En el sistema de acogida infantil de Reino Unido hay miles de hijos de ciudadanos de la Unión Europea (UE) que podrían convertirse en adultos “indocumentados”. Según la ONG Children’s Society, no tendrían derecho a trabajar, a alquilar una vivienda o a recibir prestaciones.
La Children's Society ha descubierto que solo se han presentado solicitudes de permanencia en el país tras el Brexit para el 39% de los niños acogidos, o de los jóvenes adultos que abandonaron recientemente el sistema de acogida. La ONG lo ha calificado de “inaceptable” y está instando a los ayuntamientos de todo Reino Unido a ponerse urgentemente a identificar a los ciudadanos de la UE bajo su tutela.
Faltan solo tres meses para que expire el plazo en el que pueden solicitar el estatus de residente y la ONG teme que muchos jóvenes vulnerables se encuentren viviendo en Reino Unido de forma ilegal sin saberlo. Según las nuevas leyes de inmigración podrían perder el derecho a trabajar, a solicitar asistencia económica al gobierno, a alquilar una vivienda, a tener una cuenta bancaria o a acceder a la educación superior. Incluso podrían ser deportados.
La ONG está pidiendo al Ministerio de Interior que acepte solicitudes fuera de plazo y proteja el estatus para el caso de los niños tutelados y de los que han abandonado el sistema de asistencia. “Estamos muy preocupados, no solo porque aún no se han presentado solicitudes para tantos niños, sino porque nadie parece saber exactamente cuántos niños podrían estar afectados”, dice el director de Children's Society, Mark Russell. Según Russell, la responsabilidad de identificar a todos los niños y jóvenes que necesitan solicitar la permanencia, y de asegurarse que la piden a tiempo, recae en los ayuntamientos y en el Ministerio de Interior.
Los niños en el sistema de acogida “ya se han enfrentado a adversidades enormes en sus vidas”, subrayan en la ONG. Ser acogido es “a menudo muy traumático”, explican, y “si se quedan sin papeles podrían tener más años de trauma y de angustia esperándolos”.
Trámites complicados y poca ayuda por parte de las autoridades
Según Marieke Widmann, responsable del departamento de políticas y prácticas legales de la Children’s Society, aunque el Ministerio de Interior seguramente hable de las millones de personas que sí han solicitado el estatus de residente a tiempo, “no es algo sencillo para todos”. “Los casos y solicitudes de los niños en el régimen de acogida y de los que han dejado de hacerlo suelen ser complicados, y en el caso de los niños que se encuentran en régimen de acogida, dependen de su trabajador social o de su tutor legal para la solicitud”, dice. “Se supone que los niños que abandonan la tutela deben ser apoyados por el ayuntamiento para asegurarse de que presentan la solicitud”.
La situación se complica cuando las autoridades locales no tienen todos los documentos que hacen falta para la solicitud, como el pasaporte o como las pruebas de residencia en el Reino Unido. “Conseguir estos documentos puede ser muy difícil, especialmente cuando han quedado bajo tutela institucional debido a circunstancias familiares difíciles, como abandonos o abusos”, dice. El cierre y la reducción de las oficinas de embajadas suele agravar el problema.
Ningún menor debería estar indocumentado, dice Russell, “pero parece que miles de niños de la UE, supuestamente bajo el cuidado de las autoridades locales, podrían enfrentar muy pronto este abismo y eso es simplemente inaceptable”. Según una investigación realizada en 2019 por el Centro Legal para Niños Coram, estos niños vulnerables corren el riesgo de convertirse en una nueva “generación Windrush” [en referencia a los inmigrantes del Caribe cuyos derechos como residentes en el Reino Unido fueron puestos en cuestión a pesar de haber llegado, a finales de los años cuarenta, por invitación del gobierno británico para la reconstrucción de la postguerra].
En una encuesta que el Ministerio de Interior llevó a cabo entre julio y noviembre de 2020 se identificó a 3.300 niños que formaban parte del sistema de acogida o lo habían abandonado recientemente y podían solicitar el estatus de residencia permanente para ciudadanos de la Unión Europea, unos 300 menos que el número registrado en la última investigación de la Children’s Society.
En ayuntamientos responsables de 3.690 niños solo se habían presentado 1.426 solicitudes
El tutor legal de un niño en acogida, o el trabajador social del ayuntamiento correspondiente, debe solicitar por él la inclusión en el plan de asentamiento para ciudadanos de la UE (EUSS, por sus siglas en inglés). En el caso de los menores de 25 años que han abandonado el sistema de acogida, las autoridades locales deben darles asistencia práctica, avisarles y orientarles para que presenten su solicitud. Según la Children's Society, no es lo que está ocurriendo. Los avances en el último año han sido lentos y sigue habiendo dudas en torno al número de niños que deben presentar la solicitud.
Amparándose en la ley que garantiza el acceso a la información pública, la ONG ha podido saber que en ayuntamientos responsables de 3.690 niños solo se habían presentado 1.426 solicitudes. En el momento en que se publicó la información, poco más de 1.000 peticiones habían sido tramitadas: 838 niños habían obtenido el estatus de asentados (concedido a los que llevan como mínimo cinco años en Reino Unido) y 189 habían obtenido el “estatus de pre-asentados” (para los que llevan menos de cinco años en el país). La Children's Society ha considerado “dudoso” que se hubiera identificado a todos los niños bajo tutela y a todos los jóvenes que habían abandonado el sistema de acogida.
Según el ministro de Inmigración y Fronteras, Kevin Foster, el gobierno está “comprometido en garantizar que obtengan el estatus de residencia todos los niños y todas las personas que han abandonado el sistema de acogida y que reúnen los requisitos necesarios”. También ha dicho que estaba trabajando estrechamente con las ONGs y las autoridades locales, y que se había puesto en contacto con la Asociación de Directores de Servicios para la Infancia.
“Ahora mismo nuestro objetivo es incentivar que presenten las solicitudes antes de la fecha límite del 30 de junio, pero pronto publicaremos una guía con motivos razonables para aceptar solicitudes fuera de plazo”, dice. “Incluirá a los niños en régimen de tutela y a los que hayan abandonado el sistema de acogida en los casos en que las autoridades locales o los padres o tutores no los hayan solicitado”.
Traducido por Francisco de Zárate