Sin más aviso que una circular enviada por correo electrónico un par de días antes, el pasado martes se presentó por sorpresa un autobús en el centro de acogida para refugiados de Castelnuovo di Porto. Se llevó de allí a una treintena de jóvenes, que serían reubicados en otras ciudades, sin dar muchas más explicaciones.
Desde entonces, cada día, se ha ido repitiendo la operación, que concluirá a finales de este mes, cuando la estructura debería cerrar sus puertas, siguiendo las indicaciones del Ministerio del Interior italiano.
El CARA (centro de acogida para solicitantes de asilo, por sus siglas en italiano) es el segundo más grande de este tipo en todo el país. En los momentos de mayor afluencia ha dado cobijo a más de un millar de personas y en el momento de su desalojo albergaba a 550 migrantes.
A unos 35 kilómetros del centro de Roma, este recinto se había convertido en un objetivo para el vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, quien impulsó una controvertida ley, promulgada en diciembre, que prevé la clausura de estos centros y que desmantela en la práctica el sistema de acogida.
Desde el martes, se han producido manifestaciones contra el cierre y los traslados a las puertas del centro, en las que han participado tanto trabajadores sociales como los propios migrantes, que tienen permitido el libre tránsito más allá de sus puertas.
Uno de los protagonistas de las protestas ha sido el senegalés Anszou Cissé. Tiene 19 años, es miembro de un equipo de atletismo del Vaticano, que en las últimas semanas ha acaparado una gran atención mediática, y hasta ahora vivía en el CARA de Castelnuovo. “No sabemos nada de nada. El lunes pasado vinieron los trabajadores sociales y nos dijeron que nos teníamos que marchar, pero ni siquiera ellos sabían más”, dijo el joven a los medios de comunicación congregados.
Umberto Dinoi es uno de estos empleados de la cooperativa católica Auxilium, que desde hace cinco años se ocupa de la gestión del centro. “Solo sabemos que los chicos están yendo a otro tipo de centros de acogida extraordinaria en otras regiones del país, pero nada más. En una semana han desmantelado todo”, reconoce en una conversación telefónica con eldiario.es mientras participa en una manifestación frente al Ministerio de Trabajo. Además del desalojo de los migrantes, 120 trabajadores de la cooperativa, como Dinoi y su pareja, corren el riesgo de quedarse sin empleo.
Está previsto que a partir del próximo sábado queden en el interior de la estructura unas 200 personas, entre las que se encuentran las 124 mujeres y 15 menores que estaban allí acogidos. A algunos, como Anszou, les concedieron el derecho de asilo, por lo que no pueden ser expulsados del país, aunque él reconoce que no sabe cuál será su futuro tras el desalojo. La mayoría esperaban los trámites de sus solicitudes alojados en este centro.
Sin embargo, otra veintena de migrantes, a quienes les fue rechazado el asilo, pero que contaban con un permiso de protección humanitaria, se quedarán en la calle. La ley impulsada por el ultraderechista Salvini, llamada “decreto de inmigración y seguridad”, establece que este tipo de protección estará limitada a tan pocos supuestos, que apenas será concedida.
De este modo, se empuja a quienes hasta ahora solían contar con este permiso a un limbo legal en el que tampoco pueden ser deportados -como desea Salvini-, debido a que Italia no tiene acuerdos bilaterales con la mayoría de sus países de origen. De esta veintena de personas desprotegidas, varias se han marchado ya de Castelnuovo di Porto, mientras que una joven somalí de 25 años ha sido acogida en su casa por el alcalde del municipio.
Lluvia de críticas: “Es una situación inhumana”
“En las últimas horas estamos recibiendo muchísimas peticiones ciudadanas para acoger a las personas que queden más desprotegidas”, asegura Roberta Cicciola, responsable de la Protección Civil y presidenta de la asociación de voluntarios ANPAS de este municipio. Cicciola trabaja además en un centro en la localidad, en el que se ocupaban de brindar apoyo para la inclusión y al que los migrantes acudían de forma voluntaria por las tardes. “Estaban totalmente integrados, muchos de ellos hacían trabajos sociales y todos los menores estaban escolarizados, por lo que ahora tememos que todo este trabajo se eche a perder”, explica.
