Acaba de ser dada de alta tras pasar 23 días aislada en una habitación del Hospital 12 de Octubre de Madrid. A su infección por coronavirus, se suma su enfermedad: síndrome mielodisplasico tipo Arab 2 grado 6, un tipo de cáncer sanguíneo grave que debilita su sistema inmune. María (nombre ficticio) espera su recuperación definitiva de la COVID-19 para poder someterse al trasplante de médula que necesita, mientras teme la llegada de una factura de miles de euros por la atención hospitalaria recibida durante cerca de un mes. “Estoy angustiada. Es difícil vivir el día a día en la incertidumbre de saber qué va a pasar. Me han comunicado que desde el 25 de mayo hasta ahora me están facturando”, lamenta.
La mujer boliviana, en situación irregular desde el año pasado, tiene derecho a la asistencia sanitaria a cargo de fondos públicos en base a lo establecido por el Real Decreto con el que el Gobierno pretendía recuperar en 2018 la sanidad universal en España. Pero el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha cancelado su acceso al sistema, según le ha informado el Hospital 12 de Octubre y ha confirmado su centro de salud: “Si ahora está ingresada, todo eso se lo van a cobrar”, le ha advertido el personal administrativo de Los Cármenes en un conversación escuchada por este medio. Desde la Comunidad de Madrid rechazan dar información concreta sobre este caso apelando a la Ley de Protección de Datos y aseguran que, al existir una reclamación de la paciente, esperarán “a las resoluciones de estos informes”.
A María los médicos le insisten en que, a la mínima décima, al mínimo malestar, debe acudir a emergencias del hospital. Cuando el pasado 7 de septiembre fue al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid con un poco de fiebre, no pensó que se encontraría con problemas de acceso a la sanidad pública. La mujer, después de numerosas trabas burocráticas, había obtenido en diciembre de 2019 el “código DAR”, la vía creada por el Servicio Madrileño de Salud para introducir en su sistema informático los datos de aquellos pacientes que se encuentran en situación irregular en España, el trámite interno que permite a estas personas acceder a la asistencia sanitaria normalizada.
Antes de ser ingresada, el personal administrativo le comunicó la frase que estaría rondándole la cabeza durante 23 días de ingreso: “Saltó el código rojo. Me dijeron: acude a tu centro de salud porque desde el 25 de mayo tienes de baja el DAR. Desde ese día te van a facturar”, relata María a elDiario.es por teléfono, desde la solitaria habitación del 12 de Octubre.
“Se me vino una preocupación grande encima. Estoy intranquila. Tengo miedo de que en cualquier momento no me puedan atender, o que me vayan a facturar. Estoy cansada de recurrir y recurrir”, lamenta la mujer.
Los resultados de la PCR confirmaron sus sospechas: tenía COVID-19. La infección desembocó en una neumonía, a cuyo tratamiento se sumaban las transfusiones periódicas de sangre exigidas para tratar el cáncer que padece. Entre las pruebas, la medicación y la angustia ligada a su enfermedad, sin fuerzas para llamar al centro de salud para pedir explicaciones, pidió apoyo una vez más a la red de activistas Yo Sí Sanidad Universal, que la acompaña desde que comenzaron los obstáculos a su acceso a la atención, hace casi un año.
La conversación mantenida entre un miembro del colectivo y el personal administrativo, transcrita de forma textual a continuación, no solucionó su situación.
—Se lo van a rechazar. La asistencia sanitaria la van a tener que pagar.
—Pero si lleva un año en España—le indica la activista de Yo Sí
—Por eso, precisamente. Porque lleva un año. Si llevase menos de un año, tendría asistencia sanitaria. Llevando mas de un año tiene que ir al INSS para que le digan el tipo de asistencia sanitaria. Y eso… es pagando. Si ahora está ingresada, todo eso se lo van a cobrar.
La respuesta que da el administrativo no encaja con los requisitos establecidos por la normativa nacional para acceder a la sanidad. María, quien ya había residido en España de manera regular durante siete años, regresó al país en 2019.
Según el Real Decreto 7/2018, las personas con residencia irregular en España tienen derecho a la sanidad a cargo de fondos públicos siempre que acrediten vivir en el país más de tres meses; o bien, presentar un informe de los servicios sociales que acredite su residencia en el país y su falta de recursos económicos. La denegación de su asistencia médica gratuita también contradice las exigencias marcadas (al menos de forma pública) por la Comunidad de Madrid, responsable de fijar el procedimiento de acceso para estas personas: haber entrado en suelo español hace más de tres meses, estar empadronado en la ciudad desde hace más de tres meses y presentar el pasaporte.
