Paralizadas ante las dudas sobre su legalidad. La justicia ha empujado la suspensión de “todas las devoluciones” de menores migrantes desde la ciudad autónoma, al menos durante las próximas 72 horas, “hasta que se verifique cómo se ha realizado el procedimiento” de retorno, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es. La decisión supone un varapalo contra el operativo de retorno de niños y adolescentes desde la ciudad autónoma, activado por Interior y el Gobierno local desde el pasado viernes, a pesar de las duras críticas expuestas por Fiscalía, el Defensor del Pueblo, ONG y el Ministerio de Derechos Sociales, entre otros.
La decisión está ligada al habeas corpus registrado este lunes por la asociación Coordinadora de Barrios, ante la posible detención ilegal de cinco adolescentes migrantes durante su traslado desde el polideportivo de Santa Amelia a la frontera del Tarajal. La magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Ceuta, en funciones de guardia, no entiende que haya habido detención ilegal, pero tras escuchar su testimonio, se ha decidido parar las expulsiones durante los próximos tres días, según han informado las mismas fuentes y ha confirmado la vicepresidenta de la ciudad autónoma, Maribel Deu.
“Nos acaban de comunicar que no se acepta el 'habeas corpus' presentado por los cinco chicos, que se procede al archivo de la causa y que, como medida cautelarísima por el contencioso vamos a estar 72 horas porque han pedido explicaciones del procedimiento a las autoridades competentes: Ministerio del Interior y Delegación del Gobierno”, ha explicado Deu este lunes a los medios de comunicación.
La paralización temporal de todas las devoluciones de menores llegó horas después después de otro contundente auto, que frenaba el retorno de un primer grupo de nueve niños y adolescentes marroquíes. El operativo analizado, concluía el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Ceuta, no cumple con “nada de lo ordenado” en la ley. Este mismo lunes, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió al Estado español la suspensión cautelar de la devolución de otro grupo de diez menores, tras la queja registrada por las organizaciones Save de Children, Andalucía Acoge y Gentium.
A pesar de la contundencia de la primera resolución y las muchas críticas recibidas, Interior mantenía hasta la noche de este lunes su plan de devolución de menores. Según fuentes del Ministerio, la primera resolución judicial se refería “al retorno de un grupo concreto” de niños, pero consideraba que no afectaba “a todo el proceso” por lo que pretendía “continuar” con el operativo. Desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska matizaban antes de la segunda resolución judicial que estudiará con detalle el auto y “siempre” acataría lo ordenado por la Justicia.
También ha entrado en escena la Audiencia Nacional, que ha dado 24 horas de plazo a Interior para que remita el oficio del 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación de menores migrantes, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha emitido una resolución en el marco del procedimiento impulsado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que este lunes interpuso recurso ante la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales.
Tensiones en el Gobierno de coalición
La primera resolución judicial contra los retornos de menores volvió a aumentar la tensión en el seno del Gobierno de coalición. Desde el pasado viernes, el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Iobe Belarra había mostrado su oposición a estos retornos. Tras la resolución del juzgado ceutí, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la directora general de Derechos de la Infancia, Violeta Assiego, enviaron una segunda misiva a Grande-Marlaska en la que pedían de forma expresa la paralización de las devoluciones: “Solicitamos que se detenga la operación de repatriación a Marruecos de personas menores de edad extranjeras que están a cargo de la Entidad Pública de protección española de la ciudad de Ceuta”.
Las repatriaciones de los menores han provocado un duro enfrentamiento entre dos ministerios del Gobierno de coalición, el de Interior y el de Derechos Sociales. El primero, en manos del PSOE; el otro, de Unidas Podemos. La relación del espacio político que lidera ahora Yolanda Díaz con el titular de Interior ha sido mala desde que fuera nombrado en 2018 en el primer mandato, en solitario, de Pedro Sánchez. Uno de los principales motivos ha sido, precisamente, la política migratoria impulsada por Grande-Marlaska.
