“Stop a la invasión”. Estas cuatro palabras han aupado a Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga Norte, a vicepresidente y ministro del Interior en Italia. Su retórica xenófoba se materializó este domingo, cuando ordenó el cierre de los puertos italianos al buque Aquarius, con más de 600 personas rescatadas a bordo. “El Mediterráneo es el mar de todos los países con salida a él y no se puede concebir que Italia continúe afrontando este fenómeno gigantesco sola”, alegó para reclamar a Malta que se hiciera cargo.
Sin embargo, el discurso alarmista y antiinmigración que caracteriza cada intervención de Salvini contrasta con lo que dicen los datos: el número de personas que ha llegado a Italia en su intento de cruzar el Mediterráneo en precarias barcazas está muy lejos de las cifras alcanzadas en años anteriores.
En lo que va de 2018, 14.286 personas han alcanzado suelo italiano, un 76% menos que las que lo hicieron hasta mayo del año pasado, cuando arribaron algo más de 60.000 migrantes, según los datos más recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Solo en junio del año pasado lograron cruzar la frontera italiana más de 23.000 personas, casi el doble de las que lo han hecho este año.
Las llegadas irregulares a territorio italiano contabilizadas en los últimos meses se acercan además, por primera vez en los últimos cuatro años, a las registradas por otro de los países fronterizos de Europa, España. A fecha de 11 de junio, un total de 11.308 migrantes han logrado pisar suelo español por tierra y por mar, casi 3.000 personas menos que Italia.
El número de personas que se juegan la vida en el Egeo para intentar llegar a Grecia también se mantiene en unos niveles similares a las que han sobrevivido al Mediterráneo central desde enero: 12.065, según Acnur. La cifra también ha experimentado un importante descenso en comparación con los cerca de 800.000 migrantes que trataron de alcanzar las islas griegas en 2015, durante la llamada “crisis de refugiados”.
La ruta italiana, a pesar de que llegan muchos menos migrantes y donde están desplegadas las embarcaciones de rescate de las ONG, sigue siendo la principal y la más mortífera de las tres. En los últimos seis meses, 503 personas han fallecido tratando de emprender esta larga y extenuante travesía, el doble de los fallecimientos documentados en el Estrecho y el Egeo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La razón del descenso: los acuerdos con Libia
Varias voces, entre ellas las de las autoridades italianas, atribuyen la caída en picado de las llegadas por el Mediterráneo central, principalmente, al acuerdo entre Italia y las milicias libias para aumentar el control fronterizo. En febrero de 2017, el exprimer ministro italiano Paolo Gentiloni y el presidente del Consejo Presidencial libio, Mohamad Fayed al Serraj, firmaron en Roma un memorándum según el cual Italia se comprometía a aportar apoyo técnico y financiero al país vecino.
ONG y expertos legales llevan tiempo acusando a Italia y a la Unión Europea de haber desplazado la gestión de sus fronteras y de dejar a miles de personas atrapadas en Libia, que es definida como un “infierno” por aquellos que son rescatados en alta mar. Allí son sometidos a todo tipo de abusos hasta que logran zarpar, según han denunciado varias organizaciones internacionales, que han documentado torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, secuestros y esclavitud.
La otra cara del descenso de las llegadas también está en la cantidad de personas que logran echarse al mar pero son interceptadas y devueltas por los guardacostas libias. Los últimos datos de la OIM, del pasado mayo, revelan que una de cada tres personas que han tratado de emprender la ruta hasta Italia han sido devueltas a territorio africano, a quienes las ONG de salvamento han acusado de numerosos abusos durante las operaciones de rescate.
Los encontronazos de las organizaciones humanitarias con los guardias libios en alta mar también se han incrementado desde la firma del acuerdo con Italia, según denuncian ONG como Proactiva Open Arms. El aumento de las restricciones del país vecino desde el pasado verano han provocado que algunos buques de rescate, como los que operaban Sea Eye o Save The Children, se hayan retirado del mar.
Las organizaciones que mantienen sus operaciones en el Mediterráneo han asegurado que su intención es permanecer tras el pulso del ministro Italiano con el Aquarius. Lo harán, dicen, mientras se sigan produciendo muertes en el mar. Organismos internacionales como Acnur y ONG especializadas llevan tiempo reclamando a los gobiernos europeos que pongan en marcha mecanismos legales y seguros de entrada al continente europeo para evitar que estas personas se vean empujadas a arriesgar su vida en el mar.
Muy por debajo de las llegadas registradas desde 2014
Tras el desplome de las llegadas como efecto de estos acuerdos, quedan lejos las cifras contabilizadas en los puertos italianos en los últimos años: más de 119.000 llegadas en 2017, más de 180.000 en 2016, el máximo registrado.
Estos miles de desembarcos en territorio italiano mientras aumentaba la sensación de “abandono” por parte del resto de la Unión Europea en la acogida de migrantes, han dejado un terreno abonado para que cale el discurso xenófobo de Salvini sobre la supuesta política de puertas abiertas de los gobiernos anteriores.
Según el Reglamento de Dublín, cuya reforma se abordará este mes, el Estado miembro responsable de la acogida de un solicitante de asilo es el primer país donde hayan quedado registradas sus huellas dactilares, lo que deja la responsabilidad sobre Italia, Grecia y España debido a su posición geográfica. Casi 127.000 personas solicitaron asilo en Italia el año pasado frente a las algo más de 30.000 que lo hicieron en España, según datos de Eurostat.
A pesar de la normativa comunitaria y el riesgo de ser devueltos al Estado por el que entraron a la UE, son muchos quienes intentan probar suerte y continuar de forma clandestina su periplo hacia países del norte de Europa. A su llegada a las islas italianas, es común que los recién llegados traten de viajar a Roma para, desde allí, trasladarse a la frontera con Francia, un camino cada vez más complicado.
Las cifras de llegadas a Italia no coinciden, por tanto, con el número de personas que acaban permaneciendo en el país, pero la inexistencia de datos oficiales complica calibrar las dimensiones de estos movimientos secundarios.