Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba desde la Casa Blanca su nueva política migratoria el primer jueves del año, María Virginia Paredes recogía las mantas donde había pasado la noche junto a sus hijos de cinco y 11 años en la terminal de autobuses del poniente de la Ciudad de México. “Tengo que meterme en Facebook para indagar sobre lo que ha dicho y ver cómo hago, pero casi no tengo internet”, dice la venezolana desde un cuartucho en la periferia de la capital que pudo alquilar pocos días después.
El programa de Biden permitirá la entrada cada mes de hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre y cuando puedan demostrar que tienen a alguien en Estados Unidos que les brindará apoyo financiero. El objetivo lo precisó el propio Biden: “No se presenten en la frontera. Quédense donde están y soliciten (el acceso) de forma legal”.
“Tengo que hablar con una pariente lejana en Nueva Jersey y un tío en Los Ángeles para ver cómo está su situación, si me pueden ayudar. Pero ¿puedo hacer el trámite desde México?”, pregunta María, con más dudas que certezas ante los constantes cambios en materia migratoria. Su mayor preocupación es haber transitado irregularmente hacia el norte, porque el nuevo plan denegará la posibilidad de iniciar el proceso de visado a quienes ingresen a Estados Unidos, México o Panamá sin autorización.
María salió de Maracaibo hace tres meses para salvar la vida de sus hijos de los malos tratos de su marido. Se cruzó la mortífera selva del Darién con los dos pequeños a cuestas, atravesó en bus Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, para ser detenida en Tapachula, la ciudad en la frontera sur de México donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha levantado desde 2019 el primer muro impuesto desde Washington mediante un despliegue de miles de militares y decenas de retenes. Esa fue la ruta de al menos dos millones de migrantes durante el año fiscal 2022, según las cifras de aprehensiones en los lindes de Estados Unidos; un aumento histórico de 300.000 respecto al curso anterior y un flujo nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial.
La cara amarga del nuevo plan
La oposición conservadora ha utilizado esos récords de cruces irregulares, tildados de “invasión”, como una de sus principales armas para atacar a Biden, que, tras dos años tratando de cincelar una política migratoria más humana, ha decidido reforzar el control fronterizo y endurecer los castigos. Quienes ingresen ilegalmente o no puedan defender sus peticiones de asilo serán expulsados rápidamente y se les prohibirá la entrada a Estados Unidos por cinco años.
“Tenemos inquietud. Son medidas que permiten a las autoridades estadounidenses denegar el acceso a personas que quieran solicitar asilo por razones humanitarias. Nos causa preocupación está limitación de un derecho humano”, dice a elDiario.es el coordinador de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, Alberto Cabezas. “La parte positiva es que se crean vías de migración regular, pero hay que ver cómo se aplica, porque hay requisitos (sobre todo financieros) difíciles de cumplir”, añade sobre un desafío mayúsculo que admitió el propio mandatario demócrata.
“Estas acciones por sí solas no van a arreglar todo nuestro sistema de inmigración (…) Pero, pueden ayudar mucho”, reconoce, tras quejarse de que los republicanos rechazaron en el Congreso un plan integral para la frontera que contemplaba la ampliación de fondos y la contratación de funcionarios y jueces para agilizar las tramitaciones de asilo.
El nuevo plan sigue sin resolver la presión migratoria del lado mexicano de la línea divisoria, ya que se devolverá la misma cantidad de extranjeros que sean aceptados ante la imposibilidad de deportar personas a países con los que la Casa Blanca no mantiene buena relación. “La dificultad que entrañan las medidas es que en el norte de México vemos cada vez más personas migrantes expulsadas sin las necesidades básicas cubiertas y lo más probable es que crezcan estas necesidades”, dice Cabezas, que ha visto de cerca las enormes carencias de un sistema de asistencia con escaso presupuesto.
A finales de junio, el Tribunal Supremo estadounidense emitió un dictamen que permitió a Biden cumplir una de sus promesas de campaña: suprimir el 'Permanece en México', el programa de su antecesor, Donald Trump, que obligaba a la mayoría de los solicitantes de asilo a esperar la resolución de su proceso en el vecino del sur. A la par, no obstante, la administración de López Obrador exigió un nuevo requisito para circular por Oaxaca, el estado contiguo a Chiapas, frontera con Guatemala, otro obstáculo al camino de extranjeros que provocó el enésimo embudo en el camino hacia Estados Unidos.
