Igualdad plantea recopilar datos étnico-raciales en las estadísticas oficiales: “Necesitamos información para combatir el racismo”

El Ministerio de Igualdad quiere combatir el racismo pero, en su intento de desarrollar políticas públicas para acabar con la discriminación, dice chocarse con un obstáculo: la escasez de datos. La falta de estadísticas o estudios oficiales desglosados por etnia o raza en España impide medir con cifras la desigualdad sufrida por la población racializada, por lo que el departamento de Irene Montero plantea la introducción de una pregunta, de respuesta voluntaria y anónima, sobre el origen étnico/racial en las encuestas oficiales.

En España, no es posible saber si, por ejemplo, la población afrodescendiente ha sufrido con mayor intensidad los estragos de la pandemia, como ha ocurrido en Estados Unidos. Tampoco se puede confirmar con datos oficiales si los ciudadanos de rasgos magrebíes son discriminados en los controles policiales, ni si una mujer gitana tiene menos posibilidades de acceder a una vivienda que una paya, a pesar de que decenas de testimonios e informes de organizaciones de derechos humanos denuncian estas realidades. La falta de cifras dificulta, a su vez, impulsar políticas eficaces para luchar contra situaciones racistas como estas.

“Necesitamos un diagnóstico más preciso, más estadísticas y encuestas cuyos datos se recojan con principios de voluntariedad, anonimato, protección de la privacidad y autoidentificación, para obtener un análisis más detallado del grado de acceso de estos colectivos a los derechos económicos y sociales”, ha declarado la ministra durante las jornadas organizadas en el marco de la Semana Antirracista. “Para combatir la discriminación estructural que sufrimos los afrodescendientes y africanos en España necesitamos información. Necesitamos datos”, ha dicho también recientemente Rita Bosaho, directora general para la Diversidad Étnico-Racial.

Con esta finalidad, la institución que lidera ha abierto un debate “sosegado” sobre la recopilación de datos étnico-raciales -delicada por los usos discriminatorios del pasado- con los principales colectivos antirracistas de España. Según confirman fuentes oficiales, el Consejo para la Discriminación Racial o Étnica y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano han creado grupos de trabajo al respecto para estudiar la opinión que tienen las comunidades afectadas por el racismo sobre la posibilidad de introducir una pregunta al respecto en las estadísticas oficiales, como recomienda las Naciones Unidas. La institución liderada por Rita Bosaho también está manteniendo decenas de reuniones con otras asociaciones de ciudadanos racializados que no se encuentran representadas en ambos consejos. 

Los miedos históricos generados entre minorías ante la recolección de este tipo de información por parte de las instituciones, ya sea en estadísticas oficiales o en censos, empuja al Ministerio a realizar una “consulta pública y prolongada en el tiempo” con las comunidades afectadas, con el objetivo de que estas formen parte del desarrollo de la iniciativa. “No se quiere imponer. No tenemos prisa. Tenemos que tener el consenso de las comunidades para empezar a recopilar estos datos y establecer con ellas cómo hacerlo”, sostienen fuentes de la Dirección General.  

Para analizar si la legislación nacional permite la introducción de una pregunta con este enfoque -cuya redacción también sería consensuada con las comunidades afectadas- en las encuestas oficiales, el Ministerio ya ha mantenido reuniones tanto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) como con la Agencia Española de Protección de Datos. “No tenían ningún problema. El marco normativo lo permite siempre que sea una pregunta de respuesta voluntaria y anónima”, dicen fuentes de la Dirección General para la Discriminación Racial o Étnica. 

Los temores históricos

Aunque el equipo de Bosaho lleva meses trabajando en ello, el debate se ha abierto de forma pública la semana pasada. El Ministerio dedicó una de las sesiones organizadas en las jornadas de la 'Semana Antirracista' a discutir sobre la conveniencia de introducir, de forma estructurada, una pregunta sobre el origen étnico-racial en estadísticas, estudios o encuestas en España. En general, los expertos convocados compartieron la necesidad de obtener esta información como herramienta para reducir la discriminación, sin embargo, varios advirtieron de las reticencias y el miedo que siempre ha despertado en algunas comunidades la recolección de estos datos, debido a la vinculación histórica del uso de censos desglosados por raza/etnia con intentos de exterminio, como en el caso del pueblo gitano en España.

“Esas reticencias no son infundadas, tienen una base real que hay que entender. La historia del pueblo gitano en España es desconocida por los payos, pero acumula más de 250 leyes represivas. Hay que promover esta historia para entender los miedos que vamos a tener que afrontar [para impulsar la recolección de estos datos]”, alertó la abogada Pastora Filigrana, quien considera que esta medida “necesitará un trabajo de pedagogía” que debe tener en cuenta el pasado de discriminación sufrida por el pueblo gitano: “Siempre que empezaron esas normativas, lo hicieron con una cuestión de estadística previa. Habrá que explicar una y otra vez que no hablamos de un censo de gitanos y gitanas, y esmerarse en poner todas las garantías sobre la mesa”.

