“La política de devoluciones en caliente de España contribuyó a la muerte de migrantes en sus fronteras terrestres y marítimas”. Así de contundente arranca el apartado sobre España del informe anual de Human Rigths Watch (HRW), referido a 2022 y publicado este jueves, que presta atención a la tragedia del pasado 24 de junio, con decenas de migrantes muertos cuando intentaban saltar la valla de Melilla.
“En junio, al menos 23 personas murieron en la frontera entre España y Marruecos, en Melilla”, dice el informe, en su apartado sobre Marruecos: “El incidente se produjo cuando unas 2.000 personas –migrantes y solicitantes de asilo, muchos de ellos procedentes de Sudán, Sudán del Sur y Chad– intentaban entrar en España escalando las altas vallas metálicas que rodean Melilla, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África”.
El informe recuerda que “vídeos y fotografías del incidente muestran a las fuerzas de seguridad marroquíes haciendo un uso excesivo de la fuerza, incluidas palizas, y a la Guardia Civil española lanzando gases lacrimógenos contra los hombres que se aferraban a las vallas. Los tribunales marroquíes condenaron a prisión a decenas de migrantes en relación con el incidente de junio por una serie de delitos, entre ellos tráfico de personas, entrada ilegal en Marruecos y violencia contra las fuerzas de seguridad”.
Según la entidad humanitaria, “Estados miembros de la UE, entre ellos Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Polonia y España, siguieron protagonizando devoluciones ilegales y violencia en sus fronteras”.
El informe recuerda que, según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, “al menos 25.389 personas habían llegado de forma irregular por mar a la península y a las Islas Canarias hasta finales de octubre de este año, mientras que 1.720 lo hicieron por tierra”. Y añade: “La falta de rutas seguras y legales siguió causando daños y muertes. Caminando Fronteras, un grupo de defensa de los derechos de los migrantes, calculó que en el primer semestre del año, 978 personas habían muerto en el mar al intentar cruzar en barco desde África a España, y que aproximadamente cuatro de cada cinco de las muertes se produjeron en la ruta del Atlántico”.
En relación a la tragedia del 24 de junio, HRW insiste en que “las imágenes mostraban cómo la policía marroquí golpeaba a las personas que escalaban la valla y cómo la policía española utilizaba gases lacrimógenos y colaboraba con sus homólogos marroquíes para devolver a las personas al otro lado de la frontera. Decenas de inmigrantes y fuerzas policiales de ambos lados de la frontera resultaron heridos. Las autoridades españolas confirmaron posteriormente que habían devuelto sumariamente a las personas a Marruecos. Periodistas de investigación publicaron en noviembre que un migrante había muerto en territorio español y que su cuerpo aún no había sido devuelto a su familia”.
En este sentido, la entidad humanitaria recuerda que ACNUR expresó en mayo pasado su preocupación “por el riesgo de tortura” de un “solicitante de asilo argelino de 32 años que había sido condenado por delitos penales en Argelia”. Preocupación que España desoyó y procedió a su deportación.
También en mayo, dice el informe, “el Defensor del Pueblo recordó a las autoridades que las personas procedentes de Marruecos tenían derecho a solicitar protección internacional en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, del que estaban siendo expulsadas”.
El informe también incluye una sentencia de octubre del Tribunal Constitucional, “en un caso presentado por un hombre marroquí que llegó en patera a las Islas Canarias en noviembre de 2020 y al que las autoridades intentaron deportar al mes siguiente, criticó a la policía por no garantizar el acceso a un abogado de oficio a su llegada. El tribunal también llamó la atención sobre el reiterado incumplimiento por parte de la policía en este caso y en otros de garantizar una adecuada supervisión judicial de la detención migratoria”.
Por otro lado, como recuerda HRW, “a finales de octubre, España había concedido protección temporal a más de 150.000 personas que huían del conflicto en Ucrania”.
Pobreza
En relación con la pobreza, HRW recuerda que, según datos oficiales publicados en junio, “el 27,8% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021”.
Este dato supone un ligero aumento respecto al año anterior, “lo que equivale a 397.000 personas más, según una importante organización no gubernamental de lucha contra la pobreza. Más de la mitad (54 %) de los hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres, estaban en riesgo de pobreza”.
La entidad humanitaria reconoce que “los esfuerzos gubernamentales, incluidos los pagos de subvenciones y prestaciones sociales adicionales, para mitigar el impacto económico de la pandemia de Covid-19 pueden haber contribuido a frenar este aumento, ya que el porcentaje de la población en situación de privación social y material grave disminuyó marginalmente durante este periodo. Sin embargo, los datos oficiales de 2021 mostraron que muchos hogares ya se enfrentaban a un coste de vida cada vez mayor, ya que el porcentaje de hogares con dificultades para pagar la vivienda y la energía aumentó”.
“La pobreza aumentó durante el año al subir la inflación, lo que afectó especialmente los precios de los alimentos y la energía”, prosigue la ONG: “Los desalojos de inquilinos y titulares de hipotecas continuaron, a pesar de la prórroga de una moratoria relacionada con la pandemia para las personas que pudieran demostrar su vulnerabilidad socioeconómica. Miles de personas que viven en un asentamiento informal cerca de Madrid continuaron sin electricidad por tercer año consecutivo”.
Violencia de género
En su informe, HRW analiza “la tan esperada legislación sobre violación y consentimiento sexual”. Y afirma: “La nueva 'ley de solo el sí es sí' aclara que el consentimiento no puede deducirse de la pasividad, el silencio o por defecto, e intenta cerrar una laguna en la que la violación de menores podía juzgarse como un delito menor de 'abuso sexual' cuando no se probaban la violencia y la intimidación. Los activistas expresaron su preocupación por el hecho de que cierta reclasificación de delitos, en virtud de la nueva ley, disminuya las penas mínimas para algunos delitos sexuales, lo que también puede tener efectos retroactivos”.
La organización no gubernamental recupera cifras oficiales que muestran que “las denuncias ante las autoridades por violencia de género aumentaron durante el año anterior y los primeros cuatro meses de 2022. Las cifras también mostraban que las autoridades judiciales utilizaban a partir de 2021 nuevos poderes para suspender el derecho de visita en casos de sospecha de violencia doméstica”.
Sanidad
HRW recuerda que la CEDAW de la ONU sostuvo en julio que “las autoridades sanitarias españolas habían violado en 2012 los derechos de una mujer conocida como N.A.E. al obligarla a someterse a una inducción prematura del parto y a una cesárea sin su consentimiento, sometiéndola así a violencia obstétrica. El comité recomendó que el Estado reparara a NAE, garantizara un mejor enfoque del consentimiento libre, previo e informado en el contexto de la salud reproductiva, y un mayor respeto por los derechos de los pacientes al tramitar las denuncias en el sistema judicial. En mayo, el gobierno anunció un proyecto de ley que permitiría a las trabajadoras disfrutar de tres días de baja remunerada al mes por dolores menstruales intensos y proponía eliminar el periodo de espera de tres días para acceder al aborto y el requisito de los padres para que las jóvenes de 16 y 17 años pudieran acceder a él”.
En el informe también se recoge el espionaje ilegal con software de seguimiento, como Pegasus; así como un informe de marzo, “elaborado por dos organizaciones no gubernamentales y financiado por el Ministerio de Igualdad, que documentaba una discriminación generalizada por parte de agentes inmobiliarios y arrendadores privados basada en el origen racial, étnico o nacional. El mismo informe también reveló que las personas de origen racial o étnico minoritario constituían el 90 % de los habitantes de los asentamientos informales”.