El nuevo epicentro de la migración
San Pedro Tapanatepec ha duplicado sus 15.000 habitantes con la llegada de migrantes desde julio. Su carretera principal es ahora una avenida comercial de lonas y troncos donde locales y foráneos ofrecen refrescos, carne asada, cigarrillos, fotocopias y hasta servicios de peluquería. Antes de que el sol empiece a escocer, los miles de venezolanos, cubanos, haitianos y también hindús, nepalíes y africanos, aprovechan para bajar al río a bañarse y lavar sus ropas. Avanzada la mañana se forman en una larga fila dentro de un solar custodiado por la policía donde se solicitan y expiden los permisos de tránsito.
La multitud es tan frondosa que los agentes ni se percatan de nuestro ingreso. Los propios migrantes se organizan en grupos para apresurar un trámite que puede tardar más de una semana. Muchas familias con menores se resguardan bajo improvisados sombreros de cartón. Por las tardes, el vaivén se concentra entre las carpas o frente al único banco para recibir las remesas de sus familiares.
“Los indocumentados han sido una bendición para nosotros”, dice Teresa Meléndez, una vecina que ha cedido el garaje de su casa a varios venezolanos para cocinar arepas a cambio de una comisión. La gran mayoría renta los cuartos de su vivienda o se ha puesto a vender cualquier producto. El anodino pueblo del istmo de Tehuantepec —la zona más estrecha de México y, por tanto, la de mayor facilidad para controlar el paso— se dedica a la cosecha del mango, que tan sólo permite vivir por fuera de la pobreza a la mitad de su población, así que la presencia de extranjeros ha dejado una importante derrama económica.
En una de las aceras de Tapanatepec durmió varios días María junto a sus dos hijos, antes de que un vecino le diese trabajo como limpiadora de un consultorio médico. Por las tardes vendía jugos y pizzas en la calle, lo que le alcanzó para pagar un cuartito, pero no el billete de bus hacia el norte del país. “Después de un mes aquí varada, no tuve más remedio que subirme a La Bestia, porque se me agotaba el tiempo”, dice la venezolana, forzada a encaramarse al tren de carga que atraviesa el país para conseguir llegar la frontera con Estados Unidos antes del 21 de diciembre.
La herencia de Trump
Ese miércoles expiraba el Título 42, la polémica norma impuesta por Trump en marzo de 2020 para expulsar en caliente a cualquier extranjero con el argumento de prevenir brotes de coronavirus. El Supremo, sin embargo, aplazó el fin de la iniciativa horas después de que una coalición de 19 estados republicanos presentasen una moción para alargarla ante el temor de un colapso fronterizo.
María esperó en un albergue de Ciudad Juárez, pero el día 23 decidió atravesar el río Bravo, harta de la ola gélida que había enfermado a su pequeña de cinco años. “Me entregué a migración (la Patrulla Fronteriza) pensando que para esa fecha ya me aceptarían, sobre todo porque ando con dos criaturas. Con este nuevo proceso que anunció el presidente (Biden), ya no confío”, dice María, que pasó las Navidades en la hielera, como se conocen las cárceles migratorias estadounidenses.
La administración de Biden no ha logrado convencer al tribunal para poner fin al Título 42, una política criticada por las organizaciones de derechos humanos y que incluso un juez de distrito federal tachó de inhumana, porque devuelve a miles de personas a lugares donde probablemente sean “perseguidos, torturados, golpeados o violados”. A María la retornaron por Matamoros, a 1.300 kilómetros de donde la detuvieron, en una de las ciudades más peligrosas de México.
En ese extremo de la frontera malviven Javier y su pareja, Argelis, desde hace un mes. Las temperaturas bajo cero penetran en la tienda de campaña y se clavan en sus huesos. “Las manos se nos paralizaban del frío. Por suerte no nos enfermamos, solo resfriado y el asma que se agravó”, dice con optimismo el militar desertor venezolano. En el campamento a orillas del río Bravo los rumores corren más rápido que los trámites de asilo. “Nos han dicho que van a activar un nuevo link para inscribirse”, se refiere el joven a la aplicación 'CBP One' donde ahora los migrantes podrán realizar su solicitud desde sus países.