La letrada recuerda la reacción generada entre parte del pueblo gitano de Andalucía cuando la Junta puso en marcha del plan integral para la inclusión 2017-2020, que incluía la recolección de datos étnicos en estadísticas con el objetivo de combatir la discriminación. Según explica, la iniciativa coincidió en el tiempo con el anuncio del ultraderechista Matteo Salvini, entonces ministro del Interior italiano, sobre la creación de un censo de la población gitana extranjera residente en el país con el objetivo de expulsarla. “Hubo un cisma en Andalucía porque, aunque el gobierno andaluz no hablaba de censo, sino solo de estadísticas, generó mucho miedo”, dijo Filigrana. En esta primera etapa de debate, el Gobierno apuesta por empezar a abordar solo la incorporación de una pregunta en las estadísticas, a sabiendas de que su inclusión para la elaboración del padrón despierta un temor mayor y necesita más tiempo.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), que defiende la recolección de esta información, destaca que la legislación europea contra la discriminación “prohíbe el uso de esos datos para ”perjudicar a los grupos a los que se refiere“. ”Esos datos personales sensibles se encuentran protegidos por normas constitucionales de los estados miembros, la legislación de la UE de protección de datos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE“, aclara María Amor Martín Estévanez, jurista en el departamento de igualdad de la FRA.

A su juicio, estos datos “permiten el desarrollo de políticas públicas basadas en datos fehacientes para tratar la discriminación y la desigualdad, no obstante, ”en comparación con otros datos como el sexo, la edad o la discapacidad, estos datos son escasos“ en muchos estados miembros y algunos países ”evitan deliberadamente este enfoque“. Las estadísticas oficiales en España ofrecen datos basados en el origen nacional, una información que, para la Agencia europea, no es suficiente para combatir la discriminación racial. 

Según varios expertos, ese único enfoque de las estadísticas españolas ahonda en la “extranjerización” de los ciudadanos no blancos. Según una encuesta elaborada por el Ministerio de Igualdad, con una muestra de cerca de 1.300 personas, el 60% de la población afro residente en España no se siente español, a pesar de que el 71% de los entrevistados declaró tener esta nacionalidad.

Recomendaciones internacionales

El debate iniciado por el Ministerio de Igualdad responde a recomendaciones internacionales de la ONU y la Unión Europea. En su visita a España en 2018, el Grupo de Expertos de la de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes recogió decenas de denuncias de discriminación institucional y social en España, a través de organizaciones y testimonios, pero ninguna podía ser analizada de manera estadística debido a la falta de información oficial al respecto. Según concluyó el equipo de especialistas, la inexistencia de datos étnicos “impide encontrar soluciones eficaces contra el racismo y la exclusión social” en España. La ONU recomendó “vivamente” al Gobierno que “recoja, recopile, analice, difunda y publique datos estadísticos fidedignos, desglosados según criterios étnicos, sobre la base de la autoidentificación voluntaria”.

Ya en 2002, la Conferencia Mundial contra el Racismo de las Naciones Unidas, celebrada en Durban, instó a los Estados a obtener esta información para “evaluar periódicamente la situación de los individuos y los grupos que son víctimas de racismo, discriminación racial”. Según su programa de acción, toda la información se debe recoger “con el consentimiento explícito de las víctimas, teniendo en cuenta la forma en que se definan a sí mismos y con las garantías de la intimidad”. La Comisión Europea también urge a los estados miembros a disponer de “datos precisos y comparables” desglosados por origen étnico/racial. “Es esencial para que los responsables políticos y los ciudadanos puedan evaluar la magnitud y la naturaleza de la discriminación sufrida y para diseñar, adaptar, supervisar y evaluar las políticas”, sostiene su Plan de Acción contra el Racismo 2020-2025.

Mientras en Reino Unido la obtención de estos datos es algo habitual, la recolección de información étnico-racial en Europa es “escasa”, según el análisis de la Comisión. En algunos estados comunitarios, como Portugal y Francia, el debate empezó a tomar fuerza el año pasado. El Gobierno luso impulsó en 2017 un proceso de consultas con el objetivo de encontrar un camino para recoger datos étnico-raciales en los censos. El Ejecutivo luso creó un Grupo de Trabajo que recomendó la inclusión de una pregunta voluntaria sobre si el ciudadano es negro, blanco, gitano o tiene rasgos asiáticos. La población respondería a dicha cuestión de manera voluntaria, una fórmula para sortear las limitaciones impuestas por la Constitución del país. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por el instituto estadístico del país para los estudios demográficos de 2021 porque, decía, corría el riesgo de dividir a la sociedad portuguesa.