El 6 de agosto de 1890, William Kemmler murió electrocutado en la entonces nueva máquina de matar de las prisiones estadounidenses: la silla eléctrica. Meses antes, Kemmler recurrió a los tribunales, sin éxito, para denunciar que el método vulneraba la Constitución de Estados Unidos al tratarse de un castigo “cruel”.
Sus impulsores la defendían como “una manera más humana” de ejecución y, a partir de los 80, ese argumento sirvió para defender la inyección letal. Richard Glossip acudió al Tribunal Supremo con la misma denuncia que Kemmler –castigo “cruel e inusual”– contra la inyección letal con un controvertido medicamento, el Midazolam. También perdió: la fecha de su ejecución es el próximo 16 de septiembre.
Para sus opositores, la cuestión no está en la forma de matar a los presos. “No hay una manera digna de ejecutar a alguien y el Tribunal Supremo intenta encontrarla”, dice Antonio Ginatta, director de Programas en Estados Unidos de Human Rights Watch. En Amnistía Internacional también indican que la pena de muerte es inaceptable en cualquier caso: “Es la violación máxima de los derechos humanos”, afirmaron desde la ONG tras el aval del Supremo de las ejecuciones con Midazolam.
Sin embargo, la lucha en los tribunales contra determinados métodos de ejecución es una vía más de oposición a la pena de muerte. A veces la única disponible, como para los presos condenados a la pena capital en alguno de los estados que la aplican. 19 estados han abolido la pena de muerte: el último en hacerlo, este año, ha sido Nebraska. Pero en otros pocos, como Texas y Oklahoma, la justicia aún empuña la espada con fuerza.
“La pelea contra la pena de muerte en Estados Unidos sigue siendo estado por estado”, indica Antonio Ginatta. “De las 35 personas ejecutadas el año pasado, la gran mayoría lo fue en tres o cuatro estados. Texas, Missouri y Florida”, recuerda al otro lado del teléfono.
Según los datos del Centro de información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), desde que el Supremo confirmó las nuevas leyes de pena capital en 1976, en el país se han llevado a cabo 1.413 ejecuciones. Texas ha sido responsable del 45%: 640 ejecuciones. “Solo siete estados ejecutaron a presos el pasado año”, indica su director ejecutivo, Robert Dunham.
Por qué es controvertido el Midazolam
Richard Glossip –acusado de ordenar un asesinato y que defiende su inocencia– y otros cuatro presos de Oklahoma recurrieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos para intentar que no se les aplicara la pena máxima mediante una inyección con Midazolam. El año pasado, Clayton Lockett fue ejecutado en Oklahoma con esta sustancia, que interviene en la primera fase de la inyección letal (la anestésica, para supuestamente evitar una muerte dolorosa). Lockett estuvo agonizando 43 minutos sin que el sedante tuviera el efecto esperado, tuvo convulsiones y se retorció antes de morir de un ataque al corazón. Otras dos muertes con Midazolam pusieron en duda su eficacia y los presos denunciaron el mecanismo.
El Midazolam es un ansiolítico y relajante que se utiliza en las ejecuciones desde que las penitenciarías estadounidenses empezaron a sufrir el desabastecimiento de pentotal sódico. Mientras que el Midazolam no es un anestésico –y como tal no está reconocido por la Administración de Medicamentos y de Alimentos (FDA)–, el pentotal sí lo es pero las cárceles no tienen acceso a la sustancia.
“Los productores norteamericanos dejaron de producir estas sustancias o rechazaron venderlas a las prisiones para ser usadas en ejecuciones. Y Europa considera que la pena de muerte viola los derechos humanos, por lo que prohíbe la exportación de medicinas para usarse en ejecuciones”, explica a eldiario.es Robert Dunham.
Uno de los abogados de Richard Glossip y del resto de presos en la causa en el Supremo, Dale Baich, denuncia que “el Midazolam no puede mantener la anestesia durante el proceso de ejecución”. A pesar de las valoraciones médicas que aportaron en la causa, el Supremo consideró que no quedó probado que la ejecución con este producto “conlleva un riesgo importante de dolor severo” para el preso.
Según explica a eldiario.es Francisco Zaragozá, vocal nacional de Investigación y Docencia del Consejo General de Farmacéuticos y miembro del Comité Consultivo Farmacéutico Europeo, “no se puede asegurar que haga el efecto suficiente porque no es anestésico, el pentonal sí es anestésico, pero el Midazolan no”.
Richard Glossip es la primera persona que será ejecutada en Oklahoma con Midazolam desde la decisión del Supremo, al que han vuelto a recurrir los condenados para denunciar la inconstitucionalidad no ya del uso del fármaco sino de la pena de muerte en general.
No es una forma clínica de matar
En Human Rights Watch indican que el aval del Supremo mantiene una lógica en la que el tribunal “intenta buscar una forma digna de ejecutar, pero no la hay. La inyección letal no es una manera digna, ni humana de matar. La inyección letal refleja a los que apoyan la pena de muerte en Estados Unidos, pero de una manera que no parezca bárbara”, critica Antonio Ginatta.
Los 19 presos ejecutados en lo que va de año murieron mediante la inyección letal, según la información del DPIC. El último, Daniel López, el pasado 12 de agosto en Texas.
En HRW y en Amnistía Internacional condenan la inyección letal como un intento de esconder un castigo irreversible y cruel tras una apariencia de “muerte clínica”. Uno de los componentes de la inyección, además del anestésico es un paralizante, “para que no se oiga cómo muere la persona, para que parezca una forma de matar de manera clínica, pero no lo es”, insiste Ginatta. AI afirma que los médicos violan su juramento ético al participar en ejecuciones.
Para Ginatta, que recuerda que cada año llega uno o dos casos sobre la pena de muerte al Tribunal Supremo, la abolición es más posible a través de la política, con decisiones como la de Nebraska, que por la vía judicial. “En mi opinión, la Corte en este momento no está lista para hacer un cambio tan grande, para decir que la pena de muerte es inconstitucional. Tal vez si llegara un caso muy extremo...”, afirma.
Según una encuesta del Pew Research Centre en abril, la pena de muerte cuenta con el menor apoyo de los últimos 40 años en la sociedad estadounidense, aunque aún mantiene una mayoría a su favor, con un apoyo del 56%.
Si todo ocurre según lo previsto, Glossip morirá con una inyección letal compuesta por Midazolam. Pero aunque la justicia hubiera invalidado esta fórmula, Oklahoma es un ejemplo de la importancia de la política a la que se refieren en HRW. Cuando el Midazolam fue puesto en duda ante el Supremo, el Estado aprobó en abril el uso de gas nitrógeno en las ejecuciones para los casos en los que no haya acceso a la inyección letal.