El viernes, en medio de grandes celebraciones, los países de la ONU respaldaron un acuerdo para luchar contra la pobreza y la desigualdad hasta 2030. Dos meses antes, muchos de ellos, entre los que se encontraban los países ricos, bloquearon un mecanismo para evitar el fraude y la evasión fiscal. Son medidas que reman en direcciones contrarias, como también lo son “promover sociedades pacíficas” y vender armas a actores involucrados en guerras. Los países han tumbado o rebajado algunas de las propuestas más innovadoras de la nueva agenda de desarrollo para los próximos 15 años y algunas de sus políticas nacionales son incoherentes con los compromisos que acuerdan a nivel internacional.
“No pueden lanzar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y paralelamente negar una ruta segura y legal a las personas refugiadas, una vida con dignidad”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en la Cumbre de la ONU para la adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Ante los mandatarios internacionales, el portavoz de la organización señaló sus dudas sobre la coherencia de los países que se comprometieron instantes después a acabar con la pobreza extrema y reducir la desigualdad en el mundo antes de 2030.
Comparten inquietudes en la Plataforma 2015 y más y la Coordinadora Española para ONGD. “La agenda no es algo de lo que estás en contra o a favor, es un ejemplo de las negociaciones y el mejor producto que se podía tener. Pero la agenda hay que apropiársela, interpretarla y ver qué ejemplos pueden defender los derechos de la mayoría”, sostiene Pablo José Martínez Osés, de la Plataforma 2015 y más.
Los 17 objetivos no son imposibles, dicen, pero detectar los puntos débiles, señalarlos, e insistir en la necesidad de “una transparencia y coherencia de políticas” se convierte a partir de ahora en sus prioridades. La nueva meta, “los indicadores que se aprobarán en marzo a nivel mundial” para medir si se cumple o no con la hoja de ruta marcada, dice Marco Gordillo, vocal de Incidencia Política de la Coordinadora ONGD. En aquello que se mida, los países harán mayores esfuerzos.
Estas son algunas de las medidas en las que las organizaciones de la sociedad civil encuentran más contradicciones por parte de los países firmantes de la Agenda 2030.
Rechazo a combatir los paraísos fiscales
A solo dos meses de la aprobación de la Agenda 2030, los países se reunieron en Etiopía en la Cumbre de Financiación de Addis Abeba para decidir cómo pagar el proyecto. Entonces, cayeron algunas de las medidas más importantes, en opinión de Marco Gordillo y Pablo José Martínez Osés. Los países ricos (entre otros) bloquearon la propuesta de los estados empobrecidos y emergentes de crear un organismo independiente para luchar contra el fraude y la evasión fiscal.
“Addis Abeba no innovó nada. Se insistió mucho en la importancia de las fuentes domésticas para el desarrollo de los países, que tiene mucho que ver con los sistemas fiscales. Los sistemas fiscales justos sirven para que haya sociedades más igualitarias. Supondrían erradicar los paraísos fiscales y luchar contra la evasión fiscal. Pero, ¿quiénes no quieren? Luxemburgo (que tiene la presidencia de la UE) y Reino Unido, que viven de los paraísos fiscales. Los negociadores cuentan que esto es así, que su posición era 'esto ni nos lo toquéis”, explica Marco Gordillo, presente en la aprobación de los ODS en Nueva York la semana pasada.
Según los cálculos de Oxfam Intermón, “cada año los países en desarrollo pierden al menos 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes transnacionales, tanto por evasión y elusión fiscal como por los incentivos discrecionales concedidos a algunas grandes empresas”.
La desigualdad, a pesar de los impedimentos iniciales, consiguió hacerse con uno de los 17 objetivos. El número 10 apuesta por “reducir la desigualdad en y entre los países”. Según Martínez Osés, las intenciones de la agenda entran en colisión con el rechazo a luchar contra paraísos fiscales y a hablar de políticas fiscales que afecten, entre otras a “las transacciones económicas”. Es tajante: “La agenda no se va a poder cumplir si no se puede traer el dinero vía impuestos” a los sectores más empobrecidos.
