La ley de libertad sexual impedirá que las víctimas sin papeles sean deportadas tras denunciar una violación

La ley de libertad sexual, que el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros de cara al próximo 8M, impide que las víctimas de agresiones sexuales en situación administrativa irregular puedan ser expulsadas una vez denuncien la violencia que han sufrido. El borrador del Ministerio de Igualdad, al que ha accedido eldiario.es, lo incorpora como parte del derecho de las víctimas a la asistencia integral. El texto, que aún puede cambiar, específica que a estas mujeres “no se les incoará expediente administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español” y, en caso de haberse iniciado, será suspendido.

Se trata de una medida que ya existe para las mujeres que han sufrido violencia de género. Es decir, las víctimas de maltrato en el ámbito de la pareja o expareja no pueden ser deportadas de acuerdo con la Ley de Extranjería, que incluyó este mecanismo de protección en 2011. Si una mujer sin papeles acude a una comisaría a denunciar este delito, los agentes no pueden abrir un procedimiento de expulsión y, en el caso de tenerlo abierto, este queda automáticamente suspendido hasta la resolución del procedimiento penal.

Para reforzar este mecanismo de protección, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, blindó esta previsión el pasado mes de mayo en una instrucción enviada a la Policía Nacional para mejorar la identificación de estos casos y evitar su expulsión del país una vez acceden al sistema de protección. Sin embargo, no contemplaron a las víctimas de violencia sexual.

Entonces, fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska aseguraron, sin determinar plazos, estar “trabajando en instrucciones para incluirlas”. Nueve meses después, desde el ministerio confirman no haber dictado ninguna orden al respecto. Hacerlo es cumplir con el Pacto de Estado de Violencia de Género, que incluye la “revisión” de la Ley de Extranjería para “mejorar la protección a las víctimas de todas las formas de violencia de género evitando procedimientos sancionadores por estancia irregular”.

Con la propuesta del Ministerio de Igualdad, que en los últimos días ha desatado tensiones en el Gobierno de coalición, las víctimas de agresiones sexuales estarán protegidas de la expulsión incluso cuando no denuncien. Esto es así porque el borrador incorpora un sistema de reconocimiento oficial de víctimas, necesario para acceder a determinados derechos, que no depende de que entren en el sistema judicial: servirá con informes médicos, de Servicios Sociales o de recursos especializados. El Gobierno trabaja actualmente para que este sistema se implante totalmente para las víctimas de violencia de género.

Disuade para denunciar

Amnistía Internacional documentó en 2018 que esta laguna legal puede dar lugar a que las víctimas se encuentren con un expediente sancionador de expulsión (el primer trámite del procedimiento de repatriación) en el mismo momento de denunciar una agresión sexual o bien sea iniciado un tiempo después. Teniendo en cuenta, además, que los procesos judiciales por agresión o abuso sexual pueden dilatarse en el tiempo llegando incluso en ocasiones a abarcar tres o cuatro años, la posibilidad se mantiene y las víctimas pueden ser encerradas en Centro de Internamiento para Extranjeros.

La ONG concluía que este riesgo ligado a la denuncia “aboca a estas mujeres migrantes a no denunciar por miedo a desvelar su condición administrativa en España”. Bárbara Tardón, experta en violencia sexual y una de las autoras del informe también alertó de esta situación en su tesis La violencia sexual: desarrollos feministas, mitos y respuestas normativas globales, en la que lo define como “castigo” a las mujeres migrantes en el caso de querer “denunciar algún tipo de violencia sexual”.

Este vacío legal ha afectado de una manera destacada a las empleadas domésticas que residen sin papeles en España. La asociación Sedoac ha denunciado acceder a numerosos testimonios de trabajadoras que cuentan las agresiones sexuales de las que han sido víctimas, ya sea por parte de sus empleadores o en sus ratos libres.

Un informe de 2013 de la organización Aspacia, centrado en la desprotección de las víctimas de agresión sexual en situación irregular, reconoce que “esta laguna normativa está siendo paliada 'de facto', pues la policía habitualmente no realiza labores de control de extranjería cuando las mujeres se acercan a denunciar violencia sexual”. Sin embargo, “puede ocurrir”, por lo que el temor a ser deportada se suma al miedo habitual ligado a denunciar una violación, como evidencian algunos casos registrados en el documento. “Deja la puerta abierta a la arbitrariedad, lo cual implica gran inseguridad para las mujeres”, detalla el estudio.

“Cada comisaría es un mundo”

La inexistencia de un mecanismo legal que bloquee su expulsión provoca que las víctimas de violencia sexual sin documentación reciban el mismo trato que cualquier ciudadano sin papeles víctima de otro tipo de delito. Según los expertos consultados, en estos casos, la falta de normativa para amparar a migrantes sin documentación empuja la arbitrariedad a la hora de ser atendidos en dependencias policiales.

La Asociación de Abogados Extranjeristas reconoció en 2019 que, atendiendo a su experiencia, por lo general los letrados especializados aconsejan a sus clientes que “las personas sin papeles que lo necesiten registren la denuncia en los juzgados de guardia” y evitar así el contacto con la Policía, ante el riesgo de que los agentes de turno decidan incoar un expediente de expulsión. “Como no está previsto en ninguna normativa, se puede dar: cada comisaría es un mundo”, explicó el portavoz de la organización, Paco Solans.

En mayo del año pasado, por ejemplo, una mujer de nacionalidad hondureña fue a la comisaría de la Policía Nacional de Xirivella (Valencia) para denunciar los golpes y amenazas de un hombre -no relacionados con violencia de género-, pero acabó con un procedimiento de expulsión abierto por estancia irregular en España.

En 2013, salió a la luz el caso de Olga (nombre ficticio), una mujer rusa que fue agredida sexualmente por unos desconocidos en Galicia. La víctima, que vivía en situación irregular en España, denunció los hechos en dependencias de la Guardia Civil pero a los pocos días, tras ser atendida por los servicios sanitarios y sin ser llamada a declarar ante el juez, fue detenida por simulación de delito bajo la argumentación de que se había inventado la agresión para regularizar su situación.

Un juzgado de instrucción acordó su ingreso en el CIE de Madrid, donde estuvo desde marzo a junio de 2013. Unos meses después las autoridades dictaron un auto autorizando su expulsión. Gracias a la intermediación de varias ONG, el Defensor del Pueblo intermedió para paralizarla.

Las organizaciones sociales llevaban años solicitando acabar con el vacío legal que deriva en situaciones como a la que Olga tuvo que enfrentarse. En 2015, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer recomendó a España priorizar “las iniciativas en favor de los grupos de mujeres vulnerables, entre otras cosas no expulsando a las mujeres migrantes en situación irregular ni a las presuntas víctimas de trata que hayan denunciado haber estado expuestas a la violencia de género”.