John Sánchez tomó un vuelo rumbo a Madrid en 2019 para que su nombre no engrosara la trágica lista de líderes sociales desaparecidos. Lo hizo el mismo año que en Colombia se cometieron 250 homicidios contra las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, según el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Pidió asilo en España, pero ni estos datos, ni su testimonio, ni los más de 85 folios presentados para probar su persecución fueron suficientes: “Me denegaron el caso. Cuando recibí la noticia sentí que se me paraba el mundo”, cuenta.
No es un caso aislado. De las 88.762 solicitudes de asilo registradas en España en 2020, solo un 5% fueron aceptadas. De ellas, las peticiones presentadas por ciudadanos colombianos son las más rechazadas. Según los datos del Ministerio del Interior, el Gobierno denegó la petición a 37.907 personas procedentes de Colombia, una cifra que supone la mitad del total de respuestas negativas. Solo 624 colombianos recibieron protección. En los primeros meses de este año, se mantiene la misma tendencia.
Muchas de esas respuestas negativas impactan en la vida de quienes lo dejaron todo atrás para escapar de la violencia generada desde hace décadas en Colombia, donde en las últimas semanas se ha producido un estallido de manifestaciones que están siendo reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad.
“No es nada nuevo”, lamentan Camilo y Daniela, una pareja que prefiere escudarse en un seudónimo por temor a sufrir posibles represalias contra sus hijas. Su historia es una de tantas escondidas entre las 37.907 colombianos que pidieron protección internacional en España y se encontraron con el rechazo de su solicitud.
“Vivíamos y trabajábamos en el departamento del Norte de Santander, en zonas calientes, como nosotros las llamamos, porque allí se concentran cocaleras y hay una fuerte presencia de grupos armados, paramilitares, guerrillas y bandas criminales”, explica Camilo. La familia asegura que se convirtió en objetivo de uno de esos grupos que siembran el terror entre la población.
“Primero empezaron a hostigarnos y después continuaron las amenazas de muerte. Y en Colombia no hay donde refugiarse, en todos los rincones hay presencia de bandas criminales, paramilitares, guerrilleros o narcos. Así que lo vendimos todo y tomamos la decisión apresurada de viajar a España”, cuenta.
En su relato vital marca las fechas exactas de los días en los que cumplieron con los trámites necesarios para demandar protección en España. Cuando llegaron al aeropuerto de Barajas, cuando lograron declarar su intención de pedir asilo y cuando, por fin, formalizaron su petición. Tampoco olvidan el día en que recibieron el rechazo de su solicitud.
El argumento de España para el rechazo
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, aunque reconoce los diversos informes internacionales sobre las “actuaciones de distintos grupos armados con capacidad para ejercer una gran violencia y control sobre la población”, señala que las autoridades colombianas gozan de “sistemas de protección nacional de las potenciales víctimas de estos grupos” . Este sentido, considera que el país cuenta con un “completo sistema para proteger , asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas”. Y concluye: “No queda acreditado un temor fundado de persecución por los motivos indicados (...), por lo que se valora de forma desfavorable el reconocimiento del estatuto de refugiado”.
“Nos denegaron la protección internacional con el argumento de que en Colombia hay paz por el Acuerdo de 2016, pero eso no es cierto, no se ha respetado. De hecho, han aumentado los asesinatos”, se queja Camilo, haciendo referencia al pacto histórico con las FARC, sellado en La Habana pero que no ha terminado con la violencia y asesinatos cometidos por otros grupos paramilitares y guerrilleros, ni los abusos policiales. Según un informe de la Jurisdicción Especial para La Paz, al menos 276 excombatientes de la guerrilla que se acogieron al programa de reinserción en la vida civil y 904 líderes sociales fueron asesinados desde 2016.
John Sánchez era miembro de la junta de acción comunal del empobrecido barrio La Luz, al suroeste de Barranquilla. Ante la falta de oportunidades y proyección de futuro, muchos jóvenes son captados por narcotraficantes o bandas criminales asentadas en la zona. Este padre de familia trabajaba para evitarlo, dando asistencia social a esa población vulnerable. En su teléfono guarda fotos donde se ve una multitud de niños jugando en distintas actividades organizadas. “Este era mi trabajo con estos chicos”, apunta.
Hasta que su labor despertó el descontento de quienes buscan reclutar las vidas de los más pequeños al servicio de grupos armados, criminales o narcotraficantes. “El 19 de octubre de 2019 me abordaron en la calle, me pegaron y me amenazaron de muerte”, cuenta Sánchez. Este fue el punto de inflexión que le forzó a abandonar su país, y dejar atrás a su familia y su trabajo, para proteger su vida.
Su historia, como todos los solicitantes de asilo, la ha contado ante la oficina de asilo para obtener protección internacional en España. Incluso acompañó su petición de un extenso informe que incluía recortes de prensa local, donde aparecían sus fotos marcadas con signos de violencia. Tiempo después, recibió la negativa.
A pesar del alto porcentaje de rechazos, el país latinoamericano sigue siendo la segunda nacionalidad de procedencia de los demandantes de protección en España en 2021, con 1.915 solicitudes de asilo presentadas, solo por detrás de Venezuela, según los últimos datos de Interior.
Cuestionan las garantías aplicadas en el procedimiento
Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, explica que en las distintas resoluciones que han conocido, se han encontrado con argumentos similares: “La valoración de la Oficina de Asilo y Refugio es que los grupúsculos herederos de FARC o paramilitares ya no tienen capacidad de persecución suficiente y el Gobierno de Colombia tiene la capacidad suficiente de perseguir a estas bandas criminales”. Una justificación que excluiría a los solicitantes de los motivos de persecución recogidos en la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados.
Sin embargo, Muñoz apunta que sí se dan casos de “persecución y que reúnen requisitos para la protección internacional”. En cuanto al análisis de la situación de expedientes de asilo de personas de nacionalidad colombiana, apunta que, en términos generales, “se está cumpliendo con el plazo legal de seis meses para estudiar los casos, pero existe el temor de que la celeridad pueda llevar a que no se haga un análisis individualizado de cada expediente”.
El Ministerio del Interior, encargado del estudio de las solicitudes, defiende que el procedimiento cumple con todas las garantías. “Cualquier expediente de protección internacional se analiza de forma individual y se resuelve de forma individual, uno a uno, se concede cuando se cumplen los requisitos y se deniega cuando no se cumplen”, dicen fuentes de Interior. “Son muy escasas las veces en las que una resolución de la Oficina de Asilo y Refugio es rectificada en un procedimiento contencioso-administrativo”.
Pese a todo, John Sánchez no se da por vencido y ha vuelto a presentar los trámites de asilo. “Nosotros, los colombianos nos merecemos que los Derechos Humanos se hagan valer, dentro y fuera de nuestro país”, replica tomando aire. “Sigo luchando, no me voy a cansar. Quiero brindarle a la sociedad española todos mis conocimientos, tengo mucho que aportar”.
Daniela y Camilo tampoco flaquean, aunque se encuentren en un “limbo” y la denegación de la solicitud de asilo ha conllevado la pérdida del trabajo de ella. “Somos colombianos y hacemos magia para sobrevivir”, dice Camilo.