El cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) ha sido un efecto más de la pandemia. A pesar de las denuncias de ONG que piden su cierre definitivo, la “nueva normalidad” también conllevará la reactivación de los internamientos de migrantes en situación irregular, una vez que sus países de origen comiencen a abrir sus fronteras a vuelos procedentes de España. No se hará de forma general e inmediata: aunque desde el Ministerio del Interior no detallan plazos concretos, apuntan que “los futuros ingresos” están “supeditados a que haya una perspectiva real de retorno”, algo que estudiará “de manera individualizada”.
“Al igual que no hubo una orden de cierre (se fueron cesando internamientos de forma individualizada al poner en relación las causas de ingreso con las capacidades reales de retorno), los futuros ingresos, tal y como establece la normativa, están supeditados a que haya una perspectiva real de retorno”, explica a eldiario.es un portavoz del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. En el caso del CIE de Barcelona, el Gobierno confirmó a principios de junio que, de cara a los próximos encierros, se habrán finalizado las obras de ampliación para la creación de un nuevo módulo de mujeres, tras casi siete años en los que todos los internos eran hombres.
La “perspectiva real de retorno” citada por Interior depende especialmente de los gobiernos de los principales países de origen de las personas deportadas desde España en los últimos años: Argelia y Marruecos. A ambos Estados se añade Mauritania, cuyo papel en el control migratorio hacia la ruta canaria ha sido reforzado desde principios de año debido a las devoluciones de migrantes de distintas nacionalidades -especialmente de malienses- realizadas desde las islas en base a sus acuerdos de readmisión.
Más allá de la finalización del estado de alarma en España y la apertura de fronteras prevista para el 1 de julio -con restricciones-, el Gobierno volverá a impulsar los internamientos en los Centros de Internamiento para Extranjeros en función de las nacionalidades de los migrantes, a medida que los correspondientes gobiernos de sus países de origen reabran sus fronteras. Con la aproximación del verano y el aumento del flujo migratorio que suele conllevar la época estival, Interior mira hacia los planes de “desescalada” de sus gobiernos socios en materia fronteriza.
Las previsiones de reapertura de sus principales aliados, sin embargo, aún son inciertas. La semana pasada, Marruecos prorrogó el estado de alarma hasta el 10 de julio. El país norteafricano ha registrado desde el inicio del brote 8.985 casos de COVID-19 y 212 fallecidos a causa del virus, a fecha del 17 de junio. Sus fronteras se encuentran cerradas desde el pasado 13 de marzo, sin apenas haber permitido regresar a sus hogares a sus nacionales atrapados en terceros países. Hace una semana, el Gobierno alauí anunció la repatriación de un primer bloque de marroquíes atrapados en España en “situación vulnerable”, pero por el momento no ha dado una fecha acerca del regreso a la “normalidad” fronteriza, una información determinante para que Interior reanude los ingresos en los CIE de España.
En 2018, los CIE encerraron a 2.801 ciudadanos marroquíes, que conforman la principal nacionalidad presente en estos centros debido en parte a sus altas posibilidades de ser repatriados, dados los acuerdos existentes entre España y el Reino alauí. Le sigue Argelia, país con el que España también tiene una colaboración fluida en materia migratoria: 2.513 argelinos fueron internados en el mismo periodo de tiempo, según los últimos datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Interior no proporcionó a este organismo el desglose por nacionalidades de las cifras de deportaciones realizadas desde estos centros. El Gobierno argelino ha pospuesto el debate sobre la relajación de su blindaje fronterizo hasta principios de julio, según informen medios locales.
“El desconfinamiento total significa la reapertura de las fronteras, la reanudación de las rutas aéreas” y “si tengo que abrir rutas aéreas, los aviones irán a países con 400.000 casos positivos y muchas muertes. Así que tengamos cuidado”, respondió hace diez días el presidente de la República argelina, Abdelmadjid Tebboune, ante las voces que urgían el final de la limitación de circulación por la COVID-19. Hasta este miércoles, Argelia ha detectado alrededor de 11.100 contagios y 788 fallecidos a causa del coronavirus.
Aunque aún no hay cifras oficiales sobre el número de migrantes devueltos a Mauritania desde Canarias, el país africano ha disparado este año su relavancia en la política migrantoria dirigida por Marlaska. Atendiendo al criterio de Interior de impulsar los internamientos en los centros de internamiento de manera “individualizada” en función de la “perspectiva real de retorno”, de sus fronteras dependerá en gran medida la reapertura de los CIE canarios, en un momento en el que las llegadas a las islas se hn multiplicado por seis en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2019.
Fuentes de Interior aseguran que su departamento no está realizando negociaciones con terceros países enfocadas a favorecer deportaciones desde España mientras los países de origen correspondientes aún permanezcan blindados, a excepción de casos puntuales, como el grupo de tunecinos residentes en el CETI de Melilla que el Gobierno ha intentado repatriar durante el estado de alarma, según confirmó el ministro Grande-Marlaska a finales de abril.
La “perspectiva real de retorno” que, según explica Interior, marcará la progresiva apertura de los CIE de España no siempre ha sido atendida a la hora de ordenar el internamiento de una persona en situación irregular. En 2017, el 65,5% del total de los extranjeros internados fueron finalmente puestos en libertad, un dato que evidenciaba la ineficacia de estos centros. Desde el cambio de Gobierno, el perfil de las personas ingresadas apunta a un aumento del porcentaje de expulsados desde estas dependencias policiales, primando el encierro de ciudadanos marroquíes y argelinos por ser más probable la ejecución de su expulsión.
Más allá del índice de expulsión, las denuncias sobre las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el interior de los CIE no cesan. Con motivo del Día por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, celebrado este lunes, las distintas plataformas de CIES NO en el estado español han pedido al Gobierno la clausura definitiva de estas dependencias policiales, que encierran a migrantes en situación irregular debido a su situación administrativa, no por haber cometido delito alguno.
“Los que van a ocupar los CIE son los héroes de la pandemia, los que están cosiendo las batas, los que están cosiendo mascarillas, los que están cosiendo gorras de médico, los que están cuidando, los que están limpiando, los que están trabajando en el campo para permitir a los confinados de comer”, ha indicado Lamine Sarr, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.
“A pesar de las numerosas voces que reclaman la regularización de todas las personas migrantes y la eliminación del racismo institucional, el Estado pretende reabrir los CIE en cuanto se abran las fronteras. En el CIE de Barcelona, además, con un módulo para encerrar mujeres. No lo podemos permitir”, han advertido desde la plataforma Tanquem els CIE.