La ministra Sira Rego emplaza al PP a que “permita tramitar” el reparto por ley de menores migrantes: “Hay que proteger sus derechos”

“Poner los derechos de las niñas y los niños en el centro”. Es lo que pretende, explica la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la reforma de la ley de Extranjería para regular el reparto de menores migrantes, muchos de los cuales están viviendo una situación complicada en Canarias, donde faltan medios para la acogida de los que llegan a las islas huyendo del hambre, las guerras y el cambio climático.

“Están en nuestro país y hay que proteger sus derechos”, ha afirmado Rego durante un desayuno informativo organizado por el Forum Europa en el Casino de Madrid: “Confío en que el PP permita que comencemos a tramitar esta ley, hemos trabajado la propuesta, la hemos llevado a la conferencia sectorial. Incluso habilitamos la posibilidad de visitar un centro de menores no acompañados en Canarias, pero no vino nadie de ninguna comunidad gobernada del PP para visitar ese centro”.

“Habría sido interesante”, ha añadido la ministra, “mirarles a la cara, a los ojos y ver la situación terrible en la que llegan. Confío en que en estas horas el PP, como mínimo, se abstenga en el trámite. Es el punto de inflexión para garantizar derechos”.

La ministra de Juventud e Infancia ha insistido en que “detrás de las etiquetas hay seres humanos de corta edad, y conviene humanizar a esos seres humanos. En eso estamos. Por eso planteamos esta reforma y confiamos en que haya un acuerdo para modificar para trabajar con otra perspectiva para poner los derechos de niños y niñas en el centro”.

“Toca defender la sociedad de derechos, no podemos caer en la deshumanización”, ha dicho Rego.

El PP, en el 'no'

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha reprochado este lunes al Gobierno que “siempre vaya al último minuto” con las negociaciones, en este caso por la reforma de la ley de extranjería de la que ha asegurado que “no han aceptado ninguna de las propuestas del PP”. “Damos por hecho que el acuerdo ya lo tienen atado con sus socios”, ha adelantado el portavoz popular en una entrevista en TVE.

“La migración es un tema muy serio que debería requerir un debate de Estado, sin embargo el Gobierno no está actuando acorde”, ha señalado Sémper en el que, respecto a su partido, ha afirmado que “solidaridad sí, pero irresponsabilidad no” en relación a la acogida de los migrantes que se encuentran en Canarias, Ceuta o Melilla.

El portavoz del Partido Popular también ha propuesto que la migración “es un asunto lo suficientemente serio como para abrir procesos diplomático en la Unión Europea” y, en relación a los procedimientos judiciales en los que se halla inmerso el Gobierno, Sémper ha advertido de que “si el Presidente no da explicaciones le obligarán a darlas en el Senado”.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explicaban este domingo por la tarde, en contra de lo difundido por el PP, que su departamento “ha seguido realizando rondas de contactos con los grupos parlamentarios”. Dentro de esa ronda, Ángel Víctor Torres mantuvo este domingo “una conversación por escrito con el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado. En esa conversación por escrito en ningún momento se le ha trasladado al PP el no a negociar del Gobierno ante sus peticiones”.

“Todo lo contrario”, insisten en el Política Territorial, “si este martes se admite a trámite la proposición de ley del Grupo Socialista, Sumar y Coalición Canaria, podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP”.

Según el departamento de Ángel Víctor Torres, “el ministro también le ha trasladado que algunas de las propuestas del PP ya se contemplan en el texto registrado en el Congreso: la propuesta de no exceptuar a ningún territorio; la posibilidad de que la emergencia se amplíe a otros territorios, si ésta se produce; la propuesta de que la modificación de la ley de extranjería se haga por medio de un proyecto de ley solo alargaría en el tiempo la solución; la urgencia es máxima, por eso se ha registrado una proposición de ley urgente acordada entre el Gobierno de España (PSOE-Sumar) y el Gobierno de Canarias (CC-PP), que es la que se somete a consideración este martes”.

Así, Torres ha trasladado a Tellado “que la propuesta del PP nacional para que los niños dubitados se queden en Canarias choca contra la voluntad del Gobierno de las islas (CC-PP).  Cuestiones como celebrar una Conferencia de Presidentes y otras, pueden tratarse y acordarse, y así se lo ha trasladado Torres a Tellado, en el debate parlamentario”.

El martes: momento clave

La reforma de la ley de extranjería para sistematizar la acogida de menores migrantes por las comunidades autónomas llega este martes a su primer momento clave: la votación en el Pleno del Congreso que iniciará (o tumbará) el trámite parlamentario. El Gobierno no tiene garantizados los apoyos, por lo que mantiene abiertos los contactos con todos los grupos, mientras los de Alberto Núñez Feijóo preparan enmiendas al texto registrado, lo que implica que ven posible que sea admitida a trámite.

Las conversaciones entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el de Política Territorial con los grupos no son de ahora. El Gobierno lleva semanas preparando la reforma de la ley, y ya el pasado fin de semana el PP remitió al Ejecutivo un documento redactado por su vicesecretaria de Política Social, Ana Alós, con sus aportaciones a la norma, y que pasan por garantizar que los gastos dependerán de la administración central, no de las autonómicas. 

De hecho, en la última semana el PP ha centrado sus reivindicaciones en tres elementos: un fondo de contingencia plurianual (compromiso de dinero), declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional (lo que permitiría a todas las comunidades autónomas acceder a esa financiación) y convocar una Conferencia de Presidentes para que se negocie directamente entre Pedro Sánchez y los jefes de gobierno autonómicos.

La última conferencia se celebró en 2022 y la ley que la puso en marcha mandata que se reúna, al menos, dos veces al año. Los presidentes del PP han reclamado por escrito desde hace meses su convocatoria, sin ningún éxito. Este viernes, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que iniciará acciones legales contra el presidente del Gobierno por no cumplir con lo mandatado en la norma.

Catalunya también se opone a un reparto obligatorio si no se tienen en cuenta sus enmiendas acerca de la financiación y sobre la determinación de la edad de los jóvenes. 

Al Gobierno, hoy por hoy, no le salen las cuentas para el martes. Necesita, al menos, la abstención del PP o de Junts, siempre que el resto de socios parlamentarios apoyen la proposición de ley planteada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Así que las negociaciones continuaban el viernes y se extenderán probablemente hasta el último momento.

La admisión a trámite saldrá adelanto con más ‘siés’ que ‘noes’, aunque su aprobación final exigirá la mayoría absoluta al ser una ley orgánica.

El Gobierno de Canarias, donde participa como socio minoritario el partido de Feijóo, pide esta reforma de la ley. El Ejecutivo autonómico también reclama que sus homólogos asuman la acogida de unos 3.000 menores que ahora mismo están bajo la tutela de Canarias. Una propuesta bloqueada por los presidentes del PP este mismo mes de julio en la última reunión sectorial, celebrada en Tenerife bajo la presidencia de la ministra de Juventud, Sira Rego.