Sostenibilidad VS crecimiento económico
El propio texto de la agenda contiene contradicciones entre sus diferentes apartados, dicen desde la sociedad civil. Recoge el apoyo a pequeños productores, campesinos locales y microempresas. Y también “apunta que hay que promover el sector más dinámico en la economía, el sector privado según dicen, y que hay que favorecer a nivel internacional el libre comercio”, explica Marco Gordillo. El portavoz de la Coordinadora ONGD indica que la dimensión económica ha quedado por encima de la social y la ambiental en la agenda.
Pablo José Martínez Osés elige como ejemplo “los alimentos que recorren miles de kilómetros para estar en nuestra mesa”. “Para competir a nivel global, cada vez tenemos que desregularizar más: hay menos derechos laborales, menos criterios ambientales, etc. Es contradictorio que aparezcan metas de apoyo para que campesinos pobres puedan producir y otras para que los países aumenten sus exportaciones. Es una cosa u otra”, critica.
En 2012, en la Conferencia de Río (en la que se comenzaron a negociar los ODS) se puso en duda la relación entre el crecimiento económico medido mediante el Producto Interior Bruto (PIB) y el desarrollo de las sociedades. “Vimos que habíamos aumentado la riqueza mundial, pero a costa de mayores desigualdades y un deterioro ambiental”, explica Marco Gordillo. Esa visión más crítica ha caído en la agenda final para 2030.
Martínez Osés destaca una de las contradicciones para luchar a favor del Objetivo 2, para acabar con el hambre en el mundo: “La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) propuso una limitación de la especulación en mercados agrícolas, que hace que suba el precio de los alimentos, y se ha caído de la agenda”.
Bloqueo a un enfoque de derechos humanos
La agenda 2030 no ha incluido en sus objetivos un compromiso con los derechos humanos, otra de las grandes faltas para la sociedad civil. “Los ODS no han incluido el enfoque de derechos. Toda persona tiene derecho, por ejemplo, a la sanidad. Por tanto, es una responsabilidad del estado garantizar los derechos”, argumenta Martínez Osés.
Sin embargo, sin esta perspectiva, los compromisos se relajan y se demuestra en el lenguaje. “Vemos que se ha sustituido la palabra 'garantizar' por la de 'promover” en lo relativo a muchos derechos, afirma Gordillo. “En la parte del texto de los objetivos, solo aparecen dos: los derechos laborales y reproductivos, nada más”.
“Promover” sociedades pacíficas y la venta de armas
“No pueden sermonear sobre la paz cuando se es el mayor fabricante de armas del mundo”, dijo en su discurso en la ONU el secretario general de Amnistía Internacional. El Objetivo 16 busca “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible”, algo que no es coherente con las políticas de venta de armas de muchos países, como destaca la ONG.
Washington ha acordado recientemente con el rey saudí la venta de otros 1.000 millones de dólares en armas. Arabia Saudí participa en bombardeos en Siria, facilita armas a grupos yihadistas y ataca Yemen. La coalición que encabeza en su ofensiva contra Yemen se ha cobrado dos tercios de las víctimas civiles del conflicto, según anunció la ONU este martes.
España controla el 3% de la exportación de armas a nivel mundial, según un ranking del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Sus mejores clientes son Australia (24% de sus exportaciones), Noruega (10%) y Arabia Saudí (10%).
Evitar compromisos vinculantes
A rechazar un enfoque de derechos humanos en el texto de la nueva estrategia y la relajación del lenguaje de la agenda final, se suma que la estrategia no es vinculante. Los objetivos no son de obligado cumplimiento, ni hay sanciones a los países que no alcancen las metas, porque así lo han decidido los países firmantes.
Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) –la estrategia en materia de desarrollo desde el año 2000 a 2015– tampoco lo eran y, según admite Gordillo, no había muchas esperanzas de que este punto cambiara. Finalmente, se confirmaron los pronósticos: los estados solo rendirán cuentas ante la opinión pública y en el escaparate internacional cuando se publiquen las evaluaciones de resultados.