En las últimas horas ambos departamentos han hecho pública su disputa. Primero, Grande-Marlaska aseguró en una entrevista en la cadena Ser que había existido comunicación previa entre los ministerios sobre el operativo de devolución que se puso en marcha el viernes. El ministro respondía así a la carta remitida desde Derechos Sociales a Interior ese mismo día, tras enterarse por las asociaciones de protección de la infancia que operan en Ceuta de las repatriaciones.
En la misiva ya se advertía del posible incumplimiento de la ley y se señalaba la responsabilidad única de Interior en la fórmula elegida para llevar a cabo las devoluciones, y que finalmente la Justicia ha considerado contrarias a derecho.
“Todos hemos estado informados en los términos precisos”, dijo en la Ser el ministro del Interior, después de ser preguntado si tanto la Fiscalía como sus socios de Gobierno estaban al tanto de lo que iba a suceder. Poco después llegaba el desmentido desde Derechos Sociales. Fuentes del ministerio que dirige Belarra aseguraban a elDiario.es que no había existido ninguna comunicación oficial: “Marlaska no ha contactado con Ione Belarra por ningún medio en ningún momento de esta crisis”.
Casi a la vez que Marlaska, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, revelaba en RNE que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había hablado con Pedro Sánchez para pedirle que “intervenga” y detenga “inmediatamente” las devoluciones de menores a Marruecos. Fuentes de la Vicepresidencia de Unidas Podemos señalan a este medio que Díaz escribió a Sánchez cuando se publicó en prensa lo que estaba ocurriendo en Ceuta y que le pidió el cese de estas prácticas porque se podía estar vulnerando derechos de los menores. La respuesta de Moncloa fue que se “está cumpliendo la legalidad”, según las mismas fuentes.
Además, el Ministerio que dirige Belarra reclamaba en la misiva formalmente a Interior “información detallada de las actuaciones hasta ahora realizadas, así como conocer cuál es la entidad de protección en Marruecos que se ha hecho cargo de los menores ya repatriados”. Otra respuesta a Marlaska, quien en la Ser había dicho por la mañana que “para obtener conocimiento expreso de cómo se desarrollan los acontecimientos está bien pedir información complementaria, pero siempre es complementaria”.
Durante la entrevista, el titular de Interior también defendió que no se estaban realizando “expulsiones de menores” sino que estos chavales estaban siendo “retornados de forma asistida” y respondió de forma afirmativa tras ser preguntado sobre si todos los adolescentes devueltos querían regresar a su país. Sin embargo, los peticiones interpuestas ante los juzgados ceutíes y ante la ONU por distintas ONG con el objetivo de paralizar su expulsión, registradas en nombre de los afectados, evidencian la voluntariedad deslizada por el ministro.
Cronología de la devolución de menores en Ceuta
El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP) visitó a Grande-Marlaska en los días previos a la Conferencia de Presidentes del 30 de julio. El ministro le aseguró entonces que Marruecos estaba dispuesto a aceptar tarde o temprano el retorno de todos los migrantes adultos que permanecen irregularmente en la ciudad desde mediados de mayo y que, aunque era más difícil, quizá también acabaría admitiendo repatriar a los menores, un hecho sin precedentes desde una ciudad que Rabat considera propia.
No parecía que podría ser tan rápido. El 9 de agosto, al ser preguntada por el estado de las relaciones bilaterales y por sus planes para escolarizar a los niños foráneos solos con menos de 16 años, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, aseveró que las pruebas de la mejora en las relaciones con Marruecos se verían “en días” y que era tan “optimista” que esperaba no tener que preocuparse por ellos en septiembre.
Al día siguiente la Secretaría de Estado de Interior “rogó” por escrito que se procediese “al retorno de los menores al Reino de Marruecos respetando en todo momento sus intereses y derechos”. Esa “orden sin firma” es, tal y como ha reprobado el Ministerio Público, la única “fundamentación jurídica” de los retornos forzados que comenzaron el viernes.
