Manuela murió en 2010, con 33 años, de cáncer y esposada a la cama de un hospital en un país donde el aborto está completamente prohibido. Esta salvadoreña de pocos recursos económicos y dos hijos había sido condenada en 2008 a 30 años de prisión por un aborto espontáneo después de llegar a un centro de salud por una emergencia obstétrica. Manuela terminó siendo condenada con la pena mínima prevista para el delito de homicidio agravado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló este martes en contra del Estado de El Salvador por la detención, condena y muerte de Manuela. En la sentencia, el tribunal internacional denuncia violaciones a la libertad personal y la igualdad ante la ley. También el incumplimiento del derecho a la vida de la mujer, a la integridad personal y a la salud.
Desde 1998, El Salvador penaliza el aborto sin excepciones en ningún tipo de circunstancia. Entre 2000 y 2019, al menos 181 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en el país, según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador difundidos por Amnistía Internacional.
Morena Herrera, activista feminista salvadoreña y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, conversó con elDiario.es desde San Salvador sobre este fallo histórico.
¿Cómo analiza el fallo de la Corte Interamericana por el caso Manuela?
Nosotras estamos satisfechas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por su responsabilidad internacional en la violación del derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada y a la salud, en perjuicio de Manuela. Y además ha reconocido que la criminalización de mujeres que sufren emergencia obstétrica y abortos espontáneos se ha producido en un contexto: el de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador.
¿Qué importancia tiene el reconocimiento del contexto en el fallo?
Ese reconocimiento del contexto exige avanzar con medidas legislativas y políticas para que estos hechos no se repitan. Por ejemplo, que las historias clínicas de mujeres que acuden a los hospitales con este tipo de situaciones no puedan ser utilizadas en procesos penales. Es decir, tienen que regular el secreto profesional, tienen que respetar la privacidad de sus historias clínicas. Y ese ha sido uno de los factores más frecuentes para las mujeres que han transitado del hospital a la cárcel por esta circunstancia.
¿Este fallo repara a los familiares de la víctima?
Sí, la sentencia en sí misma es una reparación para la familia. Uno de los deseos de la familia de Manuela, de los hijos, de su mamá y de su papá es que su imagen y su dignidad se restablezcan. El Estado está obligado a reconocer que se equivocó. Con este fallo quedó establecida la idea del derecho a la reparación integral, que empieza en el reconocimiento de que la víctima debe ser dignificada. Y además, creemos que esto tendrá repercusiones en otras mujeres que aún son víctimas.
¿Cómo está hoy la situación? ¿Hay mujeres detenidas por practicarse un aborto?
En este momento, hay 14 mujeres condenadas y estamos defendiendo a seis. Solo durante la pandemia hemos logrado la libertad de 15. La manera en que ha operado el sistema judicial consiste en que inicialmente se las acusa de aborto pero después se cambia el tipo de delito y son condenadas por homicidio agravado.
¿Quiénes denuncian los casos?
Aquí lo que ha ocurrido es que en los últimos años hay una organización de médicos y médicas que se llama Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres, que hace vigilancia en los hospitales. Cuando hay una mujer con un aborto, rápidamente avisan a las organizaciones.
¿Por qué cree que en Centroamérica países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana o Haití tienen las leyes más restrictivas?
Pienso que las jerarquías eclesiásticas, en alianza con sectores económicos poderosos, tienen una enorme influencia en los medios de comunicación y eso hace que los Estados no se comprometan con los derechos de las mujeres. Esta sentencia contribuye a desarmar esa alianza.
¿Tiene esperanzas de que esta sentencia sirva para avanzar con la despenalización del aborto en El Salvador?
El reconocimiento del contexto por parte de la Corte es un avance. Le pedimos a la Corte que no se quede solo en la violación de derechos de Manuela, sino que tiene la oportunidad de mirar el contexto. Eso es un paso, pero el camino a la despenalización no es automático. No es que el siguiente paso vaya a ser ese, pero sí abre el debate y crea un marco de posibilidades para revisar nuestras leyes. La influencia que llega de otros países de América Latina también ayuda a impulsar cambios. La ley que penaliza de forma absoluta el aborto va a cambiar.
¿Lo conseguirán?
Lo vamos a ir logrando, con los cambios que se vayan dando en el imaginario social y la respuesta que tengan los políticos acerca de esos cambios en la sociedad. Para nosotras, la sociedad salvadoreña ya ha ido cambiando. Las sociedades centroamericanas también. Hace falta que quienes gobiernan también se den cuenta de esos cambios.