Italia ya fue condenada en 2012 por las devoluciones en caliente a Libia que Salvini amenaza con retomar
![Salvini dice que Malta acompaña a aguas italianas a una barca con 170 migrantes](https://static.eldiario.es/clip/5fb528a7-d3b8-4f54-81d3-cd8fdff1821c_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
“O Europa decide seriamente que tiene que ayudar a Italia, comenzando por los inmigrantes en la (patrullera) Diciotti o nos veremos obligados a hacer algo que acabará definitivamente con el negocio de los traficantes. Es decir, acompañar a un puerto libio a las personas recuperadas en el mar”. Con esta nueva amenaza, el ministro del Interior italiano jugueteaba este domingo con la posibilidad de sortear una línea roja ya traspasada en 2009 durante el Gobierno de Berlusconi, que acabó en condena del Tribunal de Estrasburgo.
A su manera, Salvini solicitó este domingo una solución europea para acoger a las 177 personas rescatadas este viernes por varios barcos de la Guardia Costera italiana. Según informa la Agencia Efe, la respuesta comunitaria a la que aspira el ministro del Interior del país napolitano podría ser similar al acuerdo alcanzado la semana pasada por seis Estados miembros para permitir el desembarco a los migrantes rescatados por el Aquarius el 11 de agosto.
El buque de rescate ha atracado en la noche de este lunes en el puerto de Catania, según había anunciado el ministro de Transportes del país; pero el titular de Interior continúa negando el permiso de desembarco a los migrantes, a la espera de una propuesta de distribución de los rescatados por parte de la Unión Europea. Fuentes de Vicepresidencia del Gobierno español confirmaron que la nave atracaría en Italia, pero aseguran “no tener más información” sobre la posibilidad de un nuevo pacto de reubicación entre varios países comunitarios.
Aunque todo apunta a que el amago de devolución en caliente no se cumplirá, el pulso del ultraderechista con el resto de los Estados miembros coloca de nuevo a los migrantes como rehenes. La amenaza pasa de ser el abandono a su suerte en un buque de rescate, a su retorno a la extorsión, las torturas y violaciones sufridas por la mayoría de quienes huyen de Libia a bordo de una patera.
En caso de seguir adelante con su ultimátum, el Ejecutivo italiano contravendría la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a Italia en 2012 por expulsar de forma inmediata a 200 migrantes localizados en aguas internacionales por las autoridades italianas en 2009.
“Italia ya fue condenada por devolver en caliente a 200 personas en la 'histórica' sentencia de 'Hirsi Jamaa'. Se concluyó que fue una violación de la obligación internacional de no expulsar a personas a un país donde pueda enfrentarse a un riesgo para su vida o integridad”, recuerda a eldiario.es Carlos Escaño, investigador de Amnistía Internacional. Ante el ultimátum de Salvini de ordenar un retorno masivo, el portavoz de la ONG responde con contundencia: “No puede hacerlo. Los rescatados deben ser desembarcados en el puerto cercano más seguro”.
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El precedente: condena de Estrasburgo
El caso tuvo lugar el 6 de mayo de 2009. Las barcas en riesgo, según el relato de los denunciantes, se hallaban a una distancia de 35 millas náuticas al sur de Lampedusa, en el área de responsabilidad del Servicio de búsqueda y salvamento maltés (SAR), dentro de la misma zona donde este viernes fueron interceptadas las 177 personas rescatadas por la Guardia Costera italiana a las que Italia ha cerrado sus puertas desde el pasado jueves.
Tras ser localizados por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la policía italiana (“Guardia di finanza”) y de la Guardia Costera, los migrantes fueron trasladados a buques militares italianos y devueltos a Trípoli, indica la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo. Los 24 demandantes, somalíes y eritreos, indicaron que las autoridades italianas “no les informaron de su destino verdadero y no intentaron identificarlos”.
Al día siguiente, el entonces ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, defendió la devolución masiva en una rueda de prensa. Según argumentaba, esta política “disuadía a los grupos criminales dedicados al contrabando y al tráfico ilícito de inmigrantes clandestinos y provocaba una disminución considerable de la llegada de inmigrantes ilegales a las costas italianas”.