Tras varias negativas posteriores, María ha registrado una reclamación dirigida al director del centro de salud Los Cármenes (Madrid). “En estos momentos, no cuento con cobertura sanitaria con cargo a fondos públicos ni para mi diagnóstico principal ni para el diagnóstico de COVID-19, a pesar de que mi situación administrativa no ha cambiado, y no se me ha informado de que hayan cambiado los requisitos para contar con el alta DAR”, expone en el documento. El escrito recopila los tres episodios en los que el Servicio Madrileño de Salud le ha denegado su acceso a la asistencia sanitaria gratuita, impidiendo su alta DAR o cancelándola sin previo aviso.
“En ningún momento de los que he preguntado (u otras personas han preguntado) en el Centro de Salud Los Cármenes acerca del alta DAR, se me ha informado de cuáles son los criterios de caducidad de dicho alta ni tampoco de las posibilidades de renovarla si es que esta caduca, o de obtener la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos que la ley 7/2018 reconoce para las personas en mi situación”.
Desde la Comunidad de Madrid, aunque rechazan dar detalles concretos por la Ley de Protección de datos, sí apuntan algunas de las razones por las que el Servicio de Salud madrileño ha denegado el acceso a la sanidad gratuita a María: “En los diferentes períodos ha podido haber movimientos de los pacientes fuera del país, por lo que cambiaría su situación de residencia”, detallan en referencia a la paciente boliviana, quien perdió su residencia tras regresar a su país hace años.
Las barreras burocráticas impuestas por la Comunidad de Madrid a la asistencia sanitaria normalizada de las personas sin papeles son constantes y no han cesado durante la pandemia, según aseguran desde organizaciones especializadas. “Desde la ley sanitaria del PSOE, el SERMAS ha utilizado todos los huecos de la ley, que eran muchos, y lo están aplicando más allá. Ocurre con los requisitos exigidos para introducirles en el sistema son muy arbitrarios y parecen depender del centro de salud que te corresponda”, explica Marta Pérez, de Yo Sí Sanidad Universal. A ello se suma que, cuando los pacientes sin papeles consiguen zanjar este trámite, de pronto un día se encuentran, como María, que se les ha dado de baja en el sistema.
“Periódicamente les dan de baja. Hemos preguntado por los criterios claros pero nunca nos los dan por escrito. Solo de forma oral y en función del centro nos han comunicado requisitos diferentes”, sostiene Pérez. “Es claro que existe inseguridad jurídica, pues no hay posibilidad de conocer cuáles son los criterios, ni las normas, que se tienen que cuenta en las actuaciones de las que soy objeto en el Centro de Salud Los Cármenes”, indica María en su reclamación.
“Parece que hay una norma no escrita por la que la Comunidad da de baja a las personas en situación irregular al año de darlas de alta”, explica Cristina Hernández, técnica de Médicos del Mundo en Madrid. “Les dan de baja de repente, y no les avisan de ninguna manera. Les piden que presenten de nuevo el empadronamiento, con las complicaciones que conlleva en plena pandemia”.
Este trámite afecta de forma importante a los pacientes con enfermedades crónicas. “Interrumpen su acceso normalizado a la sanidad, interrumpe su acceso a la medicación, e interrumpe todos los tratamientos que tenga”, añade. La ONG ha detectado en lo que va de año 247 casos de exclusión sanitaria en la Comunidad.
La Consejería de Sanidad rehusó contestar a las preguntas de elDiario.es sobre los criterios internos que rigen las altas o bajas del sistema informático a las personas en situación irregular (a través de los DAR).
María, sin embargo, ni tan siquiera cumpliría ese “criterio no escrito”, pues aún no cumple un año desde que consiguió por primera vez su acceso a la asistencia sanitaria.
La primera vez que María solicitó el alta DAR fue el 30 de octubre de 2019, un mes después de su llegada a España y pocos días después de recibir su diagnóstico de cáncer. En su centro de salud, se le denegó de palabra, recoge su queja. La mujer boliviana rememora aquel día en que entró a su ambulatorio para pedir ayuda. Se acercó al mostrador, dice, con “cierto temor”.
Algo la tranquilizó. “Cuando vi que las señoras de Administración llevaban un lazo rosa pensé: 'Yo creo que me va a ir bien porque están contra el cáncer”, recuerda María. “No fue así. Nunca olvidaré esos ojos. No le importaba cuál era mi enfermedad. Me dijo que estábamos acostumbrados nosotros a venir a curarnos nuestras enfermedades a costa de los bolsillos de los españoles y los que aportaban a la seguridad social y, luego, volvemos a continuar con nuestra vida como si nada hubiese pasado. Nunca me olvidaré de sus palabras. Solo quería llorar”, cuenta. Le preguntó por la oficina de la trabajadora social, para solicitar un informe médico. “‘No puedo darte cita, porque no estás registrada en este centro de salud’, me dijo”.
