Las empresas españolas involucradas no se comprometen con las indemnizaciones a las víctimas del Rana Plaza
Las 1.127 víctimas mortales que dejó el derrumbe del Rana Plaza aceleraron las modificaciones en materia laboral exigidas durante años por parte de organizaciones sociales y sindicatos. Los últimos logros tardíos: aprobado un pacto de 70 empresas para garantizar la seguridad de los trabajadores en las fábricas de sus proveedores y la última modificación de la legislación laboral del país. No obstante, las indemnizaciones aún no han llegado. Algunas multinacionales españolas emitieron comunicados cargados de buenas intenciones pero, después de más de dos meses, las familias de los fallecidos en la fábrica textil no han recibido dinero alguno. “Las empresas españolas involucradas aún no se han comprometido de forma firme a indemnizarlas”, denuncia Eva Kreysler, responsable de la campaña Ropa Limpia de Setem España.
La espera por las indemnizaciones no afecta únicamente al derrumbe que abarrotó los medios de comunicación hace dos meses. Según denuncia SETEM, tampoco se han resuelto todos los pagos a los afectados por el incendio de la fábrica Tazreen Fashion ocurrido, también en Bangladesh, en noviembre del pasado año.
“Las cuestiones de prevención han avanzado pero las indemnizaciones están estancadas. No vemos mucha disposición ni acciones por parte de las empresas y todavía nos queda mucho trabajo con los sindicatos bengalís”, afirma Kreysler.
El retraso en los pagos tiene consecuencias directas: “Este caso es tan brutal que los afectados pueden llegar al endeudamiento para hacer frente a los cuidados médicos”, alerta Kreysler. Al dolor de las familias ante la pérdida de un familiar se une la difícil situación económica de éstos: muchos dependían del limitado salario procedente del trabajo de su hijo, nieto, padre o hermano en la fábrica derruida. “Somos muy pobres y no sabemos dónde acudir para obtener la ayuda”, decía una mujer cuya nieta de 15 años murió entre los escombros del Rana Plaza. Ella era el único miembro de la familia que contaba con un empleo, según explican desde Setem.
El proceso para decidir cómo se realiza el reparto es largo, pero se ralentiza aún más si las empresas no hacen público su compromiso de indemnizar a los afectados por el derrumbe y no concretan las cantidades o los métodos de reparto. Algunas emitieron comunicados mencionando algún tipo de ayuda a los afectados pero, como sostiene Kreysler, dejaron de lado los detalles sobre el cómo, el cuándo y el cuánto. “Huyen de la palabra indemnización”, sentencia.
El Corte Inglés envió un representante a Bangladesh para entrevistarse con los sindicatos locales, según ha tenido constancia la organización social. Además, canaliza ayuda de emergencia a través de una ONG de la zona, según las informaciones. No hemos conseguido contar con la versión de los grandes almacenes al respecto. “Es insuficiente. Hay que diferenciar bastante entre ayuda humanitaria y el pago de una compensación a las familias. No deben descartar el fondo de indemnización y aún no han mencionado nada al respecto”, afirma Kreysler. Por su parte, Mango, “continúa sin asumir responsabilidades porque, según sostiene, en ese periodo de tiempo no se había abastecido de la fábrica aunque sí lo había hecho con anterioridad”. Por último, “la versión de Inditex indica que su último pedido se efectuó en diciembre de 2011. Con este argumento todavía no han hecho mención al fondo de indemnización en base a los cálculos de los sindicatos”, lamenta.
¿Cómo y quién debe pagar las indemnizaciones?
Desde la campaña Ropa Limpia se oponen a que cada empresa indemnice sólo a los trabajadores que abastecían sus tiendas. La opción más defendida se centra en la creación de un fondo común de indemnizaciones.
La cantidad prevista para las víctimas del Rana Plaza es de más de 54 millones de euros, pero esta cifra no es la definitiva. Su cálculo, basado en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, es el utilizado por sindicatos locales e internacionales tras otras tragedias ocurridas en los últimos años. Por su parte, el sistema pactado para construir el fondo común se reparte de la siguiente forma: el 45% de la cantidad total deben aportarlo las marcas internacionales. La cantidad restante corresponde al gobierno de Bangladesh y a la patronal.
“Aún está en el aire cuánto contribuiría cada empresa, es decir, cómo se repartirían ese 45% entre las marcas abastecidas por la fábrica”, explica Eva Kreysler. Sin embargo, las multinacionales por el momento no tienen responsabilidad legal en el derrumbe -tan solo moral-. “Por eso necesitamos los detalles de cómo pretenden indemnizar a los afectados, si es que pretenden hacerlo”, concluye.
