El modelo de acogida de menores migrantes, en la lista de reformas del futuro gobierno

Si un menor migrante llega solo a España, recibirá una atención u otra en función de la comunidad autónoma donde se encuentre. Si está en Madrid, el niño o la niña será derivado de urgencia al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, donde permanecerá anclado durante meses y corre el riesgo de dormir en un colchón en el suelo. Si el adolescente es acogido en Euskadi, será asistido de una manera más personalizada, algo casi impensable en Melilla donde alrededor de un centenar de chavales extranjeros viven en la calle en su intento de escapar a otras regiones de España para encontrar mejores condiciones de acogida.

Con el objetivo de estandarizar la respuesta de la Administración a los niños tutelados, el Gobierno está trabajando en la creación de un “nuevo modelo” de acogida, al que se había comprometido hace más de un año la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón. El grupo de trabajo del Observatorio de la Infancia ha elaborado una propuesta, adelantada este lunes por la Cadena SER, por la que el Ejecutivo central pasaría a gestionar la atención de los adolescentes migrantes durante sus primeras semanas en España, antes de derivarlos a las comunidades autónomas.

La materialización de este plan, que se encuentra en una fase muy preliminar, supondría un cambio destacable con respecto al modo en que los menores son atendidos en España, por lo que sería necesaria la modificación de la Ley de Extranjería. En la actualidad, la competencia de la acogida de los menores extranjeros no acompañados recae de manera íntegra en las comunidades autónomas, del mismo modo que en el caso de los chavales tutelados de nacionalidad española.

El borrador, según los detalles expuestos por Cadena Ser, apuesta por la creación de una red de centros de primera acogida dependientes de la Administración General del Estado; el impulso de un derivación de los menores migrantes para distribuirlos de forma equitativa entre las comunidades autónomas; y la modificación del proceso de determinación de la edad, el establecimiento de “criterios comunes de plazos y pruebas médicas” en todas las comunidades autónomas“. Además, el Ejecutivo apuesta por la promoción del acogimiento familiar de estos chavales.

Cuando un niño o niña extranjero es localizado en España sin la compañía de referentes familiares, debe ser identificado por la Policía Nacional y trasladado a los servicios de protección del menor de la región donde se encuentre. En caso de existir alguna duda con respecto a su minoría de edad, las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden solicitar a la Fiscalía su determinación a través de una serie de pruebas médicas, cuestionadas por las ONG debido a su amplio margen de error. A partir de este punto del proceso, la atención ofrecida a los menores migrantes carece de patrones comunes.

La “arbitrariedad” actual

Unicef, agencia de la ONU que forma parte del Observatorio de la Infancia, ha documentado en un estudio publicado en febrero la “arbitrariedad” detectada en la atención ofrecida a los menores migrantes no acompañados. La descentralización de las competencias, sumada a la saturación de los recursos de acogida, la falta de estándares mínimos comunes y mecanismos de coordinación provocan que el bienestar del menor dependa del centro en el que se encuentra, según la investigación.

Aunque el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destaca como un “elemento positivo” la descentralización del sistema de protección resaltaba la “necesidad de una política integral y coordinada por todos los niveles de gobierno” con la finalidad de asegurar estándares comunes en todo el territorio. Según su análisis, la inexistencia de un plan coordinado a nivel estatal acaba convirtiendo el sistema en “un inconveniente” para los niños y niñas migrantes.

“La llegada y presencia de la infancia migrante no acompañada representa una realidad que excede el marco territorial de una Comunidad Autónoma o incluso de un país”, advertía entonces Unicef. “Se evidencia una insuficiencia y debilidad de los mecanismos que faciliten la articulación de diferentes niveles”, como puede ser entre las autonomías, y entre éstas y el Estado, desarrollaba el organismo de la ONU.

