Miles de kurdos no pueden volver a sus casas en Turquía un año después de los combates
“Primero el Gobierno nos ofreció 5.000 liras (1.260 euros) por los muebles. Era muy poco y dijimos que no. Pasado un tiempo nos volvieron a repetir la oferta, 5.000 liras, y otra vez contestamos que no. Pero después, como un hijo se casaba y necesitábamos dinero, fuimos nosotros a ellos. Entonces solo nos ofrecieron 3.500 (886 euros)”.
Selam Kusçu recuerda desde el corazón de Sur, la ciudad vieja de Diyarbakir, la cantidad de dinero que ha recibido hasta el momento por la casa en la que su familia vivió durante 15 años. “No. 18 años, papá. Porque yo ya nací allí”, le corrige su hijo Baris. De aquella vivienda ya no queda nada. “Al menos pudimos sacar algunas cosas antes”.
Selam, Baris y el resto de los siete miembros de su familia tuvieron que abandonar su casa en Sur debido a los combates entre el Ejército turco y las milicias urbanas vinculadas al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). “Nos fuimos en el décimo día de los enfrentamientos”, es decir, hace más de un año. Nunca más pudieron volver a su hogar. No son los únicos.
A pesar de que hace ya un año terminaron las operaciones militares y los combates callejeros en Diyarbakir, Nusaybin, Cizre y otras grandes ciudades turcas de mayoría kurda, decenas de miles de personas todavía no han podido volver a sus hogares. Hasta la primavera de 2016 se sucedieron en diversos núcleos urbanos toques de queda militares, la principal estrategia diseñada por Ankara para combatir la insurgencia kurda.
Los bloqueos y toques de queda continúan
La vuelta a la normalidad, doce meses después, no es completa. Diversas zonas de Sur, a pesar de la ausencia de enfrentamientos, continúan bloqueadas por las autoridades por “motivos de seguridad”. En Nusaybin, el toque de queda se sigue imponiendo a partir de las 00:00 horas.
Además, en la actualidad, estas situaciones de excepción también continúan en pequeñas aldeas de la región. “En Sur, 15.000 personas tuvieron que abandonar sus casas y aún no han podido volver”, explica desde su despacho un muhtar (líder de la comunidad) de los 15 que hay en la ciudad histórica. Debido a la tensa situación política, señala, prefiere mantenerse en el anonimato.
La cifra exacta se desconoce. La ONU calcula que “hasta 500.000 personas”, la mayoría kurdas, se vieron obligadas a huir de sus hogares en el sudeste de Turquía. El reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eleva la cifra de Sur y estima que 45.000 personas siguen sin poder retornar a sus casas. No obstante, el informe no aporta una cifra del número de afectados que sí han podido volver. Desde la capital Ankara tampoco se ofrecen datos concretos.
“El Gobierno quiere esconder estas estadísticas para después poder afirmar que está ayudando a la gente”. En la oficina de Sibel Yigitalp, diputada del prokurdo HDP (Partido Democrático de los Pueblos) por Diyarbakir, se percibe el trasiego habitual de una campaña electoral. Por la ventana se cuela la música de los altavoces y por los pasillos no dejan de apresurarse personas de un lado para otro.
“Hacer una campaña electoral ya es difícil, imagina cómo tiene que ser con 12 diputados en la cárcel”. El próximo 16 de abril Turquía celebra un referéndum en el que se decidirá si el país implanta un sistema presidencialista. De ganar el sí, el actual jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, aumentaría sus poderes ejecutivos y su influencia sobre la judicatura.
“El Gobierno dice que va a prestar ayuda a la gente. Pero no lo está haciendo”, añade Yigitalp sobre la población desplazada en las provincias kurdas. “En nuestro partido estamos recogiendo información sobre lo que ha pasado. Aún no lo podemos saber todo, pero lo sabremos”.
Sin éxito, eldiario.es ha contactado con el Ministerio de Urbanización y Medio Ambiente y con un alto funcionario cercano a Presidencia para tratar de recabar información detallada. No obstante, la posición del Ejecutivo turco es clara: nadie ha hecho más por la población kurda de Turquía que Erdogan, defiende.
“Él ha reconocido a los kurdos como un componente de la misma importancia para la nación turca”, señalaba Ibrahim Kalin, portavoz del presidente Erdogan, en una reciente columna del diario progubernamental Daily Sabah. “Él ha implementado reformas para eliminar la prohibición del lenguaje kurdo en los medios de comunicación, en las campañas políticas y en otros ámbitos de la vida”. Y añadía: “Como primer ministro, él invirtió millones de dólares para mejorar las condiciones de vida de los pueblos y ciudades mayoritariamente kurdos”.
“Ahora no hay nada”
Tras la destrucción de Sur, las autoridades turcas han prometido destinar hasta 626 millones de euros para la reconstrucción del casco viejo de Diyarbakir, de un incalculable valor histórico. Un dinero que, no obstante, no está llegando a los bolsillos de muchos residentes.
“Durante tres meses recibí 1.000 liras (252 euros) del Gobierno”, señala un anciano aferrado al tesbih, el rosario musulmán, en la oficina del muhtar de Sur. “Después nada. También el trabajo se terminó. Y ahora no hay nada”, añade.
“Aquí puedes encontrar a muchísima gente que se ha quedado sin casa”, explica el muhtar. Durante una hora de conversación, por su despacho pasan hasta tres hombres que aseguran haber sufrido la misma desgracia.
“El Gobierno derriba casas con solo un agujero de bala”
“En Sur entre 2.000 y 3.000 viviendas se han destruido. Y en muchos casos ha sido el Gobierno el que las ha demolido después de los enfrentamientos. Si una casa tiene únicamente un agujero de bala, el Gobierno la echa abajo”, señala el muhtar. Es lo que pasó con el hogar de Selam Kusçu, aunque la misma situación se vive en otras ciudades.
Nusaybin, por ejemplo, fue otro escenario de violentos enfrentamientos entre milicias kurdas y Ejército. Miles de personas, como Ilyas, se quedaron sin casa. O sin casas.
“Yo tenía tres viviendas. Una para mi familia, otra para los invitados y una tercera en la que había acogido a una familia de refugiados sirios”, explica ante un vaso de té, a escasos metros del paso fronterizo, ahora cerrado, con la ciudad kurdo-siria de Qamishli. “Ahora no queda nada de esas tres casas”.
“Yo solo quiero mi tierra y mis árboles”
Este vecino de Nusaybin, de 47 años, prefiere no ofrecer más datos personales por miedo a perder su empleo en una empresa estatal. “Ahora el Gobierno me ofrece una casa nueva, pero es muy cara. Muy lujosa. Si aceptara yo tendría que pagar la diferencia y estaría endeudado para el resto de mi vida”, se queja. “Yo solo quiero mi tierra y mis árboles”.
El mismo deseo comparten Baris y Selam Kusçu. “A mi padre le llamaron y él dijo que solo queremos nuestra casa de vuelta”, explica Baris antes de que llegue su padre a la tienda. La familia se ha visto obligada a abrir un pequeño comercio de ropa para poder hacer frente al alquiler de la nueva vivienda de 400 liras (100 euros). “Pero nadie viene a la tienda, nadie entra hasta aquí en Sur, así que cogemos la ropa y la vendemos en la calle”.
Así pasan los días mientras esperan a que las autoridades les pongan sobre la mesa una oferta por su vieja casa, ya desaparecida. “Éramos pobres y ahora lo somos más”, dice Selam.