El papa Francisco visitó en 2016 el CARA de Castelnuovo di Porto, donde protagonizó una célebre imagen en la que lavaba los pies a varios de los refugiados acogidos. La Iglesia, que ha adoptado una postura muy crítica con la política migratoria del Gobierno italiano, también ha mostrado su preocupación por lo ocurrido esta semana. “Algunos problemas deben ser resueltos teniendo en cuenta la condición de las personas y su fragilidad. Muchos de ellos han sufrido terriblemente y han sufrido abusos”, ha dicho en una televisión católica el presidente de la conferencia episcopal italiana, Gualtiero Bassetti.
El ministro Salvini, sin embargo, defiende que la decisión es “lo que hubiera hecho cualquier padre de familia”. “El Estado pagaba un millón de euros de alquiler más cinco millones por la gestión. Y al reducirse los inmigrantes alojados en estos centros, es justo cerrar la estructura y ahorrar estos recursos. Todos los inmigrantes con derechos serán recolocados en otros centros”, argumenta. Según el responsable de Interior, las familias están todavía a la espera de obtener un destino adecuado.
La diputada del partido Libres e Iguales Rosella Muroni niega a eldiario.es que esta circunstancia se haya respetado. Este miércoles, la parlamentaria se convirtió también en un símbolo de las protestas contra el desalojo del CARA del Castelnuovo, cuando llegó a sus puertas y se puso delante de uno de los autobuses que transportaban a los migrantes, impidiéndole el paso. “Lo que me encontré fue una situación inhumana, en la que el único criterio para sacarlos de allí era numérico, sin importarles si tenían o no familias, si habían sido víctimas de trata y sin informarles siquiera de dónde iban a ir”, relata.
Según Muroni, la ley migratoria aprobada por el Gobierno italiano produce “inseguridad y miedo”. “Además del cierre de grandes estructuras como esta, que pueden tener su lógica siempre que sean ordenadas, Italia ha desmantelado el sistema de acogida creado por los municipios y ha reducido al mínimo la protección humanitaria”, insiste.
Desalojos y recortes a las redes municipales de ayuda
Mientras tanto, Salvini presume con cifras de que la menor concesión de estos permisos está suponiendo un ahorro para el Estado. Los datos del Ministerio del Interior determinan que en lo que va de año, solo el 9% de quienes solicitaron algún tipo de permiso recibieron el asilo; un 8% obtuvieron otros tipos de protección por motivos humanitarios; mientras que al 78% les fue denegada la solicitud. En el mismo periodo del año pasado el número de rechazados era del 57%.
Estas son algunas de las primeras consecuencias del llamado “decreto de seguridad e inmigración”, por el que hace un par de meses ya comenzó el desalojo de otros centros de acogida para migrantes en el sur del país. Sin embargo, el del Castelnuovo di Porto ha sido uno de los mayores desalojos hasta el momento. El próximo paso será la clausura del más grande de estos centros, ubicado en Sicilia, así como de las redes de ayuda impulsadas por los ayuntamientos, que se quedarán sin fondos.
Varios alcaldes y gobernadores de provincias ya han mostrado su oposición a la política restrictiva del Gobierno. También el Movimiento 5 Estrellas, muy duro hasta ahora en la gestión de la inmigración, ha comenzado a distanciarse de la Liga de Salvini, sus socios en el Ejecutivo. En algunos casos estos movimientos responden a los próximos comicios para el Parlamento Europeo, en los que ambos partidos necesitan distanciarse al competir por un mismo electorado. Sin embargo, quien sigue marcando el paso de la política migratoria sigue siendo el líder ultraderechista.