Sus reivindicaciones no son nuevas. Son las mismas que los colectivos migrantes y racializados repiten desde hace años, pero en los últimos meses han empezado a sonar más alto. Hasta llegar al Congreso de los Diputados. El movimiento Regularización Ya, que aglutina a centenares de personas sin papeles y ONG, se ha concentrado este viernes frente a la Cámara Baja para apoyar la Proposición No de Ley (PNL) registrada la semana pasada para exigir al Gobierno un proceso de regularización “permanente y sin condiciones” para todas las personas que viven en España sin la documentación en regla.
“Estamos exigiendo la regularización, no estamos pidiendo un favor. Es un derecho”, ha defendido Lamine Sarr, portavoz de la plataforma Regularización Ya y miembro del Sindicato de Manteros de Barcelona. “Sabemos que la regularización no es solo a beneficio de los migrantes. Dar papeles a 600.000 personas va a mejorar la economía. No es un regalo. No queremos seguir siendo la mano barata de este país”, ha enfatizado.
La PNL, cuyo texto ha sido creado de forma íntegra por la Plataforma Regularización Ya, fue registrada la semana pasada en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País-EQUO y la CUP, entre otras formaciones. El documento, que tendrá que ser debatido en el Parlamento, insta al Ejecutivo a establecer un proceso de regularización con permiso de trabajo para todos aquellos residentes en España que se encuentren en situación administrativa irregular.
La Proposición, a la que ha accedido eldiario.es, defiende aplicar a “toda la persona que lo solicite” el artículo 127 del Reglamento de Extranjería, que permite autorizar la residencia por razones de interés público, de seguridad nacional o por colaboración con las autoridades públicas. En este sentido, la PNL pide la concesión inicial de un permiso temporal de residencia por un periodo de cinco años, que permita la actividad laboral, por cuenta ajena o propia, “sin ningún tipo de limitación, ni territorial ni sectorial”.
La plataforma apuesta por la incorporación de dos únicos requisitos en el proceso de regularización exigido: acreditar su identidad mediante el empadronamiento “por vía extraordinaria” de las personas sin papeles residentes en cada municipio y demostrar su residencia en España, al menos, desde el 14 de marzo de 2020 mediante “cualquier documento acreditativo de su estancia en el territorio anterior a esa fecha”.
Sobre las condiciones de la renovación del permiso de residencia y trabajo, desde Regularización YA proponen que sea aprobada de forma “automática y de oficio” para proporcionar la residencia de larga duración “con una validez de 10 años” tras la comprobación de que la persona ha residido en España de forma legal y continuada durante los cinco años previos“.
Desde Huelva, Seydou Diop ha viajado a Madrid para solicitar al Gobierno la regularización de sus compañeros jornaleros. “Estamos atravesando una crisis sanitaria a nivel mundial. Esta crisis ha golpeado la crisis económica, y mientras más de 600.000 inmigrantes viven en España no tienen derecho de trabajar ni de vivir en nuestro país, pero ellos se han puesto en la primera fila frente al coronavirus”, ha indicado Diop, quien vivió durante un tiempo en los asentamientos de migrantes de Lepe y ahora es portavoz de la Asociación de Jornaleros de Huelva.
“Los migrantes sin papeles han estado dando cara, dando a comer a toda España, a toda Europa. Esos mismos hombres y mujeres están viviendo en Huelva y Almería en asentamientos chabolistas. Sin luz, ni agua potable. En Lleida literalmente viven en las calles”, recuerda. “España tiene una deuda con los 600.000 inmigrantes que están en el estado español sin papeles”.
El Gobierno por el momento no se plantea embarcarse en un proceso de regularización permanente y sin condiciones, como exigen desde más de 200 organizaciones sociales. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo descartan porque, según defiende, el Consejo de Europa “no recomienda regularizaciones masivas”. La Secretaría de Estado de Migraciones ha aprobado en los últimos meses varias instrucciones con el objetivo de flexibilizar los requisitos exigidos en la renovación de los permisos y la petición de residencia por arraigo de aquellas personas que hubiesen realizado el trámite antes del estado de alarma.
“Nosotros hemos adoptado medidas de las que esperamos un impacto mayor al que pueda tener una regularización, pues tendrán una mayor duración en el tiempo y proporcionarán más seguridad jurídica a la larga”, ha defendido Hana Jalloul, secretaria de Estado de Migraciones, en una reciente entrevista con eldiario.es. A los colectivos racializados y migrantes, aunque celebran cualquier nuevo avance, no les parece suficiente mientras “siga quedando gente atrás”.
“Que se preparen porque no vamos a parar y cada día somos más. No estamos pidiendo la regularización, la estamos exigiendo porque es un derecho social. Y se puede conseguir para verdaderamente no dejar a nadie atras”, ha apuntado Fapou Secka, de la Coordinadora Abrir Fronteras, en la concentración de este viernes. “No queremos seguir siendo la mano de obra barata de este país”, ha añadido Lamine Sarr.