En medio de una fuerte expectación política y mediática, este martes ha comenzado el juicio contra Ahed Tamimi, que cumplió los 17 años estando ya en prisión el pasado 1 de febrero. Esta joven, que se ha convertido en el principal símbolo actual de la resistencia palestina ante la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Oriental, se hizo famosa a raíz de la difusión de un vídeo en el que, en presencia de una prima suya, propinaba patadas y lanzaba puñetazos contra dos soldados israelíes que habían entrado en el jardín de su casa familiar, en la aldea cisjordana de Nabi Saleh.
Ahed apareció acompañada por un guardia de Instituciones Penitenciarias que la conducía tirando de los grilletes que la mantenían maniatada. Dada la importante presencia de medios de comunicación, en el momento que hubo un intento de grabar o fotografiar la forma en que el guardia le daba un fuerte tirón a las esposas, el juez militar dio orden de desalojar la sala. No sólo para los periodistas, sino también para todos los familiares, amigos y simpatizantes que habían acudido para apoyarla, e incluso a los representantes del cuerpo diplomático.
El teniente general del Tsahal (fuerzas armadas de Israel), Menahem Lieberman, arguyó que en aras de proteger la intimidad de la menor era mejor celebrar la audiencia a puerta cerrada. Una paradoja, según argumentaron algunos de los presentes, que el magistrado mostrara tanta preocupación por la protección del derecho a la intimidad y a la imagen de la joven, cuando se baraja una condena de unos diez años de privación de libertad.
Argumentos de la defensa
La abogada defensora, Gabi Lasky, ha criticado la hipocresía de la medida distada por el juez militar. “La corte usa ahora el falso pretexto de proteger estos derechos para protegerse a sí misma de las críticas que genera este caso”, ha denunciado la letrada. De hecho Lasky, quien fuera secretaria general del movimiento pacifista Shalom Ajsav (Paz Ahora), ha intentado convertir el juicio de Ahed en un paradigma de un gran juicio legal y político contra la ocupación.
“El control israelí de los territorios palestinos constituye una ocupación ilegal”, ha espetado la abogada ante el juez para así poner en cuestión tanto la jurisdicción como la legitimidad de una corte de justicia militar que juzga no a civiles y menores palestinos. Lasky aprovechó para condenar la aplicación de dos ordenamientos jurídicos dentro de un mismo territorio, en función de criterios de nacionalidad, etnia y religión.
A los palestinos se les aplica la jurisdicción militar –mucho más dura, que hace que la comisión de faltas pueda acarrear amplias penas– y a los colonos israelíes la civil –mucho más laxa, que hace que el asesinato de un palestino por parte de un colono pueda verse penado con una sanción económica y una sentencia de meros servicios comunitarios–.
“Cincuenta años después de la ocupación israelí del territorio palestino, ya no se puede considerar como una situación temporal, derivada de las necesidades militares”, continuó argumentando Lasky, que concluyó con un llamamiento al fin de la presencia israelí en Cisjordania.
Detenciones de menores
La letrada terminó su intervención recordándole al tribunal militar sus obligaciones para con lo prescrito en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que constituye el marco jurídico ratificado por Israel para todo lo relativo a la infancia y citando una de las conclusiones del último informe de UNICEF: “En ningún otro país los niños son sistemáticamente juzgados por tribunales militares de menores lo que, por definición, está lejos de proporcionar las garantías necesarias que aseguren el respeto a sus derechos”. Este aspecto resulta especialmente relevante cuando Israel se jacta de ser la única democracia de corte occidental en Oriente Próximo.
Según la organización palestina para los derechos de los presos Addammeer, el número de menores palestinos detenidos en cárceles israelíes asciende hasta los 350, además de 58 mujeres. Por este motivo la delegación en Ramala de la Oficina del Alto Representante para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) ha emitido un comunicado solicitando al Estado de Israel que recapacite sobre el trato jurídico que está reportando las Tamimi –tanto a Ahed como a su madre Nariman, también detenida y pendiente de juicio– y aproveche para revisar todo el entramado legal y judicial que utiliza para juzgar a menores.
La próxima vista del juicio, en la que se espera que las acusadas sean declaradas culpables, tendrá lugar ante el mismo tribunal el próximo 11 de marzo. Todo apunta a que las Tamimi recibirán una condena ejemplar dado que el actual gobierno de Israel –el más derechista de la historia del país- no acepta ni la resistencia -aunque sea no violenta–, ni tampoco la disidencia. Y menos si la acusada se ha convertido en un ícono de la lucha contra la ocupación.