La ministra Sira Rego anuncia que el lunes se registrará en el Congreso la propuesta de ley para el reparto obligatorio de menores migrantes

La ministra de Juventud de Infancia, Sira Rego, ha anunciado que la propuesta de ley para crear un sistema obligatorio de reparto de menores migrantes será registrada este lunes en el Congreso de los Diputados. “Los grupos que formamos parte del Gobierno de coalición pretendemos registrar este lunes la propuesta para la reforma del artículo 35 la Ley de Extranjería, para empezar a tramitarla”, ha afirmado Rego en una visita oficial a Asturias. Fuentes de La Moncloa y del grupo parlamentario socialista consultadas por elDiario.es señalan que no les consta que el texto vaya a ser presentado en el Parlamento este lunes.

Según el anuncio de la ministra de Juventud, el borrador de la reforma de la Ley de Extranjería, que fue presentado este miércoles a las comunidades en la conferencia sectorial de infancia, va a ser registrado por el PSOE y Sumar, aunque fuentes del grupo parlamentario socialista no confirman ese extremo a elDiario.es. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha mencionado en varias ocasiones la intención del Gobierno central de registrar la iniciativa legislativa en el mes de julio para iniciar la tramitación de la normativa “lo antes posible” ante la situación de emergencia humanitaria de las Canaria, con el objetivo de aprobar la medida antes de finalizar el mes de julio.

Sin embargo, están en el aire los apoyos con los que contaría la propuesta de ley, dado que el PP es clave para que salga adelante la normativa en el Congreso y, de momento, no ha dejado clara su posición al respecto. Alberto Núñez Feijóo dejó en manos de las comunidades autónomas su decisión sobre la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería, pero durante la conferencia sectorial de este miércoles los gobiernos autonómicos del PP pospusieron en bloque su decisión al respecto y solicitaron más tiempo para estudiar el borrador de la normativa.

El único acuerdo que salió adelante de la reunión fue el reparto voluntario de 347 menores desde Canarias a toda España, lo que suponía dar luz verde a las cifras correspondientes a 2024 de un pacto no vinculante de traslados que se lleva aplicando desde 2022. Los votos a favor del PP en este sentido fueron suficientes para desencadenar la ruptura de Vox en los gobiernos autonómicos que comparte con la formación de Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que en estas comunidades solo debían recibir a entre 16 y 30 chavales. Se trata de un pacto insuficiente para aliviar la situación del Archipiélago, que calcula que debe trasladar a más de 2.000 menores.

La reforma

La actual normativa hace muy complicada la distribución de menores a otros puntos de España. Cuando se ha intentado a través de acuerdos voluntarios, como el aprobado este miércoles, el procedimiento cuenta con engorrosos trámites burocráticos y se acaba dilatando en el tiempo. Es frecuente que los compromisos voluntarios no se cumplan: el año pasado hasta 12 comunidades no acogieron a ni un solo de los menores comprometidos. Ante esta situación, el Gobierno canario y el central apuestan por un cambio normativo para que, en épocas de saturación de los centros de menores de determinados territorios, se active de forma sistemática una distribución por España, con unos criterios previamente marcados por ley, para evitar así largas negociaciones.

La reforma, tal y como está planteada en el borrador al que ha accedido elDiario.es, permitiría al Gobierno de España intervenir cuando las comunidades no ofrezcan su solidaridad para acoger a los jóvenes rescatados en la frontera sur, como ha sucedido hasta ahora. El enfoque acordado propone que los traslados se realicen en aquellas comunidades donde los menores acogidos alcancen el 150% de la capacidad de plazas asignadas. En Canarias, este límite se situaría en alrededor de 3.000 menores. 

La cifra de niños y adolescentes que atraviesan la ruta atlántica sin familia no ha dejado de crecer en los últimos años. Con las últimas llegadas, el Ejecutivo canario tutela a 5.966 niños y adolescentes en 80 dispositivos que ya han colapsado. La situación de emergencia declarada por el Ministerio de Migraciones en 2023 ha permitido a la Consejería de Bienestar Social abrir nuevos espacios de acogida con agilidad, pero estos no siempre reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.

En las últimas semanas, han salido a la luz varias denuncias que apuntan a condiciones de insalubridad, hacinamiento y agresiones en algunos centros del archipiélago. La propuesta del Gobierno central y el canario pasa por modificar un artículo de la ley de Extranjería con el objetivo de establecer un sistema obligatorio de reparto de menores en caso de que una comunidad alcance el 150% de sus plazas de acogida.