De la relocalización a la deslocalización
La Unión Europea no ha cumplido con la promesa de reasentamiento que establece el tratado. Según los últimos datos de ACNUR, un total de 13.596 personas han sido reasentadas, lo que se traduce a un 14% de las 66.400 en Grecia y un 9% de las 39.600 en Italia. De hecho, el acuerdo con Turquía solo dio inicio a una serie de acuerdos con países africanos, con lo que más que reasentar a los refugiados Europa lleva tiempo abrazando la inmigración offshore.
Ante la falta de voluntad por parte de la UE de relocalizar a los refugiados, se ha trasladado sistemáticamente la crisis a las fronteras de Europa y del norte de África, lo que infringe los Acuerdos de Ginebra de 1951 y pone en entredicho el derecho internacional de asilo. Europa ya ha cerrado acuerdos con varios países africanos como Etiopía, Níger, Nigeria, Mali y Senegal para explorar políticas migratorias conjuntas con África.
Aunque Grecia haya sido uno de los países más castigados por la crisis de refugiados, con por ejemplo una bajada en picado del turismo en sus islas orientales, el líder del partido de izquierda Unidad Popular, Panagiotis Lafazanis, ha sido muy crítico con el gobierno. “El gobierno está aplicando políticas xenófobas, racistas y de austeridad. Los refugiados viven peor que en guetos y son tratados como animales. La situación tiene que cambiar no solo en Grecia sino también en Europa, donde se tendría que respetar el derecho internacional y europeo, que se está quitando a los refugiados.”
Turquía y Grecia podrían desmantelar el acuerdo
Tanto Grecia como Turquía podrían socavar pronto la continuidad del pacto. La última ya ha amenazado en varias ocasiones con romperlo ante la congelación de las negociaciones para su entrada en el club de los 28. Ante la tensión diplomática entre Turquía y varios países europeos, el ministro de interior turco, Süleyman Soylu, amenazó recientemente con dejar entrar a 15.000 refugiados cada mes a la Unión Europea.
Por otro lado, el aniversario del acuerdo coincide con la fecha límite para que unos abogados presenten pruebas para un caso que está examinando el tribunal administrativo de máxima instancia en Grecia, y que determinará si Turquía puede considerarse un país seguro para los refugiados. En caso de declararse inseguro, también podría desmantelarse el acuerdo.
Muchas organizaciones para la defensa de los derechos humanos han subrayado que Turquía no es un país seguro. Según ACNUR un “país seguro” es, en el contexto de los refugiados, aquel que no produce refugiados o es lo suficientemente seguro como para que los migrantes puedan disfrutar de asilo sin peligro. Sin embargo, Turquía limita geográficamente la Convención de Ginebra y solo acepta a refugiados de países europeos. Por ejemplo, los sirios sólo pueden optar a una protección temporal que puede ser revocada en cualquier momento.
Mientras los lazos diplomáticos entre Europa y Turquía desafían su tenacidad, a finales de marzo Grecia deberá haber tomado una decisión sobre el caso, que podría iniciar un capítulo incierto en la crisis de los refugiados.