Aminata Camara, de 25 años, es una de las 86 personas migrantes guineanas expulsadas por Marruecos el pasado 28 de septiembre desde la ciudad de Dajla. El reino marroquí retomó entonces las deportaciones de migrantes desde el Sáhara Occidental, punto de partida clave de pateras hacia Canarias. “Nos llevaron al aeropuerto, no nos tomaron las huellas, no nos pidieron nada ni los datos. Nos dieron los billetes del vuelo, sin equipaje”, contaba la mujer guineana a elDiario.es mientras acababa de embarcar en el avión.
De fondo se escuchaba el revuelo, los gritos de un grupo de mujeres, mientras ella se atropellaba al denunciar nerviosa que los militares la habían metido en un avión en Dhkala junto a otros 80 compatriotas (28 mujeres), y que los expulsaban a su país. “Los militares que nos acompañaron en el viaje nos abandonaron en el avión. Un bus nos llevó a la parte nacional del aeropuerto de Conakri y nos dejaron allí sin más, a pesar del coronavirus. Tuvimos que coger taxis para llegar a nuestras casas”, denunciaba ya en su país.
Desde entonces, han salido al menos tres aviones más con personas migrantes desde Dajla a Guinea Conakry, Senegal y Mali. El último vuelo de deportación se organizó el pasado 11 de noviembre, con alrededor de un centenar de personas que la Marina Real marroquí había interceptado en la costa atlántica intentando salir hacia las Islas Canarias. Los metieron en dos autocares en la ciudad saharaui para enviarlos en avión a Dakar. Allí, fuentes del aeropuerto, corroboran a este medio que el miércoles llegó un grupo de senegaleses.
En el momento en que se ejecutaba la expulsión de los ciudadanos malienses el pasado 2 de octubre, elDiario.es contactó telefónicamente con Traore, el presidente de la comunidad maliense en Marruecos. “Hemos sido detenidos ilegalmente, nos cogieron en las casas y nos encerraron tres semanas en un centro de detención en El Aaiún. Hoy nos llevan al aeropuerto de Dajla para deportarnos a Mali. Somos algo más de 80 personas. Y las autoridades malienses han firmado una deportación voluntaria, mientras que nos están forzado a dejar el país sin ningún papel”.
Desde Dajla, François, que se salvó de la expulsión, asegura a este medio: “A los subsaharianos nos cogen diciendo que tenemos el coronavirus para meternos en cuarentena. Los test de PCR en los trabajos son obligatorias para los subsaharianos. Y a 115 senegaleses, 95 guineanos y 80 malienses los deportaron a sus países”.
Entre los expulsados había migrantes que residían desde hace tiempo en El Aaiún y Dajla, ciudades saharauis desde donde se registran la mayoría de las salidas en embarcaciones a Canarias, la ruta migratoria más transitada actualmente en España. Hasta el 15 de noviembre, llegaron 16.760 personas en 553 embarcaciones, según los datos del Ministerio del Interior. En plena crisis migratoria en las islas, Marlaska viaja este viernes a Marruecos con el objetivo de reforzar la cooperación en materia fronteriza y evitar la salida de pateras hacia las islas.
Por su parte, una fuente oficial de migración desde Rabat confirma a elDiario.es los cuatro aviones de expulsión, pero con 120 personas de Mali, entre los que se encontraban cinco guineanos; 28 mujeres deportadas a Guinea Conakry y 144 senegaleses rescatados en el mar. A los que hay añadir los últimos 100 enviados a Senegal la semana pasada. “Algunos son migrantes expulsados inicialmente de Tánger, Nador, Rabat, Casablanca y Alhucemas hacia la frontera de Marruecos con Argelia en Tiouli, región de Jerada, a unos 60 kilómetros de Oujda”, precisa la misma fuente. Las devoluciones se hicieron con tres de los cuatro países –el otro es Costa de Marfil– con los que Marruecos estableció un acuerdo para acceder al país sin visado.
“Había un bebé de tres meses con nosotros”
Aminara pasó tres semanas encerrada junto al resto de personas de origen subsahariano antes de ser expulsadas desde el Sáhara Occidental. “Había un bebé de tres meses con nosotros, otro de dos meses con su madre, dos niños de 5 y 8, una niña de 9 años”, recuerda ya desde una localidad cercana a Boffa, en la región de Boké (Guinea Conakry).
“La Gendarmería vino a la casa por la noche. Estábamos dormidos. Llamaron a la puerta y nos pidieron que abriésemos, cuando lo hicimos, nos hicieron salir y montar en los vehículos, nos llevaron a prisión y nos encerraron tres semanas.
“¿Qué hemos hecho?”, preguntaron. “Nada, tenéis que salir” respondieron los militares.
