Por tercera vez y un mes después de procesar a 16 guardias civiles, el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha archivado este miércoles la causa del Tarajal “exclusivamente por aplicación de la 'Doctrina Botín”. A pesar de detectar “la presencia de indicios de delito” en la actuación de los agentes, la jueza se ha aferrado al recurso de la Fiscalía y la falta de personación de acusación particular (las familias de las víctimas) para tirar de la misma argumentación jurídica que libró al banquero Emilio Botín de sentarse en el banquillo hace doce años.
Las trabas con las que se han chocado las familias de dos de las víctimas en la identificación de los cuerpos hallados en Ceuta y la consiguiente denegación de su personación como acusación particular se han convertido en claves de este nuevo giro del procedimiento que investiga la muerte de 14 personas el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada irregular a la ciudad autónoma disuadido por la Guardia Civil con material antidisturbios.
Sin ser de obligado cumplimiento, la doctrina Botín, establecida en 2007 por el Tribunal Supremo, sostiene que la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a un investigado si no acusa también la Fiscalía o la víctima del delito. Y, en este caso, los familiares de los fallecidos, aunque lo han intentado, no han logrado personarse.
Los progenitores de seis de las víctimas solicitaron sin éxito hasta en tres ocasiones su participación en el proceso. De haber encontrado una respuesta positiva por parte del juzgado, la doctrina Botín no podría haberse aplicado.
En octubre de 2014, la abogada de la familia, Patricia Fernández Vicens, registró en el juzgado ceutí una primera solicitud de personación de las familias de seis de las víctimas, residentes en Camerún, acompañada de los poderes notariales originales y fotocopias de los certificados de nacimiento de sus hijos, fallecidos el 6 de febrero en la frontera del Tarajal.
Para formalizar este trámite, los padres de los fallecidos organizados en la asociación Familiares Víctimas del Tarajal acudieron a dependencias consulares de España en Camerún para realizar los poderes notariales que permitiesen ser representados en la causa por la letrada de la organización Coordinadora de Barrios. La primera magistrada encargada del caso, María del Carmen Serván, inadmitió la solicitud, bajo la exigencia de contar con los certificados de nacimiento originales, en vez de fotocopias.
Tiempo después, la abogada de los familiares de las víctimas cumplió con la exigencia de la magistrada. Los progenitores de los fallecidos enviaron a España los certificados de nacimiento originales que acreditaban su vínculo paterno filial con Larios Fotio, Armand Ferdinad Souop Tagne, Aboubakar Oumaru Maiga, Daouda Mahama, Bikai Luc Firmin, Ousmane Hassan, seis de los fallecidos en el intento de entrada. El 17 de febrero de 2015 se entregaron al juzgado los documentos enviados desde Douala, junto a una traducción jurada, según queda registrado en el sumario de la causa.
Las familias de las víctimas volvieron solicitar personarse como acusación particular el 25 de febrero de 2015, pero no recibieron respuesta, asegura Fernández Vicens. En octubre de ese mismo año, llegó el primer archivo de la causa, anulado posteriormente por la Audiencia Provincial de Cádiz. En enero de 2018, el juzgado ceutí decretó un segundo carpetazo, una decisión increpada de nuevo por la instancia superior.
El 24 de septiembre de este año, el juzgado, con una nueva magistrada al frente, dio un giro a los autos concluidos por sus antecesoras. María de la Luz Lozano Gago procesó a 16 agentes, dio por finalizado el proceso de instrucción y enfiló el caso a la apertura de juicio oral con dos tareas pendientes: la personación de las familias como acusación particular y la identificación de cuatro de los cinco cuerpos hallados en España los días posteriores a la tragedia. Entonces, el pasado 1 de octubre, una vez más, los padres y madres de los fallecidos solicitaron de nuevo su participación en el proceso. Querían acusar a los 16 agentes investigados, ante el temor de que acabó por cumplirse: que la Fiscalía no lo hiciese y la magistrada decidiese aplicar la doctrina Botín.
