La muerte de 366 personas en la costa de Lampedusa colocó en primer plano mediático la política europea de migración. Los presidentes de numerosos estados miembro pusieron el grito en el cielo, instaban a la Unión Europea a tomar medidas contra la “vergüenza” escondida en cada una de las muertes fronterizas. En España, políticos de todos los colores se unieron a los lamentos públicos y a la petición de acciones. Llegada la hora de la verdad y a una semana de las elecciones europeas ¿se ha materializado está indignación en propuestas concretas? ¿qué dicen los programas electorales de los partidos españoles sobre inmigración?
Las páginas dedicadas a la inmigración pasan por la falta de concreción de unos, a las baterías de propuestas determinadas de otros, algunas cargadas de buenas intenciones pero sin llevar consigo una aproximación sobre cómo convertirlas en realidad.
PP y PSOE: responsabilidad europea y pocas propuestas
Los dos grandes partidos presentan discursos generales, caracterizados por la falta detalle, y propuestas basadas en la continuidad de las líneas generales actuales sobre las que está basada la política migratoria europea. No exponen críticas, únicamente piden el refuerzo de determinadas medidas europeas como el sistema de control fronterizo impulsado por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de la Unión Europea (Frontex) , la cooperación al desarrollo o el sistema de asilo, sin entrar en especificaciones.
El Partido Popular promete impulsar una “política común europea de inmigración” donde quepa “un compromiso europeo en favor de los países que 'deben soportar una mayor presión migratoria', sobre los que detalla la petición de un aumento del apoyo financiero. Apuesta por una migración ”vinculada al empleo“ y una ”adecuada aplicación de la normativa europea de retorno“.
Insiste en la necesidad de fomentar la cooperación al desarrollo entre la UE y los países de origen y de tránsito. De ser cierta esta promesa, tendría que fomentar la lucha contra la pobreza como representante de un país donde, durante los últimos cuatro años -de los que ha gobernado tres-, la Ayuda Oficial al Desarrollo ha sufrido un recorte acumulado de cerca de un 70% y se ha colocado a la cola de la Unión Europea.
Los 'populares' apuestan por “reforzar” Frontex y el sistema Eurosur, lanzado para aumentar la coordinación entre los países a la hora de controlar las fronteras y para disminuir las tragedias marítimas, objetivo que, por el momento y según reconoció el propio director adjunto de Frontex, no se ha cumplido. El PP asegura que tratará de desarrollar el Sistema Europeo Común de Asilo, - sin especificar cómo o por qué es necesario hacerlo-, del que actualmente España incumple alguno de sus requisitos, como la superación del plazo de resolución de las solicitudes de asilo situado en los seis meses (suele extenderse hasta los dos años de media).
El Partido Socialista trata de diferenciarse de forma indirecta de la política migratoria del Partido Popular pero sus propuestas no se traducen en medidas que rompan con la línea expuesta por el PP. Los socialistas mencionan la integración, cooperación con los países de origen y tránsito, mejora del sistema de asilo, nuevos sistemas de control fronterizo, la lucha contra las mafias, y la exigencia de una mayor implicación de toda la Unión Europea. Sobre el sistema de asilo, apuestan por “garantizar el derecho de asilo en todo el territorio de la Unión” y por “adoptar medidas eficaces para diferenciar los inmigrantes económicos de aquellas personas que necesitan protección internacional” pero no especifican cómo hacerlo ni profundizan en los problemas que actualmente presenta el sistema de asilo en Europa.
Valoran positivamente la agencia Frontex. Mencionan su eficacia -destacan que su nacimiento fue iniciativa del Gobierno socialista- y el sistema de retorno que, según dicen, han permitido reducir la inmigración irregular y “ha generado resultados especialmente visibles en Canarias, Ceuta y Melilla, así como en la zona del Estrecho”. No mencionan medidas concretas para aumentar el control fronterizo ni para mejorar las labores de salvamento o para evitar tragedias migratorias en las aguas fronterizas.
Izquierda Unida
Muy crítico con la política migratoria europea, Izquierda Unida expone un discurso basado en la búsqueda de un cambio profundo de los pilares de la gestión migratoria europea y enfocado en la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes sobre el control fronterizo.