Después la encerraron tres semanas en un centro de detención improvisado. “Nos maltrataron, nos trataban como esclavos. Pegaron a una amiga allí, y le rompieron el pie. Cuando alguien caía enfermo, lo abandonaban fuera, y nadie te miraba, ni siquiera te llevaban al hospital. Solo comíamos pan y sardinas, ni agua nos daban. Enfermó mucha gente, yo misma me puse mala. Fue un calvario”, enumera apresuradamente por teléfono.
Durante el encierro les hicieron dos veces los test PCR para detectar el coronavirus. Y después de que las autoridades firmasen junto a los representantes de los consulados su expulsión, los metieron en aviones a sus países de origen. “Nos maltrataron, nos encerraron, nos pegaron, nos hicieron todo lo malo, lo prometo”, dice en un susurro.
“Han violado nuestros derechos y queremos verdaderamente justicia”
Precisamente, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Nador ha denunciado detenciones forzosas desde que comenzó el confinamiento en el mes de marzo. “Estas condiciones inhumanas de confinamiento son una práctica voluntaria de las autoridades marroquíes para instar a los migrantes secuestrados a que revelen sus datos personales para posteriormente identificarlos y deportarlos contra su voluntad”, mantiene la AMDH.
Finalmente, Amina está en Guinea: “No es fácil. No tengo apoyo ni nadie que me pueda ayudar. Cuando llegamos, contactamos con Naciones Unidas. Nos dijeron que nos iban ayudar, pero después no nos han llamado, también nos ha abandonado. Nadie nos ha escuchado”.
Esta joven viajó a Marruecos para mejorar el nivel de vida. En su país, creció en la calle después de perder a sus padres. Habló con un amigo magrebí y emprendió la ruta de Argelia, pasando por Mali y entrando finalmente a Marruecos. El objetivo era trabajar, “jamás osé a cruzar a España. Lo encuentro muy peligroso. Cada día muere gente en el agua. Nunca intenté eso”, confiesa.
“Los dos años en Marruecos no había nada que hacer. Tampoco fue fácil”, rememora desde Guinea. Compartía una habitación con ocho personas y trabajaba en una empresa de pescado en Dkhala, pero “los militares me pegaron y perdí mi bebé. Tuve un aborto”. Tras esta desgracia, se trasladó a una residencia particular en El Aaiún “donde trabajaba día y noche por 150 euros al mes, que me llegaba para pagar el alojamiento y la comida”.
AMDH denuncia las “deportaciones forzosas” que el gobierno disfraza de “voluntarias”
El gobierno disfraza estos vuelos con datos de “retorno voluntario” porque los están gestionando al margen de los organismos internacionales. La AMDH de Nador denunció en las redes sociales: “La deportación forzosa de migrantes subsaharianos por las autoridades marroquíes continúa desde Dajla”.
“Desalojos inhumanos que no podían hacerse sin la complicidad de las embajadas en Rabat y sin el dinero de la Unión Europea (UE)”, apunta la AMDH. Incide además en sus publicaciones en Facebook en que “son expulsados con la complicidad de su embajada y con el dinero de la UE y la Organización Internacional de Migraciones (OIM)”.
“Retornos a la fuerza, y no voluntarios”
Desde el organismo confirman que se trataba de “retornos a la fuerza, y no voluntarios”. Las ONG denuncian “corrupción” porque los cónsules firmaron un retorno voluntario con Marruecos basándose en acuerdos entre los países que además se han instalado recientemente en el Sáhara Occidental, como es el caso de Guinea Conakry, Senegal y Mali.
Moussa Coulibaly (31 años) habla con elDiario.es desde Mali. Llevaba cuatros años y medio en Marruecos, pero el 2 de octubre por la tarde fue deportado, junto a otras 83 personas malienses. “Fue el consulado el que firmó que nos trajeran al país. Nuestros gobiernos son malos. Realmente sufrimos. Las autoridades han deportado a la mayoría”, delata.
Marruecos ha retomado las deportaciones tras el confinamiento. “Desde principios de julio hasta septiembre de 2020, alrededor de 157 personas han sido expulsadas de Marruecos entre las que había 9 mujeres, 11 menores y 7 personas heridas”, detallaban desde Rabat a principios de octubre.
La AMDH ya denunció en su informe de 2019, que cerca de 600 migrantes habían sido expulsados en autocares desde un centro de internamiento de Nador al aeropuerto de Casablanca en 35 operaciones de deportación durante el año. Entonces ya desveló que los seis países que cooperan con Marruecos para deportar a sus nacionales son Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Senegal, Mali y Burkina Faso.
Precisamente la Organización Democrática del Trabajo (ODT) acusa al gobierno magrebí de descuidar a las personas migrantes desde que apareció la Covid–19. Denuncia en un comunicado que “el sufrimiento de los migrantes africanos en Marruecos solo se ha intensificado y exacerbado durante el período de la pandemia”.