Italia endurece las leyes antiinmigración: los menores de más de 16 años pueden acabar en centros para adultos

El Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni ha aprobado este miércoles el tercer decreto sobre migración, que endurece aún más las normas vigentes en Italia y hace que la estancia y permanencia de los migrantes en este país sea más difícil, si cabe.

Después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada la apertura de nuevos centros de repatriación de inmigrantes irregulares y la ampliación del tiempo que podrán ser retenidos en ellos hasta los 18 meses, esta semana el Ejecutivo ha dado luz verde a nuevas medidas que facilitan la expulsión de los migrantes que, entre otras cosas, mientan sobre la edad que tienen.

La primera ministra ha afirmado en redes sociales que con este decreto el Gobierno “hace más rápidas las expulsiones de los inmigrantes irregulares peligrosos, introduce la tutela completa de las mujeres y mantiene la de los menores, pero con las nuevas reglas ya no será posible mentir sobre la edad”.

Ese es uno de los puntos más polémicos de los 13 que componen el decreto, según el cual los migrantes que comuniquen datos personales falsos, como su edad, pueden ser castigados y, en lugar de la pena correspondiente por esa falsa declaración, se enfrentan a la expulsión. Las autoridades pueden recurrir a pruebas médicas, incluidas radiografías, y antropométricas para comprobar la edad de los migrantes, sobre todo cuando las llegadas son muchas. La agencia de noticias italiana ANSA señala que actualmente hay 21.000 menores acogidos en Italia, en centros para ellos que conllevan costes elevados para las administraciones locales.

El objetivo de la medida es, por tanto, evitar que sean acogidos en centros de menores personas que son mayores de edad, que no cuentan con tantas garantías como los más jóvenes. Asimismo, en el caso de que los centros para menores estén saturados, el delegado del Ministerio del Interior en cada provincia puede ordenar que los de entre 16 y 18 años sean ubicados en centros para mayores de edad, por un periodo máximo de 90 días y en una sección especial para este grupo de edad.

El partido del difunto Silvio Berlusconi, Forza Italia, habría expresado reservas respecto al tratamiento de los menores, apoyado por sus socios en el Gobierno de coalición: Fratelli d'Italia, de la presidenta Giorgia Meloni, y la Liga Norte, de Matteo Salvini.

Otro de los puntos polémicos que busca facilitar las expulsiones de los migrantes de Italia es el que tiene en cuenta si representan un supuesto “peligro”. Según el decreto, citado por ANSA y los principales medios italianas, incluso los migrantes que tengan permiso de residencia de larga duración podrán ser expulsados “por graves motivos de orden público o de seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior”. En base a esos motivos, las autoridades pueden ordenar tanto la expulsión como prohibir el reingreso de la persona, si esta presenta un recurso contra la orden de expulsión.

Más efectivos del Ejército y de la Guardia Costera

El decreto también busca reforzar la respuesta italiana durante los picos de llegadas, como los que suelen registrarse con frecuencia en la isla de Lampedusa, el punto más cercano a la costa norteafricana y donde suelen desembarcar la mayoría de los migrantes que cruzan el Mediterráneo. Para ello, el Ministerio de Interior está autorizado a pedir apoyo a la Guardia Costera, que depende del Ministerio de las Infraestructuras, actualmente encabezado por Salvini. Los guardacostas están autorizados, en el marco de la nueva ley, a reclutar cien voluntarios cada año, entre 2024 y 2028, precisamente para hacer frente a un aumento de los desembarcos y a la saturación en los centros, como el de Lampedusa.

Además del control marítimo, el Gobierno italiano quiere reforzar los controles en las principales estaciones de tren del país, con el despliegue de otros 400 militares de aquí a finales de año. También aumentará el escrutinio de las peticiones de visados de los extranjeros que desean viajar a Italia desde fuera de la Unión Europea.

El Ejecutivo de Meloni también ha decidido ampliar la protección especial a todas las migrantes, no sólo a las mujeres que lleguen embarazadas, como hasta ahora, tal y como solicitaban desde hace tiempo los equipos médicos que las atienden a su llegada a Italia.

Las organizaciones humanitarias y de rescate en el mar, como Médicos Sin Fronteras, llevan tiempo denunciando las normas cada vez más restrictivas de Italia y la falta de recursos para atender de forma adecuada y digna a los miles de migrantes que llegan cada mes a las costas de este país.

Durante la última crisis en Lampedusa a mediados de este mes, Amnistía Internacional denunciaba la situación en un blog de elDiario.es: “Las numerosas personas que han desembarcado en Lampedusa en las últimas horas se enfrentan a la insuficiente intervención del Estado italiano. El personal -personal médico, mediadores- es escaso en comparación con las necesidades, por lo que quienes llegan, tras haber viajado en embarcaciones improvisadas y en condiciones muy críticas, se ven obligados a esperar incluso varias horas al sol para recibir una primera asistencia y ser trasladados, en autobuses de la Cruz Roja”.