Tres jóvenes que aseguran ser menores se encuentran encerrados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid desde finales de julio, escasos días después de alcanzar las costas españolas en patera. Las familias de los adolescentes, de origen argelino, han presentado ante el centro social Pueblos Unidos copias de la documentación que acredita su minoría de edad, a la que ha accedido eldiario.es. Sin embargo, las quejas interpuestas por los internos y ONG ante la dirección del CIE, el Defensor del Pueblo, la Subdelegación del Gobierno de Almería y el juzgado que dictaminó su internamiento no han tenido su efecto. Llevan ya un mes en privados de libertad.
Los tres adolescentes alcanzaron las costas españolas a finales de julio. Dos de ellos, Rachid y Mourad (nombres ficticios), viajaron en la misma embarcación el 26 del mismo mes o junto a otras 21 personas, según reza el acuerdo de devolución. “23 varones mayores de edad”, señala el documento. Como la mayoría de migrantes que recorren la ruta, viajaban sin documentación. La Policía Nacional los identificó como mayores de edad y un juzgado almeriense decretó su internamiento en el CIE. Ellos aseguran ser menores.
Su desesperación llegó a principios de agosto a los oídos del centro social Pueblos Unidos, obra jesuita que realiza visitas en el CIE de Aluche. Tras mantener sendas conversaciones con los adolescentes, la entidad contactó con sus familias para solicitar documentación que acreditase la minoría de edad de sus allegados, privados de libertad en Madrid. No tardaron en enviarla desde Argelia.
La copia oficial de las actas de nacimiento y las fotocopias de las tarjetas de identidad de los jóvenes encerrados, que ha podido ver eldiario.es, evidencian sus 17 años. En base a ambos documentos, Rachid nació el 14 de enero de 2001, mientras que la fecha recogida por la Policía Nacional en el acuerdo de devolución entregado a su llegada a las costas se remonta al 4 de enero de 1997, (21 años).
En el caso de Mourad, el joven que viajó en la misma embarcación, se produce algo similar. La Policía incluyó como día de nacimiento el 21 de mayo de 1997 (el mismo año que el plasmado en el acuerdo de devolución de su compañero Rachid). Su partida y su tarjeta de identidad muestran otra fecha: el 2 de mayo de 2001. Interior asegura que “no hay ningún menor en el CIE”, mientras que la entidad social indica que “el problema es que no los reconocen como tal”
Los testimonios de Mourad y Rachid recogidos por Pueblos Unidos relatan haber comunicado su minoría de edad cuando fueron identificados por los agentes en dependencias de la Policía Nacional de Almería. No fueron sometidos a las pruebas de determinación de la edad antes de determinar la fecha de nacimiento reflejada en su acuerdo de devolución, según confirma la Comisaría General de Extranjerías en una respuesta al Defensor del Pueblo a la que ha accedido este medio.
La historia de Karim, el tercer adolescente cuya minoría de edad está documentada, es diferente. El joven alcanzó las costas de Almería el 29 de julio de este año, tres días más tarde que los compañeros con los que ahora comparte las largas horas de estancia en el CIE de Madrid. En este caso, la Policía le derivó a la Fiscalía para someterle a las pruebas de determinación de la edad, con la mayoría de edad como resultado. Un magistrado de Almería dictaminó su ingreso en el CIE el 30 de julio con un auto colectivo, denuncia Pueblos Unidos.
Según la documentación a la que ha accedido la entidad religiosa, Karim ha nacido en junio de 2001 y, por tanto, cumplió los 17 años hace dos meses.
Con el fin de exigir su liberación, el centro social interpuso el diez de agosto una serie de quejas al Defensor del Pueblo, la Subdelegación del Gobierno de Almería y el juzgado encargado de emitir su orden de internamiento, con la documentación adjunta.
Solo ha respondido la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán. El Defensor del Pueblo inició una investigación ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, “a fin de conocer las actuaciones que se habían llevado a cabo con los mismos y señalando que insistían en su minoría de edad”, explica la contestación recibida por Pueblos Unidos.
La Comisaría de Extranjería ha asegurado a la Defensoría del Pueblo que el CIE “no ha recibido documento alguno [en el CIE] que pruebe la minoría de edad” de los casos denunciados. El Defensor recuerda que las pruebas médicas realizadas para determinar la fecha de nacimiento de uno de ellos “es insuficiente” al no tener en cuenta el margen de errror “ni se han realizado pruebas médicas complementarias”.
Por esta razón, a juicio del Fernández Marugán, “no puede considerarse que el examen realizado sea concluyente”.
“Repunte de casos de menores encerrados en el CIE”
No es la primera vez que las entidades sociales detectan casos de menores en el CIE. Según los datos del Ministerio del Interior recogidos por el Servicio Jesuita de Migrantes, 48 internos fueron reconocidos como menores en 2017 en los centros de internamiento españolas. De ellos, 14 fueron detectados en Aluche después de haber sido encerrados.
La tendencia continúa. “Nos hemos encontrado con un repunte de los casos durante este verano”, ha afirmado Ana Bosch, letrada del equipo de CIE de Pueblos Unidos. En julio, el centro social jesuita interpuso dos quejas al Defensor del Pueblo, la Subdelegación del Gobierno de Almería y el juzgado que dictó el internamiento en relación a otros dos adolescentes de nacionalidad argelina internados a pesar de ser menores.
“Estos chicos fueron liberados tiempo después”, indica la abogada, que asegura desconocer qué institución dictó la orden de liberación. “Nos avisaron los propios internos”, añade Boch.
Mientras, la ansiedad aumenta en el centro de internamiento de Aluche. Los adolescentes saben que Pueblos Unidos ha presentado diversas quejas y está batallando, con el apoyo de sus familias, para poner fin a su encierro, prohibido por la legislación española en el caso de que los reconozcan como tal. Pero también son conscientes de la rapidez con la que suelen ejecutarse las devoluciones a su país, Argelia, debido al acuerdo bilateral con España.