Guinea-Bissau se queda sin ayuda española en medio de su inestabilidad política

Este domingo se podría haber puesto fin a casi dos años del golpe de Estado perpetrado el 12 de abril de 2012 en Bissau, pero se ha vuelto a retrasar. Las elecciones generales han pasado del 24 de noviembre de 2013 al 16 de marzo para, finalmente, trasladar la cita hasta el 13 de abril. Nadie sabe si será la definitiva. Un baile que no parece terminar nunca y acaba por desinflar aún más el ímpetu y la energía de la ciudadanía ante la esperanza de un cambio de rumbo.

El aplazamiento de las elecciones democráticas en Guinea-Bissau previstas ahora para el 13 de abril hace que la ciudadanía pierda la paciencia ante un gobierno inestable y que a la comunidad internacional le sirva para avalar la retirada de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), a pesar de que aún hoy hay servicios básicos que no llegan al pueblo. El escaso interés geoestratégico que genera este pequeño país africano en las políticas de cooperación diluye su desarrollo humano.

Aunque nunca de forma oficial, este argumento le ha valido a la comunidad internacional, en concreto a España, para dejar de colaborar en materias de asesoramiento y aporte técnico, humano y económico. Guinea-Bissau dejó de ser un país prioritario de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), tal y como determinó el IV Plan Director de la Cooperación Española la hoja de ruta de estas policíticas durante los próximos años (2013-2016).

Para el responsable de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en Bissau, Luis Bolea, “no es del todo así”, sino más bien está ligado a asuntos de eficacia, calidad de la ayuda y razones presupuestarias, justificaba hace unos meses sin dar más detalles a esta salida inesperada, ahora que la ciudadanía guinense precisa aún más del acompañamiento internacional para lo grar el “control” de derechos, justicia, estabilidad y libertad. “La cosa no iba tan bien, nos autoengañamos todos un poco”, remarcaba.

La AECID “ha dejado de ver a este país africano como prioritario debido a la crisis económica y financiera, lo que le ha obligado a reorientar su estrategia de apoyo al desarrollo de otros países”, aunque “la cooperación descentralizada aún continúe en distintas áreas”, afirma Miguel de Barros, investigador y director de la ONG Tiniguena. Aún así, “no es positivo en ningún sentido”, argumenta a través del correo electrónico.

“No tiene sentido retirarse si creías en el proceso que estabas intentando generar. Esto no es sostenible. Es tirar el dinero de hace diez años para acá”, explica con indignación Rocío Aránzazu Baquero, responsable del grupo de investigación 'IAGU', que trabaja la calidad del agua de los pozos de Quínara, Tomabali, Oio y Bissau.

Desde el otro lado del teléfono detalla las asistencias técnicas que realizan a los pozos desde la cooperación española, en cuyos resultados se observa que “el 95% de los mismos no ofrecen agua potable según los parámetros microbiológicos”. También cubren asistencia formativa para el personal local, quien “se queda en el aire” tras la marcha de los parceiros (socios) y después de años de planificación y lógica constructiva. De esta forma, “todo el proceso de acompañamiento paulatino se pierde con el cierre de la cooperación española, que no se podrá recuperar con la misma lógica”, aclara.

“De todo esto hay una doble moral”, explica a continuación uno de sus compañeros de investigación, Braulio Freyre, y técnico de la ONG Sodepaz. “El discurso político actual defiende la necesidad de cooperación para que no haya tanta inmigración, especialmente ahora, pero sin embargo el trabajo para disminuir esa migración forzosa en terreno se está destruyendo de manera irresponsable e incoherente porque no es la prioridad”, argumenta.

Una prioridad liderada por intereses mercantiles y geoestratégicos que aprieta las tuercas a Guinea-Bissau mientras desde Europa se les acusa de hacer las cosas mal. Aunque según Luis Bolea esta presión “debería mermar, sobre todo de cara a las próximas elecciones, ”porque así se crean los conflictos internos“, explicaba en la terraza de una de las cafeterías del centro de Bissau junto al aroma humeante de un mañanero café.

El ministro de Negocios Extranjeros, Cooperación y de las Comunidades del Gobierno en Transición, Fernando Delfim da Silva, se mostraba optimista el pasado septiembre sobre los resultados de la cooperación española. Hablaba de “sorpresas agradables” refiriéndose a las producciones de arroz de la empresa Agrogeba, de origen catalán, aunque informes paralelos analizan sus malas prácticas: explotación de trabajadores, desplazamiento forzoso de tierras y uso de agroquímicos en sus productos. Y calificaba de “tristeza” la estampida gubernamental española de estos últimos años cuyo presupuesto de AOD, ha pasado de más de 14 millones de euros en 2008 a 3,2 millones de euros en 2012.

“Pero eso no depende de nosotros, que continuemos siendo un país prioritario, un país pequeño que precisamos de ayuda solo depende de la soberanía española”, se lamentaba el ministro para luego recular y asentir que la “mala” praxis del Gobierno influye a la hora de recibir apoyos internacionales. Reconoce que aún tienen que trabajar por un buen gobierno para incentivar la ayuda de los países donantes.

Por su parte, Miguel de Barros achaca que “faltan muchas cosas”, especialmente en los estados frágiles y sin recursos financieros como este donde “es difícil imponer una visión estratégica” de acuerdo a los intereses internos. “Todo ello genera dependencia e incapacidad de hacer valer una visión desde dentro”, explica incidiendo en el necesario cambio de paradigma “hacer para” en lugar de “hacer con”.

Ciudadanía implicada

Ciudadanía implicadaMientras, la población guinense más crítica está cansada de sentirse guiada por las políticas extranjeras sin que estas velen por sus prioridades. Sin rechazar la Ayuda Oficial al Desarrollo, lo que desean es que la gestione la propia ciudadanía organizada, quien está convencida de ser la protagonista de los cambios. Quieren implicarse en los procesos de transformación para el bien de sus comunidades, aunque saben que para eso el país debe mudar de fondo porque “el financiamiento por sí solo no asegura el fin de los problemas”, comentaba Spencer Embalo en un almuerzo con compañeras y compañeros del Movimiento Acción Ciudadana (MAC).

Una de las personas expatriadas de la ONG Ayuda, Intercambio y Desarrollo (AIDA), que trabaja desde hace cerca de cinco años en el Hospital Simão Mendes de Bissau cree que desde abril de 2012 “la cosa ha ido a peor” y destaca que el gobierno en transición es notable a la hora de abordar las tareas diarias, ya que “todo cuesta más y va muy lento”.

La falta de medios y de previsión a largo plazo con la que se ha gestionado en el último año y medio, en especial en el ámbito sanitario, hace que “más que proyectos de desarrollo lo que hagamos sea asistencia puntual”, lamenta.

“Si acaba la financiación, acaba el proyecto”, dice Braulio, dando pie a la importancia de seguir apoyando el desarrollo humano sostenible de este pequeño país africano. Porque, como siempre, quien paga estas situaciones es el pueblo guinense, indignado, a su vez, por no poder controlar nada.

Con tal retroceso tanto por parte del Gobierno en transición de Guinea-Bissau como de las políticas de cooperación internacional no se avista una próxima mejoría. “Ni aunque salga un gobierno democrático” en las próxima cita electoral prevista para abril, intuía Luis Bolea con gesto preocupante, ante la previsión de no otear cambios ni en las estructuras internas del país ni en las políticas externas a este.