El Ministerio de Interior ha parado en el último momento la deportación de Sergio Morales Rodríguez, un dominicano que lleva 22 años en España y que está casado y tiene dos hijos, uno de 20 y otro de 9. “Ya estaba en Barajas, escoltado por tres policías como si fuera un delincuente, y en el último momento me han dicho que no me subía al avión”, cuenta el propio Sergio a eldiario.es desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, adonde lo han llevado de vuelta.
Como publicó el diario.es el martes, este exboxeador y residente en San Sebastián, tenía la residencia y estaba en situación legal en España. Pero hace seis años fue condenado por un delito de agresiones a 28 meses de prisión. Según el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, si una persona comete un delito que tiene prevista una pena superior a un año -aunque te condenen a menos- pierde la residencia automáticamente. Así le pasó a Sergio. Aunque depende del juez se valorará el arraigo. En su caso no se valoró. Un día lo pararon y como no tenía los papeles lo mandaron al CIE de Madrid.
Francisco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, explica que “el artículo está tan mal hecho, que hay interpretaciones para todos los gustos”.
Interior remite a la Policía, que “no hace comentarios sobre deportaciones” y a Sergio no le han explicado el por qué han parado la suya. Su mujer, Mari Carmen, que vive en Bilbao, ha pasado el día en Madrid para intentar frenar la marcha de Sergio: “Él no tiene familia ni amigos allí, se va a ir con lo puesto”. Cuenta que ha ido al Consulado, que ha intentado mediar, y también ha informado a la compañía de que en el vuelo iban a embarcar a un deportado. A veces los pilotos se niegan a embarcarlos al entender que pueden suponer un problema para la travesía.
“Esta mañana me han dicho finalmente que no había ningún billete a nombre de mi marido, que lo había pero que lo han anulado”, cuenta Mari Carmen. El motivo que ha hecho que se paralice la deportación es un misterio. Al final Sergio ha vuelto al CIE madrileño de Aluche, adonde según él cuenta ha cumplido ya el máximo legal de “60 días, que es lo que llevo aquí”. Pero no se ha librado: “Me han dicho que en 10 ó 15 días me subirán a un avión rumbo a República Dominicana”.
Sin embargo, José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal y miembro del grupo académico I+D+i IUSMIGRANT, señala que “si lleva 60 días, han de ponerlo en libertad inmediatamente”, ya que es el límite legal para estar en un CIE y que haya salido para la deportación y vuelto a entrar no pone el contador a cero. Ha de hacerlo la policía, no hace falta siquiera una orden judicial.
Es más, Sánchez recuerda que el abogado del Estado se comprometió ante el Tribunal de Derechos Humanos a aplicar el artículo 57.2 teniendo en cuenta el arraigo, es decir, que ser condenado no volvería a suponer la expulsión automática. Lo hizo en relación al caso de una mujer argentina que tenía un hijo e iba a ser expulsada. En aquel caso, el Gobierno afirmó que “en el futuro la interpretación del artículo 57.2 (...) se realizará puesta en relación con los criterios que recoge el artículo 57.5.b) de la misma Ley Orgánica (...)”.
Algo que, al parecer en el caso de Sergio -paralelo al de la mujer argentina, ya que él tiene un hijo de 20 años y una de 9- no se ha cumplido.