Dos días antes de firmar el auto que daría carpetazo al caso, Lozano Gago respondió a la solicitud de la abogada de las familias de las víctimas. De nuevo, inadmitida. La jueza se aferra a la anterior negativa emitida por el juzgado, que en su momento solicitó los certificados originales. Sin embargo, insisten desde la acusación popular, estos documentos fueron entregados en 2015. Fernández Vicens asegura a eldiario.es que, además de recurrir el archivo de la causa, solicitará de nuevo la personación de las familias, en cuya ausencia basa la jueza el cierre del caso.
Los obstáculos a identificar los cuerpos de sus hijos
Pero algunos de los padres, madres y hermanos de las víctimas se han encontrado otro escollo a lo largo del procedimiento judicial, el que más dolor provoca a las familias afectadas. Cinco años después, de los cinco cadáveres localizados en Ceuta los días posteriores a las muertes del Tarajal, solo uno ha sido identificado por las autoridades españolas. La Guardia Civil puso nombre meses después a Roger Nana, de nacionalidad camerunesa, gracias a un teléfono móvil que guardaba en sus pantalones.
Los otros cuatro cuerpos aún reposan en nichos sin nombre del cementerio ceutí de Santa Catalina, después de ser enterrados poco más de 24 horas después de su hallazgo. Mientras, los ocho cuerpos encontrados en el lado marroquí de la frontera fueron identificados en la morgue de Fndeq (Castillejos) y Mdieq (Rincón) por amigos de las víctimas y por la ONG Caminando Fronteras, a través de fotografías enviadas por sus familiares, según la organización.
Los cuerpos de tras de las víctimas, Larios Fotio, Ousmane Hassan y Samba Banjai, no han sido identificados de manera oficial. La ONG Caminando Fronteras intuye que podrían corresponder a los cadáveres hallados en Ceuta, pero las familias se han topado con constantes obstáculos en su intento someterse a las pruebas de ADN para lograr una confirmación.
La última tentativa se produjo el pasado 28 de agosto. A través de la ONG Coordinadora de Barrios, las madres de Larios Fotio y de Ousmane Hassane pidieron al juzgado que solicitase de oficio al Consulado General de España en Yaounde (Camerún) la realización de las pruebas de ADN para poder ser cotejadas con las muestras de los cuerpos sin identificar localizados en Ceuta, registradas en la base datos FENIX. La magistrada Lozano Gago también inadmitió la diligencia de investigación pericial. Para la jueza, la identificación de los cuerpos “tan solo” podía “conducir a una dilación indebida del procedimiento”, y matiza que “nada impide” que puedan solicitar su práctica en la fase de juicio oral.
Desde el mismo 6 de febrero de 2014 empezaron las complicaciones en relación a la identificación de los cuerpos. Aquella mañana la Guardia Civil halló al menos tres cuerpos en aguas fronterizas entre España y Marruecos. “En la esquina del espigón hay dos cadáveres. Vamos a proceder a sacarlos”, anunció un miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil a través de las comunicaciones radiofónicas. Pocos segundos después, la voz de un superior, el mando del operativo, lanzó la orden contraria: “Eso está en Marruecos. Lo hacen ellos”.
Los agentes españoles se encontraban a tan solo unos metros de ellos, pero la Guardia Civil abandonó los dos cuerpos en el mar. El de Larios, el de Oussman, el de Samba. O ninguno de ellos.
Aquel día España se desentendió de esos dos cadáveres, pero Marruecos nunca los recogió. Los cuerpos sin vida deambularon durante días por las aguas fronterizas, hasta que se acercaron demasiado. Durante los días posteriores, fueron apareciendo en la orilla ceutí. Ya presentaban un importante grado de descomposición, por lo que su identificación a través de fotografías pasó a ser imposible. Todos fueron enterrados poco más de 24 horas después de su localización.