“Es necesario que exista un procedimiento con estándares mínimos de trato y pautas de procedimiento para atenderlos, que sean comunes en todo el territorio nacional”, sostiene Carmen Molina, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef. Para ello, apunta, desde el Fondo recomendaron al gobierno la creación de un mecanismo nacional de derivación. “Hay muchas comunidades con el sistema de protección colapsado y otras no”, añade Molina, quien destaca el caso de Euskadi por sus “buenas prácticas” en la atención personalizada a los menores tutelados, pues, a pesar de ser una de las comunidades con mayor número de niños migrantes solos, “invierte más recursos” en su acogida.

Mecanismo de distribución entre comunidades

El plan del Gobierno pasa por la creación de un sistema de reparto de los menores que migran solos a España, con el objetivo de que no sean unas pocas comunidades autónomas quienes reciban a la mayoría de niños extranjeros.

Durante el 2018, más de 6.000 niños o adolescentes llegaron solos a las costas españolas en patera, un 160% con respecto al año anterior. El verano de aquel año, el Gobierno ya impulsó un sistema de reparto “solidario” para evitar la desequilibrada distribución de la acogida de menores migrantes en el territorio español. No obstante, su intento se quedó en cifras simbólicas. Los Gobiernos regionales solo movilizaron un total de 199 plazas.

Según el registro del Ministerio del Interior, en julio de este año la comunidad autónoma que más niños extranjeros solos acoge es Andalucía, con más de 5.000; seguida de Catalunya, (2.254), Melilla (1.145) o Euskadi (802). En el otro extremo, La Rioja ha recibido solo a cinco niños extranjeros; Extremadura a 34; e Islas Baleares a 49 chavales. La falta de distribución en la totalidad del territorio español, sumado a la escasez de recursos destinados a este fin, ha derivado en la saturación de centros de menores andaluces o de las ciudades autónomas fronterizas con Marruecos, donde las ONG han denunciado el hacinamiento al que son sometidos.

Las cifras “inexactas”

Sin embargo, las cifras oficiales aportadas por Interior también han sido puestas en duda desde el mismo Gobierno, numerosas ONG especializadas, y el Defensor del Pueblo. Según esta última institución, el registro realizado por el Ministerio del Interior a través de la información aportada por las comunidades autónomas presenta “deficiencias” pues, mientras algunos niños no son identidicados, otros se pueden llegar a incluirse en el listado en varias ocasiones.

“Un niño que está en Andalucía se registra de una manera, llega a Madrid y se registra de otra”, han explicado desde el Defensor del Pueblo. En este sentido, el Observatorio del a Infancia ha incluido entre las propuestas para el futuro nuevo modelo un registro unificado que mejore las deficiencias actuales.

Las pruebas de determinación de la edad

Otro de los puntos donde el Gobierno ha fijado la mirada es en el proceso de determinación de la edad, uno de los aspectos más cuestionados por las organizaciones especializadas. El Ejecutivo quiere, según el borrador de la propuesta, homogeneizar los plazos y el tipo de pruebas médicas aplicadas en le confirmación de la minoría de edad de los adolescentes migrantes. No ha aportado detalles sobre cómo pretende abordarlo.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha condenado en varias ocasiones a España por las irregularidades identificadas en el uso de estas pruebas, llevadas a cabo incluso cuando los niños cuentan con documentación que confirma su minoría de edad. El Tribunal Supremo ha concluido en varias sentencias que los menores con pasaporte no pueden ser considerados indocumentados.

En todo caso, la propuesta del Gobierno para modificar el sistema de acogida de los niños migrantes se encuentra en una fase preliminar, han aclarado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estas fuentes aseguran que el documento pasará a ser debatido en el Pleno del Observatorio de la Infancia, formado por representantes de distintos ministerios, comunidades autónomas y organizaciones sociales. Posteriormente, el borrador será remitido a los gobiernos autonómicos, para “abordar la concreción de cada uno de esos elementos”.

Aunque el Ministerio de Sanidad ha confirmado la información a eldiario.es, evita aclarar si el cambio de sistema afectará solo a los niños de origen extranjero o se aplicará en el caso de todos los menores tutelados, independientemente de su nacionalidad. “Llamemos a las cosas por su nombre, que la infancia migrante vaya por otro sistema de protección #EsRacismo”, ha criticado la Red Española de Inmigración.