“Ayúdenme”, grita con desesperación una mujer centroamericana que, entre lágrimas, tira del brazo de su hijo pequeño mientras un agente de migración de México le agarra del otro brazo para introducir al niño por la fuerza en una furgoneta. “Véngase”, le dice. El menor llora y reclama su chancleta, que ha perdido durante el forcejeo. A empujones, un agente de la Policía Federal mexicana trata de meter en otro vehículo a otra migrante que se resiste. Un joven corre a toda velocidad para evitar que un policía y un funcionario del Instituto Nacional de Migración le atrapen. Finalmente, es detenido.
Son algunas de las escenas que dejó la redada contra la última caravana migrante que atraviesa México con destino a EEUU que tuvo lugar el pasado lunes. Cientos de personas de Honduras, Guatemala y El Salvador se encontraban caminando en Pijijiapán, en el estado mexicano de Chiapas y fueron sorprendidos por la Policía Federal y agentes de migración, que arrestaron a 371 personas.
Las autoridades mexicanas usaron la fuerza también contra los niños, que fueron obligados a detener su camino y a subirse a varias furgonetas, pese a su negativa y sus llantos. Tras presenciar estas detenciones, algunos migrantes cogieron piedras y palos para evitar correr la misma suerte.
El giro del Gobierno en política migratoria
Desde la primera caravana de 7.000 personas que partió el pasado 13 de octubre desde la localidad hondureña de San Pedro Sula (todavía no había tomado posesión Andrés Manuel López Obrador), no había ocurrido nunca un operativo de tal envergadura contra su trayecto en territorio mexicano. Sí que hubo redadas a pequeña escala, sobre todo, en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde la Policía Municipal recorría las calles y detenía aleatoriamente a los migrantes, a quienes acusaba de portar o consumir drogas o alcohol en la vía pública.
Más allá de estos arrestos selectivos, el anterior presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, permitió circular libremente a la primera caravana migrante. La Policía Federal llegó a conseguir transporte durante el camino de la caravana y custodiar los camiones en los que viajaban.
Cuando López Obrador alcanzó la presidencia del país el pasado diciembre, dio un paso más allá y otorgó una visa humanitaria a más de 12.000 migrantes que se sumaron a la nueva caravana que partió el pasado 14 de enero desde San Pedro Sula, con el objetivo de que pudieran residir y trabajar en México por un año. Miles de centroamericanos pernoctaron durante días en el puente Rodolfo Robles, que separa Guatemala y México, a la espera del trámite para conseguir ese documento, que les permitía circular libremente hasta la frontera de EEUU sin el riesgo de ser detenidas. Muchas de ellas no lo lograron, ya que López Obrador puso fin a esta iniciativa el 28 de enero.
Desde entonces, la administración mexicana ha dado un giro de 180 grados en su estrategia migratoria, cediendo a las presiones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha acusado a México de no hacer nada para frenar la migración y ha amenazado con cerrar la frontera sur, algo que finalmente no se ha concretado.
El Gobierno mexicano ha suspendido temporalmente desde el pasado 15 de marzo las operaciones de la Oficina de Trámites de Regulación Migratoria en Tapachula (Chiapas) dejando en un limbo a miles de migrantes, entre ellos, 1.000 personas de nacionalidad cubana, que pretendían solicitar un permiso para transitar libremente por el país.
El Ejecutivo mexicano también ha comenzado a deportar a migrantes de Honduras de la nueva caravana, tal como hizo el pasado 13 de abril al enviar en avión a 217 personas de ese país a San Pedro Sula al estar “en condición de estancia irregular en México”. La mayoría eran familias que viajaban con menores de edad.
Organizaciones de derechos humanos mexicanas han criticado el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Ha habido una reacción del Estado muy violenta que no esperábamos con este gobierno”, ha dicho Salva Lacruz, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en declaraciones a la Agencia Efe.
En una de las paradas de la primera caravana migrante, los integrantes durmieron en el Parque Central de Huixtla (Chiapas). En esta última, denominada 'Caravana Madre', fueron desalojados de ese lugar y obligadas a dormir en condiciones de hacinamiento en un minúsculo campo de baloncesto a las afueras de este municipio, que carece de cualquier servicio básico, como baños, duchas o servicios médicos.
Carla Bodine aseguraba tener “miedo a la deportación” hace una semana, a su paso por Huitxla. La mujer se marchó el pasado 10 de abril de Honduras junto a su hija de 16 años y sus dos hijos gemelos de año y medio. “Vamos al río a hacer nuestras necesidades”, explicaba Bodine, quien explicaba que antes de llegar a Huixtla, “la migración [los agentes] nos quería agarrar, pero logramos escondernos”. Pese al endurecimiento del control migratorio, confiaba en entrar en EEUU para reencontrarse con su hermano en Nueva York. “Mucha gente de la primera caravana lo logró y así vamos a entrar nosotros”, remarca.
“Evitar que sean víctimas de los coyotes”
Además de caminar decenas de kilómetros cada día bajo un intenso sol y sin comer apenas, las personas que migran juntas en la caravana se enfrentan a ser detenidas por el camino. López Obrador asegura que su intención es “cuidarlas y, para eso, se les pide un registro para saber de dónde son y tener sus datos generales, sobre todo, en el caso de familias con niños”.
El presidente justificó el operativo que se saldó con casi 400 arrestados para evitar que sean víctimas de los 'coyotes' que trafican con las personas que se dirigen a EEUU. “No queremos que tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad, ya que en otros tiempos hemos tenido asesinatos de migrantes en el norte y no queremos eso”, afirmó en una rueda de prensa un día después de la redada.
