El pasado 10 de enero, medio centenar de personas kurdas llegó en una barcaza a Torre di Melissa, en la provincia de Calabria. Las imágenes recordaban a las de hace décadas, cuando las costas del sur de Italia recibían a miles de refugiados procedentes de los países de los Balcanes, en plena desintegración.
Ahora, como entonces, la población local se echó al agua para llevarlos a tierra con sus propias manos. La embarcación había encallado a pocos metros de la orilla y los migrantes corrían el riesgo de morir ahogados.
Los 51 rescatados, entre los que había tres menores y un recién nacido, fueron alojados en un hotel del pueblo. Los Carabinieri arrestaron a dos presuntos traficantes, que viajaban en la misma embarcación. Se trataba de dos ciudadanos rusos, que dan muestra de un fenómeno que está creciendo en Italia.
El presidente del Tribunal de Apelación de Palermo, Matteo Frasca, los consideró “desembarcos fantasma” y apuntó a un “aumento vertiginoso, debido al cambio de las política migratorias generales y al consiguiente alejamiento de las embarcaciones de las ONG de aguas internacionales”. Así, el incremento de estas llegadas contradice los argumentos del ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, para justificar sus medidas antiinmigración y defender su empeño en sellar la ruta del Mediterráneo central.
El “alejamiento” de las organizaciones de la zona de rescate al que se refiere el magistrado continúa. Este viernes, la Guardia Costera italiana ordenó el bloqueo temporal del barco de la ONG alemana Sea Watch, el único que estaba todavía presente en el Mediterráneo, alegando problemas medioambientales y de seguridad. La nave había atracado el día anterior en el puerto de Catania, después de 12 días a la espera con 47 migrantes a bordo. El Gobierno italiano aceptó finalmente que desembarcaran en su territorio, pero amenazó con requisar la embarcación, en un ejemplo más de su mano dura contra las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo.
6.000 llegadas “fantasma” en 2018
El año pasado llegaron a Italia 23.370 personas tras ser rescatadas en el mar y después trasladadas a algún tipo de centro para su tutela. Sin embargo, en esta cifra no se incluyen migrantes como los de Torre di Melissa. Se considera que no han sido rescatados, por lo que quedan habitualmente fuera de los registros oficiales.
Pero el Ministerio del Interior tiene constancia de ellos, según ha publicado esta semana Il Corriere della Sera. De acuerdo con los datos de Interior aportados por este medio, el año pasado 6.000 personas pisaron suelo italiano tras desembarcar en sus costas por sus propios medios. Es decir, uno de cada cinco migrantes llegados a Italia en 2018 lo hicieron de esta forma.
Cuando se lanzan al mar, lo hacen tratando de tener capacidad de llegar a tierra. A diferencia de quienes se juegan la vida en precarias embarcaciones, se trata de pequeños barcos a motor o en algunos casos de vela, en las que viajan grupos reducidos de unas 10 o 20 personas, según los jueces. El principal punto de partida no es Libia, como ocurre con quienes son avistados y socorridos normalmente en el Mediterráneo, sino que salen de Argelia, Túnez, Grecia o Turquía. Las nacionalidades de los migrantes también varían: no proceden de países africanos, la mayoría viene de lugares como Irán, Pakistán o Afganistán.
“Para responder a las políticas de contención de los flujos migratorios adoptados por los Estados, la criminalidad organizada se las ha ingeniado para ofrecer nuevos servicios que en teoría hacen el viaje más seguro, a cambio de un mayor precio”, ha dicho el magistrado Frasca, durante la inauguración del año judicial en Sicilia.
Según las investigaciones de los fiscales, el pasaje en esta modalidad de embarcaciones cuesta unos 5.000 euros, una cantidad mucho mayor a la que pagan quienes se echan al mar desde Libia. En este caso, suelen organizar el viaje suelen pertenecer a redes rusas o kosovares. Las autoridades judiciales de Palermo explican que, una vez en tierra, muchos de los migrantes no llegan a ser encontrados. Alegan que “existe un mayor riesgo de infiltración de criminales”.
ONG especializadas y organismos internacionales como Acnur han reiterado en diversas ocasiones que la falta de vías legales y seguras de acceso empuja a estas personas a jugarse la vida en el mar y a recurrir a este tipo de redes de tráfico para hacerlo. Salvini asegura que su Gobierno ha conseguido “frenar el tráfico de seres humanos”, pero el fenómeno de los “desembarcos fantasmas” muestra que la gente continúa tratando de llegar y acuden para ello a redes que son otras pero persiguen un mismo fin.
La pérdida de su rastro
Entre los distintos abogados y trabajadores humanitarios consultados por eldiario.es existe poca información al respecto en cuanto a las cifras. La fiscal de Palermo Marzia Sabella señala que solo a Sicilia llegaron el año pasado unos 7.700 migrantes, a los que se perdió la pista. Mientras, otros expertos calculan que a esos 6.000 que registra el Ministerio del Interior, habría que sumar al menos otras 2.000 o 3.000 personas de las que se desconoce su suerte.
La abogada penalista Serena Romano, especializada en asuntos migratorios, apunta que “la principal característica es que estas personas se insertan en el tejido urbano y se pierden”. Al no constar su paradero, “la mayoría quedan fuera, por tanto, de centros en los que sean tutelados”, agrega en una entrevista con este medio.
La única vía para acceder a algún tipo de estructura es que sean capaces de reunir la suficiente información, sin apoyo, para tramitar una demanda de asilo, por lo que pueden terminar en un centro cerrado para su identificación. O que sean detenidos, se compruebe que han entrado de forma irregular en Italia y cumplan con los requisitos para ser deportados, de modo que irían a parar a un centro para su repatriación. Ninguna de las dos parecen opciones para quienes migran a Italia.
Precisamente por la dificultad para contar con cifras precisas resulta complicado establecer comparaciones con años anteriores. Pero en lo que sí inciden los jueces de Sicilia, la región a la que llegan la mayoría de estas embarcaciones, es que se trata de un fenómeno creciente ante el cierre de puertos o las mayores dificultades que entraña actualmente la ruta libia.
Esta semana, Acnur ha publicado un informe en el que revela que actualmente el 85% de los migrantes que parten de Libia son interceptados y devueltos a centros de detención en ese país, donde sufren condiciones inhumanas. Además, la proporción de quienes mueren en el intento ha subido a uno de cada 14 que emprende el viaje.
El año pasado, Italia cedió definitivamente las labores de coordinación de los rescates a Libia e inició la batalla contra las ONG acusándolas de provocar un “efecto llamada”, que ellas niegan categóricamente. Pero las cifras demuestran que la inseguridad es mayor y que los flujos migratorios siguen tratando de encontrar puertas abiertas cuando otras se cierran.