Propone sanciones a los países que violen los principios de la protección internacional, “como la devolución mediante la ejecución de expulsiones masivas, la privación de derechos básicos o la permisividad oficial con un clima de violencia” o garantizar el acceso a la protección internacional -evitado con, por ejemplo, las devoluciones inmediatas de inmigrantes-. Solicita el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la prohibición de las deportaciones colectivas pues, según argumentan, estos lugares criminalizan al inmigrante con su privación de la libertad por el hecho de estar en situación administrativa irregular.
Exigen la creación de normas para el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados -una medida que afectaría a España donde la Defensora del Pueblo y diferentes ONG han denunciado en extensos informes las irregularidades llevadas a cabo en la determinación de la edad de los inmigrantes en situación irregular-. Además, apuestan por que todos los residentes de la UE -comunitarios y no comunitarios- tengan los mismos derechos. En esta línea destaca su derecho a voto y a participar en las elecciones como candidatos. Añaden también la necesidad de sanciones a aquellos países que restringen la libre circulación de las personas comunitarias o la garantía de asistencia sanitaria universal de las personas que residan en la UE.
En relación a las políticas de control fronterizo, piden que la cooperación y ayuda al desarrollo no estén ligadas a acuerdos de readmisión obligatorios ni a intereses comerciales de los países cooperantes.
UpyD
Pone el énfasis en la creación de una “política migratoria comunitaria con un respeto estricto al Derecho Internacional y a los derechos humanos” para toda la UE que “tenga en cuenta las necesidades de empleo en su conjunto” que facilite en primer lugar la “movilidad de trabajadores europeos y extranjeros con permiso de trabajo”.
Lanza propuestas concretas: el establecimiento de una ventanilla única europea en terceros países para visados de la UE o la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera europea “a todos sus efectos”, como territorios “de pleno derecho de la Unión Europea”. Actualmente, las ciudades autónomas españolas no pertenecen al espacio Schengen, lo que se utiliza como argumento del Estado Español para, por ejemplo, privar de libertad de movimiento a los solicitantes de asilo que tramitan su solicitud en estas localidades, a los que se les impide su acceso a la península. Para estas ciudades solicita “una especial atención a las necesidades específicas” por su carácter d frontera europea. La última de sus medidas específicas es su apuesta por que Frontex abra delegaciones en Ceuta y Melilla.
Equo
Equo, que se presenta a las europeas dentro de la agrupación política Primavera Europea, plantea un discurso más crítico con la política migratoria europea actual. Su programa destaca la necesidad de priorizar el rescate de vidas humanas y la integridad de los inmigrantes sobre el control fronterizo en sus intentos de entrada a la Unión Europea. Para ello, se compromete a “fomentar que Frontex aplique los convenios internacionales y garantice el acceso a la protección internacional”. ¿Cómo? Solicita la creación de un Observatorio de Derechos Humanos independiente para evitar las vulneraciones en las fronteras.
Su promesa de promover que “toda persona que necesite refugio pueda acceder a un procedimiento de asilo más justo en Europa” va acompañada de una medida concreta: solicita la garantía de “que ninguna persona sea devuelta a países que no garanticen un sistema de protección y acogida justo y eficaz, en aplicación del Reglamento de Dublín”. La Convención de Dublín obliga al demandante de asilo a tramitar su solicitud de protección internacional en el país por donde ingresase a la Unión Europea. Es una normativa muy criticada por los solicitantes de asilo que piden protección en un país diferente y son devueltos posteriormente, sin importar el periodo de tiempo transcurrido. En ocasiones, llegan a lugares donde las garantías de protección son menores.
Equo destaca una figura olvidada: el migrante por motivos medioambientales. Se compromete a integrar los flujos migratorios originados por el cambio climático y los desastres medioambientales como parte de la política migratoria de la UE e identificar los factores ambientales que generan flujos de migrantes: deforestación, degradación del suelo, degradación de los recursos hídricos, sobreexplotación pesquera. Además, va más allá y propone “revisar la concepción del término 'refugiado' para incluir la destrucción del medio ambiente como motivo que pueda justificar la protección internacional.