Pese a que las imágenes muestran empujones y agarrones a las personas migrantes que fueron detenidas, incluidos a menores de edad, el mandatario recalcó que las fuerzas habían “actuado con mucho respeto a los derechos humanos de los migrantes y lo vamos a seguir haciendo”, por lo que tildó de “incidente” lo ocurrido en Pijijiapán.
Asimismo, Lopez Obrador lanzó el mensaje a Trump de que va a seguir habiendo migrantes, debido a las “circunstancias de pobreza y abandono que existen en Honduras, Guatemala y El Salvador”, por lo que dijo que este problema “no se resuelve con deportaciones”. Por ello, instó al Gobierno de EEUU a que con urgencia “apoye el desarrollo en los países de Centroamérica con recursos económicos para impulsar proyectos productivos que creen empleo y atemperar así el problema migratorio”. “Tenemos que buscar la solución sin pelearnos con el Gobierno de EEUU y protegiendo a los migrantes, que tienen derecho a vivir libres de miseria”, concluyó.
Este discurso choca con las reiteradas amenazas de Trump de recortar los 450 millones de dólares de ayuda económica que destina anualmente a los países de Centroamérica como castigo por no frenar el flujo migratorio, empujado por el hambre, la miseria y la violencia.
A sus 24 años, Esther Bonilla salió de la ciudad hondureña de El Progreso con sus hijos de tres y seis años. “No quiero volver a mi país. Temo por la vida de mis hijos y, por eso ando aquí arriesgando la vida de ellos. Me duele mucho porque duermen mal, comen mal y el viaje es muy duro”, aduce. Critica que el Gobierno de Juan Orlando Hernández “es un desastre, porque allí somos muchas personas pobres y ni nos voltean a ver”. Augura que, a este paso, “con tanta pobreza, algún día se va a vaciar Honduras”.
Pese a que, en un principio, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, había advertido de que en esta última caravana iban a llegar 20.000 migrantes, ahora reconoce que no han alcanzado tales cifras. Según sus datos, finalmente han recibido seis caravanas de unas 2000 personas cada una. Sánchez ha incidido en que el Gobierno mexicano pretende brindar atención humanitaria a los migrantes, primero les pidió que “respeten nuestras leyes y nuestras autoridades y acepten su registro en el Instituto Nacional de Migración”, uno de los argumentos con los que justificó las detenciones del pasado 22 de abril.
“En Honduras, a las mayores de 30 no nos contratan”
El Gobierno de México trata de satisfacer las exigencias de Trump intentando que se reduzca la cifra de migrantes que pretenden llegar a ese país. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, espera que el Congreso apruebe pronto la ampliación de la tarjeta de visitante trabajador fronterizo a las personas de Honduras y El Salvador, sumándose así a las de Guatemala y Belice que ya gozan de este derecho. Este documento les permite entrar y salir del país para trabajar en las localidades situadas en la frontera con Guatemala, al sur.
Una de las potenciales beneficiarias puede ser Iris Lorena Fonseca Pérez, de Santa Bárbara (Honduras), quien viaja en la nueva caravana, pero su intención no es llegar a Estados Unidos, sino quedarse en Puebla (México), donde va a intentar “luchar” para ayudar a sus cinco hijos, que se quedaron en su país. “Tengo 45 años y soy licenciada en Enfermería, pero en Honduras está bien crítico el trabajo, ya que a las mujeres mayores de 30 años no nos dan un empleo. Solo quieren jóvenes”, lamenta.
Llegar a EEUU
María Suyapa Murillo, de 42 años, procede de San Salvador. Su meta es llegar a California para trabajar “de lo que caiga”, con el fin de “sacar adelante” a sus tres hijos, que siguen en su país. Tras separarse de su pareja porque “no era responsable en el hogar y mucho menos de sus hijos”, Suyapa explica que tuvo que hacerse cargo de ellos sola, pero la falta de empleo la empujó a sumarse a esta caravana que no esperaba que fuese “tan dura”.
En los tres primeros meses del año, según la secretaria de Gobernación, han transitado por México “cerca de 300.000 personas migrantes para ingresar de manera irregular a los EEUU”, mientras que en el último mes han sido deportadas 15.000. La mayoría, como María, abandonaron sus lugares de origen en busca de un futuro mejor alejado de la violencia y la pobreza que asolan Guatemala, Honduras y El Salvador. Buena parte del PIB de estos tres países depende de las remesas de las personas migrantes que viven en EEUU y que gracias a precarios trabajos, envían a sus familias cientos de dólares mensuales para que puedan salir adelante.
Rosa Pineda es una de las migrantes que lograron llegar a EEUU en la primera caravana junto a su hija de 17 y su hijo de 12 años. Ahora se encuentra en Minessota, en casa de una estadounidense que los acogió, según explica por teléfono a eldiario.es. Ahora está pendiente de una cita judicial programada para el próximo 20 de mayo en la que solicitará no ser deportada, así como un permiso de trabajo, como le ha recomendado su abogada.
Descarta pedir asilo teniendo en cuenta que “solo lo están dando a aquellas personas que demuestren con pruebas que su vida corre peligro si regresan a su país”. De momento, y a la espera de saber si será o no deportada, Pineda asegura orgullosa que su hijo ha recibido varios reconocimientos en la escuela por ser un alumno ejemplar.