24 horas después, representantes de la Delegación con su secretario general y los mandos policiales al frente, autoridades “de alto nivel” marroquíes y, de forma inaudita, una comitiva de la Ciudad Autónoma encabezada por su consejera de Presidencia, Mabel Deu, se reunieron en la frontera del Tarajal. Una funcionaria del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad expuso sus reparos legales a la operación, pero los políticos decidieron seguir adelante. Cuando la Fiscalía de Menores de Ceuta, que no había sido informada, supo de la cita incoó diligencias de protección y pidió información tanto a la Delegación (que ni contestó) como al Ejecutivo local, que tildó la reunión de “informal” y no varió sus planes.
El pasado viernes a última hora de la mañana, con los técnicos del Área de Menores de la Ciudad al margen, arrancó el dispositivo, en el que el primer día tuvo un gran protagonismo la Policía Nacional, que posteriormente se lo ha ido cediendo a la Local y a Protección Civil en el traslado y custodia de los menores hasta la frontera desde el polideportivo Santa Amelia, el albergue del que han salido todos los expulsados y el único en el que Save The Children no había comenzado las entrevistas personales para detectar perfiles vulnerables.
El operativo empujó al Área de Menores, de la que depende la tutela de estos menores, a solicitar amparo a la Fiscalía de Ceuta para “evitar la vulneración de derechos” de los niños y adolescentes marroquíes que continúan en la ciudad, ante las “devoluciones sin garantías” que aplicadas por el Gobierno local (del que dependen) y el Ministerio del Interior. En un escrito, los técnicos de infancia advierten de que no han participado en el operativo de retorno de adolescentes marroquíes activado el pasado viernes, y recuerdan que su obligación es alertar a la Fiscalía de cualquier incidente que les ocurra a los menores que se encuentran bajo su guarda.
El Gobierno de Ceuta, que se mantiene “leal” y sin atisbo de críticas al Ejecutivo central pese a la actitud del PP nacional, ha llamado a todos los representantes institucionales locales a cerrar filas frente a los críticos con el procedimiento. Desde su punto de vista hay que creer que Marruecos velará por dar la mejor atención a sus menores, ya sea vía reagrupación familiar o dándoles asistencia pública, y valorar que la ciudad sale fortalecida políticamente del trance.
Mientras, el miedo a la devolución se ha extendido entre los cerca de 800 menores que llegaron a Ceuta durante los días 17, 18 y 19 de mayo y aún continúan en la ciudad. Alrededor de 30 chavales se han escapado en los últimos días del polideportivo de Santa Amelia . A las precarias condiciones en las que viven desde hace meses, se suma su encierro en esta instalación, que carece de patio exterior. Según trabajadores de la Fundación Samu, que gestiona el espacio, las salidas han sido “suspendidas” desde este viernes, el día en que comenzó el operativo de devolución de menores.
Otros, como Mohammed, no se han escapado del centro donde están alojados pero, desde el pasado viernes, cada día temen una posible devolución a su país. El día que Samira (nombre ficticio) decidió llevarle a las naves que alojan a los menores marroquíes llegados a Ceuta durante la crisis, el adolescente de 15 años empezó a temblar. En el interior del vehículo, rogaba a la mujer que lo acogía desde hacía días no ser entregado a las autoridades por el temor a la devolución. El niño le contó la situación familiar que le hace vivir con miedo ante una posible vuelta a casa.
Tras semanas escondido en la casa de esta vecina ceutí, Mohammed decidió entrar voluntariamente en uno de los centros temporales de menores, los módulos prefabricados de Piniers, desde donde se queja de las condiciones y la falta de actividades. “Decidió irse de mi casa al centro, porque quería estudiar y pensó que allí podría conseguir avanzar, pero desde el viernes me llama todos los días llorando, diciendo que no quiere volver”, dice Samira, preocupada por el chaval.