Las autoridades marroquíes han comenzado a expulsar a las personas procedentes de África Subsahariana detenidas en las últimas semanas en el marco de las redadas impulsadas el pasado agosto. La primera deportación se realizó la madrugada del viernes. Alrededor de 40 migrantes fueron trasladados desde Tánger al aeropuerto Mohamed V de Casablanca, desde donde fueron expulsados de Marruecos a Costa de Marfil en avión.
“La semana pasada detuvieron a un grupo de personas en la misma zona del barrio Mesnana. La última información que tenemos es que ya están en Costa de Marfil, porque se trata de un grupo de marfileños”, explica Garalo a eldiario.es, en un café de Tánger. La misma noche del viernes al sábado, este migrante de Mali relata que ya no pudo entrar al barrio de Mesnana, uno de los más poblados con migración subsahariana, debido al exhaustivo control policial que en los últimos días sigue aumentando. Durante la madrugada deambuló por las calles del centro de la ciudad y se acabó refugiando en un café abierto 24 horas al día. Por la mañana pudo volver a su barrio para descansar.
Las propias personas deportadas, que llegaron pasada la medianoche al aeropuerto Félix Houphouët-Boigny, han difundido varios vídeos explicando que ya habían aterrizado en Abijan, la capital administrativa de Costa de Marfil. En uno de ellos, al que ha tenido acceso eldiario.es, se recoge el testimonio de uno de los migrantes deportados. “Llegamos pasada la medianoche. La policía y los servicios secretos nos estaban esperando en el aeropuerto. Nos han hecho muchas preguntas. Nos dijeron que nos van a encarcelar. Después de unas horas nos dejaron en libertad, aunque otras personas todavía están arrestadas. Según ellos, todos los ciudadanos de Costa de Marfil que no tienen documentación en regla van a ser repatriados”, asegura.
Críticas de las ONG locales
Las devoluciones, que se están ejecutando en coordinación con los representantes de las embajadas en los países de origen, han despertado las primeras críticas entre quienes defienden los derechos de las personas migrantes en Marruecos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Nador ha acusado a las autoridades marfileñas de ser “cómplices de las operaciones de deportación forzosa” tras la expulsión efectuada este viernes.
La ONG marroquí, que denunció el martes la detención de 150 personas en Tánger, entre ellas 35 mujeres y siete niños, mantiene que “estas detenciones y devoluciones de mujeres embarazadas y menores no se pueden justificar porque la ley marroquí las prohíbe”; por lo que solicita “la liberación de las mujeres y los niños, y el cese de estas campañas de detención inhumanas en el norte”.
Las deportaciones se producen en el marco de una preacuerdo entre los gobiernos marfileño y marroquí, por el que “todos los residentes marfileños que viven en el territorio marroquí y que no disponen de ningún documento válido para su estancia serán repatriados en el menor plazo posible”, confirman a este medio fuentes periodísticas del país magrebí.
Por su parte, la investigadora Helena Maleno, portavoz de la ONG Caminando Fronteras en Tánger, informaba este jueves en su perfil de Facebook de que “cientos de personas fueron detenidas en Tánger, identificadas por sus embajadas” y se encontraban en las celdas de la comisaría de la ciudad. Asimismo, confirmaba las nacionalidades de los arrestados: Camerún, Senegal, Guinea Conakry y Costa de Marfil. Según un vídeo publicado por esta organización, los otros migrantes detenidos se manifestaron en las dependencias policiales al enterarse de las deportaciones.
También se une a la denuncia el Grupo de Acompañamiento de Extranjeros e Migrantes (GADEM) con el informe Costes y lesiones, sobre la aplicación de la ley en el norte de Marruecos entre julio y septiembre, que se publica el próximo 25 de septiembre. La organización mantiene que “el objetivo de estas operaciones es eliminar, en la medida de lo posible, de las zonas fronterizas a todas las personas de raza negra que no sean nacionales de Marruecos”.
La asociación sostiene que aunque estas operaciones de expulsión y devolución “no son en sí mismas algo nuevo”, se distinguen de las demás por la gran cantidad de personas detenidas –estiman unas 6.500 personas en agosto y en Tánger– y por “la violencia que acompaña a estas operaciones con dos personas fallecidas, incluyendo un menor de edad, y por el arresto de un gran número de menores (121 identificados por GADEM, incluidos 17 bebés) y mujeres embarazadas (21 según los testimonios recogidos)”.
Las redadas, detenciones y expulsiones de migrantes subsaharianos desde las ciudades del norte al sur, a ciudades como Tiznit, comenzaron poco después de que la Unión Europea aceptase pagar al país magrebí decenas de millones de euros en concepto de “cooperación y desarrollo”. El país magrebí, sin embargo, ha solicitado ayuda adicional a la UE en las últimas semanas para hacer frente al control de la inmigración.
Las ONG locales han documentado miles de casos personas introducidas en autobuses y “abandonadas” en zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o en el sur del país. Hace una semana, Amnistía Internacional (AI) acusó a las autoridades marroquíes de perpetrar una “ofensiva a gran escala cruel e ilegítima”. La organización dejó claro que “la represión implacable contra miles de migrantes y refugiados subsaharianos es ilegal”. Nueve asociaciones acusaron a las autoridades marroquíes de cometer “violaciones flagrantes” de los derechos de los migrantes durante estas operaciones policiales, que también han afectado, según indican, a menores, mujeres, residentes con documentación en regla y solicitantes de asilo.
El Gobierno marroquí defiende su actuación
El pasado 31 de agosto, varios ministros y altos funcionarios marroquíes celebraron una reunión con los embajadores de países africanos en Rabat en la que reconocieron y defendieron los traslados de migrantes en situación irregular. Estos acuerdos se cierran a unos meses de la Conferencia Mundial de la Migración, que se celebrará el 10 y 11 de diciembre en Marrakech.
El Gobierno marroquí ha hecho públicas esta semana las cifras relativas al control migratorio. El portavoz del Ejecutivo, Mustapha El Khalfi, aseguró en rueda de prensa que Marruecos “abortó 54.000 tentativas de migración hasta finales de agosto de 2018, frente a las 39.000 durante el mismo periodo de 2017”. Además añadió que “continúan los esfuerzos para tratar las redes de inmigración ilegal, que continúan desarrollando sus métodos”.
Según declaró Jalid Zarouali a Europa Press, director de migración y control de fronteras del Ministerio del Interior, Marruecos gasta al menos 200 millones de euros al año en mantener la seguridad de sus fronteras, y ha defendido que los traslados de migrantes hacia el sur “se realizan en pleno cumplimiento de la ley”.