Sus argumentos recuerdan a los empleados por Salvini en su última amenaza dirigida a los gobiernos europeos: “Nos veremos obligados a hacer algo que acabará definitivamente con el negocio de los traficantes. Es decir, acompañar a un puerto libio a las personas recuperadas en el mar”, afirmaba Salvini este fin de semana. Esa “solución”, tan defendida por el Ejecutivo de Berlusconi, tuvo sus consecuencias.
Bajo el amparo del acuerdo alcanzado entre Italia y la Libia de Muamar el Gadafi (2008), el Gobierno italiano impulsó una política sistemática de devoluciones en caliente de aquellas personas interceptadas en alta mar por buques italianos. Desde la entrada en vigor del llamado 'Tratado de la Amistad', la Marina italiana expulsó en los primeros meses a más de mil migrantes, muchos de ellos eritreos y somalíes, a Trípoli, según publicó entonces El País.
El Tratado contemplaba el pago a las autoridades libias de un total de 5.000 millones de dólares en 20 años con el supuesto objetivo de reparar los daños fraguados durante el periodo colonial de Libia, con Italia como potencia administradora (1911-1942). Aunque el texto incluía las disculpas del Ejecutivo italiano, el pacto exigía al Gobierno de Gadafi una contraparte crucial: la intensificación en los controles migratorios y, en la práctica, la readmisión de embarcaciones devueltas por las autoridades italianas. El acuerdo pervivió, con más o menos actividad, hasta el estallido de la guerra civil libia, en febrero de 2011.
Un año después, Estrasburgo dictaminó la ilegalidad de las devoluciones masivas de migrantes rescatados por embarcaciones italianas, aunque estos hubiesen sido localizados en aguas internacionales. Según la Corte, la expulsión de 200 personas efectuadas aquel 6 de mayo de 2009 incumplían el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues los demandantes fueron “expuestos al riesgo de ser sometidos a malos tratos en Libia” y “de ser repatriados a Somalia y Eritrea”. El Estado Italiano fue condenado a pagar 15.000 euros de indemnización a cada uno de los 24 denunciantes.
El cierre de puertos a la Guardia Costera
Desde el cierre de los puertos italianos y el aumento de las trabas al desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo Central, han tenido lugar al menos dos encontronazos entre Matteo Salvini y la Guardia Costera italiana. El 10 de julio, Italia rechazó la entrada a sus puertos a la nave Mercante Vos Thalassa con 67 migrantes a bordo. Desde Roma se había ordenado llevarlos a Trípoli para ser devueltos a las patrulleras libias, lo que motivó la protesta de los rescatados. Finalmente, fueron trasladados a una nave de los guardacostas italianos, pero el Gobierno también vetó temporalmente su desembarco. Después de tres días de espera, atracaron en el puerto siciliano de Trapani.
Tres días después, se repitió la historia. 450 personas se encontraban a la deriva en una barcaza cerca de las islas de Lampedusa y Linosa cuando el Gobierno italiano rechazó hacerse cargo de su rescate. Poco después, Salvini cedió y los migrantes fueron trasladados a un buque de la Guardia Finanza italiana y otra de la Agencia europea de fronteras (Frontex), pero, de nuevo, cerró sus puertos a sus propios barcos.
En esta ocasión, el Ejecutivo italiano optó por pedir a varios países europeos que se hicieran cargo de los rescatados. Cinco se mostraron dispuestos a acogerlos: España, Alemania, Francia, Malta y Portugal, con 50 migrantes cada uno. Tras dos días de bloqueo en alta mar, los rescatados pudieron alcanzar tierra firme.
Las ONG han denunciado devoluciones en caliente llevadas a cabo por barcos privados italiano ante los obstáculos levantados por Italia al desembarco de migrantes. “Asso Ventotto, barco de bandera italiana, rescata 108 personas en aguas internacionales, ahora mismo está deportando a Libia, un país donde no se respetan los Derechos Humanos. Sin posibilidad de dar asilo o refugio. Esto es una flagrante devolución en caliente”, aseguró el presidente de la organización Óscar Camps a finales de julio.