Clasifique como secreto de Estado las actas del órgano administrativo encargado de otorgar las autorizaciones para exportar armas (la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso). No se preocupe si ello va en contra de la Ley de Secretos Oficiales. Las leyes también están para incumplirlas. Al fin y al cabo, si oculta información a los ciudadanos es por su propio bien y por el beneficio de la industria armamentista; quién mejor que el Gobierno para saber lo que les conviene.
Al mismo tiempo, elabore unas estadísticas oficiales de más de cien páginas, llenas de datos y de tablas. Que no se diga que no está por la transparencia. Eso sí, tenga mucho cuidado para no incluir datos relevantes como el tipo y modelo de armamento que se exporta; no vaya a ser que alguien se entere, por ejemplo, que ha autorizado la exportación de bombas de racimo a Libia. Cuantas más páginas mejor, así se asegura de que los diputados no las puedan analizar con atención ni le hagan preguntas incómodas cuando comparezca en el Congreso de los Diputados.
Nombre como ministro de Defensa y como Secretario de Estado de Defensa a personas que hayan trabajado previamente en empresas armamentistas (como MBDA, Instalaza o Boeing). Para qué va a perder tiempo consultando a los fabricantes de armas pudiendo tenerlos despacho con despacho. La eficacia administrativa es un valor en alza.
Cree un órgano administrativo en el Ministerio de Defensa para centralizar las iniciativas para la internacionalización de la industria española de defensa y favorecer sus exportaciones (la Oficina de Apoyo Exterior). Un par de empresas públicas complementarias (DEFEX e ISDEFE) con fines similares le aportarán una mayor flexibilidad, con el beneficio añadido de que sus actividades estarán sometidas a menos controles que los órganos administrativos.
Utilice las Agregadurías de Defensa de las embajadas de España para facilitar los contactos entre las empresas de armamento y los ejércitos de los países compradores. A los militares les gusta tratar con militares; eso facilita enseñar el muestrario y poner en valor la calidad del producto.
Organice de vez en cuando alguna gira por varios países al ministro de Defensa. El roce hace el cariño y quién mejor que el titular de Defensa para mimar a la clientela. Si está en juego una venta muy importante no tenga reparos en enviar al Jefe del Estado, le abrirá las puertas de las monarquías más autoritarias del planeta. Otra posibilidad es organizar visitas guiadas a las empresas de armamento españolas.
Apruebe una ley para que sea el Gobierno quien firme los contratos de exportación de armamento y garantice su entrega al comprador en perfectas condiciones. Los compradores se fían más de la firma del Gobierno que de la de las empresas de armamento, no sea que vayan a quebrar. Cuele la regulación de este tipo de contratos dentro de una ley que no tenga nada que ver, a fin de que pase más desapercibida (por ejemplo la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios). Si tiene prisa por cerrar un negocio, no dude en aprobar un decreto ley (el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo) y publíquelo al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, así también evitará el debate público.
Envíe a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados al Secretario de Estado de Comercio para responder a las preguntas sobre las exportaciones de armas. Así no tendrá que mentir cuando afirme que el Gobierno no potencia las exportaciones, ya que no sabrá lo que hacen en el Ministerio de Defensa por el bien de la industria armamentista patria. No se le ocurra mandar al Secretario de Estado de Defensa, esa tarde podría aprovechar mejor el tiempo negociando algún buen contrato.
No preocupe si el país que le quiere comprar las armas viola los derechos humanos, está en una situación de conflicto o no tiene suficientes recursos para garantizar el bienestar de su población (como Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos o Ghana). Tampoco se inquiete por el hecho de que la ley prohíbe la exportación de armamento a esos países. Basta con que repita machaconamente que España cumple rigurosamente la legislación sobre el control del comercio de armas. Déjese los escrúpulos morales en casa, si es que los tiene. No querrá convertirse en el primer Gobierno en el que disminuye la cifra de las exportaciones de armamento. Piense en esa bonita gráfica con línea ascendente que dejará a la posteridad.
Este artículo está basado en hechos reales, cualquier parecido con la ficción es pura coincidencia. En 2013, España exportó armamento por valor de 3.907 millones de euros; en 2012 fueron 1.953 millones. Para un primer análisis de las exportaciones de 2013, véase «España duplica las exportaciones de armas en 2013».
Para saber más sobre la política española de fomento de las exportaciones de armas véase el informe del Centre Delás d’Estudis per la Pau «Exportaciones españolas de armamento 2003-2012. Análisis del apoyo institucional a las exportaciones de armas».