PM+J
Desde Por un Mundo Más Justo, que también se presenta a las europeas a través de la coalición Primavera Europea, apuestan por el control fronterizo pero siempre bajo el respeto escrupuloso de los derechos humanos en la política migratoria europea. En esta línea, efectúan una serie de propuestas concretas: modificar la directiva de retorno, conocida como la “directiva de la vergüenza” pues, a su juicio, “no respeta los Derechos Humanos en el trato a los inmigrantes, especialmente en el caso de los menores”; la “revisión” de la legislación que sanciona a las personas que asisten a los inmigrantes en peligro en el mar o eliminar la ayuda al desarrollo “condicionada a las políticas de inmigración o a la compra de los productos europeos”.
También solicitan la garantía del acceso al asilo de todas las personas que lo necesiten. Para ello, proponen que el Sistema Europeo Común de Asilo “permita repartir equitativamente entre los Estados la recepción de solicitantes de asilo y sirva para establecer un nivel de protección adecuado y accesible a los solicitantes en todos los estados miembro”. Una de las formas empleadas en la actualidad por la UE para realizar este reparto es la normativa de Dublín, sobre la que PM+J exige su revisión para “eliminar los obstáculos actuales de los solicitantes de asilo enEuropa en su búsqueda de protección”.
Además, apuestan por el establecimiento de “cuotas de acogida” para construir una “política sistemática de reasentamiento” de refugiados procedentes de países en crisis humanitaria, como Siria.
Podemos: abajo las vallas “anti-persona”
Podemos va más allá. Pide el derribo de las vallas fronterizas y la anulación de los sistemas europeos de control fronterizo Frontex y Eurosur, denominados por el partido de Pablo Iglesias como “programas contra la inmigración”. No obstante, no detalla el método para llevarlo a cabo ni posibles alternativas a aquello que pretente derogar.
Exige la retirada de la “Directiva de la vergüenza”, la directiva de retorno 2008/115/CE que, entre otras cosas, permite que los inmigrantes en situación irregular sean retenidos en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses.
Asimismo, solicita el fin de la “política de externalización de fronteras”, es decir, la eliminación de los pactos de cooperación con los países de tránsito por los que se les cede competencias de control fronterizo de la Unión Europea, muy criticados por ONG como Amnistía Internacional en el caso de los acuerdos realizados con estados que incumplen los derechos humanos de los inmigrantes, como Libia o Marruecos.
Otra de las iniciativas concretas, es la elaboración de una “red de acogida integral que atienda a las víctimas de trata de seres humanos”, para las que solicita la garantía del periodo de reflexión sin que dependa de su colaboración con la policía para capturar a los componentes de la mafia, como también ha requerido la Defensora del Pueblo en sus Informes.
El nuevo partido insta al cierre de los CIE y fomenta que el hecho de que un inmigrante carezca de documentación en regla suponga una sanción equivalente “a su categoría de falta administrativa”, evitando así su confusión con el delito.
En cuanto a las condiciones de vida de los inmigrantes en la Unión Europea, Podemos pide el reconocimiento de su derecho a votar “donde viven, cotizan y trabajan” y no solo en base al derecho de reciprocidad (solo concedérselo a los naturales de los países que también se lo permite a los europeos). También solicita que se garanticen los permisos temporales de residencia necesarios hasta que las personas sin papeles resuelvan su estatus jurídico y la elaboración “urgente” de un censo de emigrantes por parte de organismos oficiales.
VOX
VOX es quizá el partido con las propuestas más restrictivas hacia la inmigración. Propone que cada estado miembro “tome la decisión final” sobre los inmigrantes que quiere aceptar en función para “ equilibrar la inmigración legal con las necesidades de los mercados de trabajo”. Apuestan por un mayor “reforzamiento” de las fronteras de la UE para lo que exige una “cooperación más estrecha de las autoridades policiales y judiciales” de cada país y Frontex.
En cuanto a la política de asilo, expone un enfoque diferente a la del resto de partidos analizados, destacando las solicitudes “fraudulentas” como uno de los mayores problemas del sistema. “El compromiso de ayudar a los auténticos refugiados implica luchar contra los fraudes, en especial cuando son aprovechados por organizaciones delictivas. Si la UE se ve inundada de falsas solicitudes de asilo, no podrá proteger eficazmente a las personas más vulnerables y realmente necesitadas”, reza su programa electoral.