En aquel momento, María también cumplía con los requisitos. Solo llevaba un mes en España, aún no cumplía con los tres meses exigidos para dejar de ser considerada como “turista” y ser reconocida como residente en situación irregular, pero llevaba consigo un informe de los servicios sociales del Hospital Gómez Ulla que solicitaba su alta, como ordena la normativa sanitaria. No fue suficiente. Días después, recibió una factura por valor de 1.728 euros, a la que ha accedido este medio.
Con el apoyo de Yo Sí, la boliviana interpuso entonces su primera reclamación, a la que también ha accedido este medio. Como resultado, el 27 de diciembre de 2019 se le concedió finalmente el alta DAR en el sistema informático del Sermas“. La factura fue anulada.
“Más tarde, y sin recibir explicaciones al respecto, ese alta se volvió a borrar; así me lo indicaron los médicos del Hospital 12 de Octubre en los primeros días de abril. Tras discutir con las administrativas del centro de salud, se me volvió a dar de alta. Ahora, se me ha vuelto a dar de baja de la misma manera, sin explicaciones ni avisos de ningún tipo, y he conseguido enterarme de que esto ha ocurrido de nuevo por los médicos del Hospital 12 de Octubre”, relata su reclamación, en referencia al último incidente, aún sin resolver.
Cada vez que a María le han dado una negativa le recuerda una promesa que se hizo a sí misma hace años: “No volveré a vivir en España sin papeles”. “Aquí no eres nada ni nadie si no tienes papeles”, dice.
Ésta no era la primera vez que ha residido de forma irregular en este país. Lo hizo de 2004 a 2007, sus primeros tres años en España hasta conseguir regularizar su situación. En ese tiempo, trabajó como empleada doméstica para casi una decena de futbolistas que entonces jugaban en dos equipos profesionales de Madrid, según explica.
En aquel tiempo también sufrió el miedo de ser identificada por la policía de camino al trabajo y tuvo que pasar varias veces por los calabozos de la comisaría de Extranjería por su situación administrativa. “Cada vez que tengo un problemas por los papeles, además del sufrimiento por mi enfermedad, se me abría una herida, una que prometí cerrarla para siempre”, reconoce la paciente.
Cuando consiguió regularizar su situación, trabajó durante siete años como secretaria en un despacho de abogados de Madrid, cotizando a la seguridad social. Por fin había conseguido la estabilidad. Pensaba que faltaba poco para cumplir su plan: obtener la nacionalidad y convalidar su título de fisioterapeuta. Hasta que recibió la llamada que modificó su trayecto.
“Me fui en octubre de 2014 porque mi mamá estaba enferma. Tenía que renovar la residencia y pedir la nacionalidad en abril de 2015, pero me tuve que quedar allá. Mi mamá me dijo: si tú te vas a lo mejor no me encuentras viva. Fue la palabra mágica por la que renunicié a todo lo que había trabajado aquí”, describe.
Después de la muerte de su madre y varios acontecimientos familiares dolorosos, cuenta que decidió visitar a algunos allegados en Alemania y en España. En España pensaba intentar arreglar sus papeles con una abogada.
Cuando estaba en este proceso, explica que su nariz empezó a sangrar de manera repentina y empezó a sentir cierto dolor en las amígdalas. Llegó el diagnóstico, surgió otro cambio de rumbo, volvió la exclusión. “Para mí es muy doloroso estar aquí, sin papeles, enferma sin poder trabajar. No sé si es peor la enfermedad o estar sin papeles”, sentencia María. Cuenta que no puede trabajar y el médico no le recomienda utilizar el transporte público por el riesgo de infección ligado a su enfermedad, por lo que intentan salir adelante con los trabajos puntuales de su marido, quien también se encuentra en situación irregular.
“A veces lo pienso: ya lo tenía. Había conseguido tener los papeles, ser alguien en España. Ahora empiezo de cero, yo no quería. Pero no me arrepiento, disfruté dos años de mi mamá”, añade.
María recuerda una y otra vez esa primera pequeña victoria en la que consiguió anular una factura de más de 6.000 euros por los 17 días que pasó ingresada en el hospital que dio con el diagnóstico que hoy la tiene a la espera de un trasplante. Sabe que tiene derecho. “Está en la ley”, reitera una y otra vez. Se siente arropada por varias organizaciones (la Asociación Española contra el Cáncer y Yo sí Sanidad Universal) y se ve con recursos para anular de nuevo la siguiente factura. Pero piensa en toda la gente con menos herramientas. En esas personas que, al chocarse con las puertas cerradas de la sanidad pública, regresan a sus casas sin asistencia y no vuelven. “Muchos se sentirán obligados a callar, por el miedo o porque se sienten solos en este tipo de situaciones de exclusión de salud por parte de algunos centros. ¿Qué pasará con ellos?”.
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