“Mismas restricciones, otro nombre”
En octubre, Washington abrió un cupo de 24.000 visados humanitarios para venezolanos, la nacionalidad con mayor aumento de migrantes. Solo entre mayo y septiembre del pasado año se multiplicaron por seis los encuentros fronterizos, el eufemismo para hablar de detenciones. Según las autoridades, gracias al plan el cruce de venezolanos se ha reducido un 90%. Este “éxito”, en palabras del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, inspiró el nuevo plan de Biden: “Se ha comprobado que una vía legal simplificada reduce la migración irregular y facilita una migración segura y ordenada”.
Una vez aprobada su solicitud, los migrantes tendrán que presentarse en algún punto de entrada terrestre y, sin posibilidad de pagar un pasaporte o un vuelo para aterrizar en México, igualmente tendrán que superar la salvaje travesía. “¿Pedir asilo desde Venezuela? Tú estás loco. Eso es otro Gobierno, otro mundo. Venimos huyendo, no sacando pasajes para Disneyland”, se ríe Javier. Tuvieron que elegir entre gastar los 10.000 dólares ahorrados para pagar a los coyotes durante el trayecto o los sobornos en las oficinas de Caracas para expedir el pasaporte. Escogieron la primera. “Mejor me vengo pa’ la frontera y ya de aquí vemos. Siempre será más fácil”, valora el joven.
Para el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Eliseo Díaz, el nuevo programa de Biden es “discriminatorio”, porque solo tendrán acceso las personas que tengan los recursos para asumir esos cuantiosos costes extra y, además, tengan a alguien acomodado en Estados Unidos. “Se mantienen las mismas restricciones de antes, pero con otro nombre”, dice Díaz.
Asimismo, la nueva medida solo permite patrocinar económicamente a tres individuos, según les han contado a Javier y Argelis, aunque esa información no se especifica en las directrices. La pareja tiene un amigo en Arizona, pero les angustia que ya haya acogido a varios compatriotas en los últimos meses.
Obrador y Biden, en sintonía
Casualmente, Joe Biden y María Virginia Paredes coincidieron en Ciudad de México del domingo al martes. El dirigente pisaba por primera vez en su mandato un país latinoamericano para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que descartó con énfasis que su gestión fronteriza sea “demasiado blanda” o de “mano dura”. Antes hizo una breve escala de cuatro horas en El Paso, la urbe texana fronteriza con Ciudad Juárez, en la que evitó acercarse al caos de los albergues saturados.
El encuentro entre los ‘Three Amigos’ [Biden, Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau] sirvió también para escenificar la buena sintonía con López Obrador ante la recién estrenada política migratoria, que entreabre las puertas a cambio de que el gobierno mexicano se haga cargo de todos aquellos que no cumplan los requisitos. “Quiero agradecerle, señor presidente, por dar un paso adelante y recibir en México a aquellos que no sigan los caminos legales que hemos establecido”, le dijo Biden a su homólogo, que lo enjabonó con el mismo entusiasmo: “Usted es el primer presidente de Estados Unidos que no ha construido ni un solo metro del muro y se lo agradezco”.
López Obrador, eufórico por la primera visita de un presidente estadounidense en casi una década, también celebró que exista un espíritu distinto para enfrentar el drama humanitario en la frontera y la promesa de invertir miles de millones de dólares en proyectos de desarrollo que resuelvan las causas del éxodo en Centroamérica.
Las autoridades trasladaron a María y sus dos hijos de Matamoros a la capital mexicana la noche del 31 de diciembre. Empezaron el nuevo año dentro de un autobús sin saber adónde iban y dónde pasarían el resto de la noche. Después de varios días durmiendo a la intemperie, bajo los seis grados que rondan las madrugadas de México, encontraron un techo de seis por seis metros, sin calefactor ni cocina, gracias a un 'tío lejano' —como los venezolanos denominan a los coyotes, que recientemente se trata de compatriotas que ya han empezado a involucrarse en las redes de tráfico—. El supuesto pariente también le dio un empleo los domingos como dependienta de un almacén de productos de limpieza.
“Voy a quedarme en México un tiempo para reunir algo de dinero y hacer el proceso online”, se resigna María. Esta madre venezolana de 36 años apuesta el destino de su familia a los pesos que pueda ahorrar de la venta ambulante de dulces. Todavía faltan muchos enlaces de redes sociales, abogados engañosos, noches de hogueras y pedazos de pan seco para alcanzar el norte. La esperanza la perdió cantando villancicos a sus hijos entre barrotes.