Mujeres trabajadoras en el campo, historias de abusos y explotación

El asentamiento de Palos de la Frontera se recupera de un nuevo incendio. Badia, mujer marroquí que vino a España con un visado de turista y se quedó posteriormente para trabajar en el campo, lo ha perdido todo: su chabola, su pasaporte, sus pertenencias. “Para hacerme otro necesito ir al consulado a Sevilla, pero no tengo dinero para el viaje, ni para pedir un duplicado del pasaporte”, cuenta a elDiario.es mientras comparte un té con Samira, otra marroquí que la ha acogido temporalmente bajo su techo.

El pasado año el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU puso el grito en el cielo al visitar un asentamiento como este, en Lepe, también Huelva: “Viven como animales”, dijo. “Sus condiciones compiten con las peores que he visto en cualquier lugar del mundo”. Poco o nada ha cambiado desde entonces.

En este asentamiento de Palos de la Frontera varios hombres subsaharianos acarrean palés de madera que las propias empresas de frutos rojos para las que trabajan –muchos sin papeles– les venden a euro y medio. Con ellos, con plásticos y cartones levantarán nuevas chabolas. El coste total rondará entre 300 y 500 euros, en función del tamaño. Badia no puede permitírselo. Se rompió el brazo hace unos meses y desde entonces no ha podido trabajar. Sin pasaporte es más vulnerable aún. Lamenta que ninguna autoridad haya venido a visitarla, ni a ella ni al resto de las mujeres marroquíes que habitan este asentamiento.

Samira, quien la acoge en su precaria vivienda, no puede dormir desde el incendio: “Es la tercera vez que vivo algo así. Escuché un crujido primero, me asomé en plena noche y divisé el fuego a lo lejos, en la zona alta del asentamiento. Cogí mi mochila y el pasaporte, estaba tan nerviosa que se me caía todo, y al fin logré huir. Pero ahora no pego ojo, tengo miedo de que se origine otro incendio mientras duermo y terminar chamuscada como les pasó a otras”, confiesa. A Badia le ocurre lo mismo: “Me paso la noche en vela, vigilando con los oídos, pendiente de cualquier mínimo ruido”.

Clasificación humana con estereotipos

Ambas tienen hijos en Marruecos, a los que envían buena parte del dinero que ganan cuando trabajan en el campo. Samira vino a España por primera vez en 2019, con contrato de origen, que obliga a regresar a Marruecos en cuanto termina la campaña de recogida de la fruta. Desde el año 2006 la patronal impuso un requisito claro: las personas contratadas en origen tienen que ser mujeres.

La justificación es que son más delicadas para la recolección del fruto rojo y menos conflictivas. En un primer momento las buscaron en los países de Europa del Este, pero su “exceso de autonomía” no convenció. La solución se halló en las marroquíes, sobre todo en las que tienen hijos menores, lo que en principio garantiza que regresan a su país.

“Opera aquí una clasificación cultural de conflictividad cargada de estereotipos, a la vez racistas y machistas”, explica la abogada Pastora Filigrana, en contacto permanente con muchas trabajadoras del campo extranjeras. “En el imaginario de la patronal las marroquíes tienen un plus de docilidad. ”Son musulmanas“, ”no van a discotecas, ni beben“, ”tienen un profundo respeto por su familia de origen“, por ende, es el subtexto, van a soportar situaciones más arduas a cambio de no perder la aceptación de su familia”, señala.

Despedida tras un intento de abuso sexual

Samira volvió a España, con contrato de origen, en el año 2020. Cuenta que cuando llevaba solo un día trabajando, el encargado intentó abusar de ella sexualmente. “Me negué, le increpé. Al día siguiente vino una encargada a despedirme, alegando baja productividad”, lamenta. “Querían que firmara unos papeles, yo no entiendo español y me negué”, recuerda.

No quiso regresar a Marruecos entonces y tampoco tenía dinero para sufragar el traslado de regreso. Había contraído allí una deuda de 300 euros para hacer frente a los gastos que requería el viaje a España y tenía como objetivo no volver con las manos vacías. Se fue a Granada a la recogida de las habichuelas y al término de la temporada regresó a la provincia de Huelva. Comenzó así una nueva vida de trabajos sin contratos y sin papeles, expuesta a una mayor explotación:

“Este año solo he conseguido trabajo 17 días, siempre de noche, de diez a cinco de la madrugada. He tenido que asumir tareas muy duras, propias de hombres. Un día el encargado me llevó a un campo a quitar malas hierbas y me dejó ahí sola, en la oscuridad. Le pedí que trajera a alguna compañera, pero no hizo caso. Me entró mucho miedo, así que llamé a mi compañero, con quien comparto chabola. Él intentó encontrarme, pero no pudo, así que, asustado, avisó a la policía. Los agentes me encontraron, también a mis compañeras, a las que tomaron huellas y ahora ellas me lo recriminan”, relata.

Una tierra de nadie, un secreto a voces

Por esos diecisiete días de trabajo a jornada completa más horas extra calcula haber recibido, en un sobre con dinero en efectivo, unos 505 euros. “Casi todo lo he enviado directamente a mis hijos”, cuenta. A sus cuarenta y cuatro años, tiene seis hijos y un nieto. “La más pequeña de mis hijas me llama a veces diciéndome que les falta harina o aceite. Si le pregunto si me necesita allí, ella me dice que no, que necesita que siga enviándoles dinero para que puedan comer. Por eso yo no puedo regresar, tengo que quedarme aquí”.

Como tantas otras compañeras, Samira confía en poder subsistir hasta que transcurran los tres años de estancia en situación irregular en España, momento en el que podría aspirar, según la Ley de Extranjería actual, a obtener un permiso de residencia y trabajar legalmente. Mientras tanto, sobrevive ejerciendo tareas por las que recibe menos salario de lo debido por más horas de lo reglado.

Que en el asentamiento de Palos de la Frontera viven personas sin papeles en infraviviendas y sin sus derechos laborales garantizados es un secreto a voces, ante el que las autoridades miran hacia otro lado. Es una tierra de nadie consensuada entre líneas, sobre la que se sostiene parte de la economía agrícola de la provincia.

Sabemos que si protestamos, el jefe nos va a decir a las españolas: ‘Vete, que ahí fuera hay 500 esperando a trabajar por la mitad de lo que tú cobras’

La explotación de Samira incide no solo en la situación de marroquíes como ella, sino en el contexto de los propios trabajadores españoles: “Sabemos que si protestamos lo más mínimo o si no asumimos todos los abusos, el jefe nos va a decir: ‘Vete, que ahí fuera hay 500 esperando a trabajar por la mitad de lo que tú cobras’”, cuenta Ana Pinto, de la organización Jornaleras de Huelva en Lucha, desde donde insisten en subrayar que la defensa de los derechos de las mujeres migrantes trabajadoras en el campo español es fundamental para mejorar los derechos de las propias españolas.

Para regularizar su situación el día de mañana, Samira, como todos, necesitará estar empadronada. “Vamos a iniciar una campaña para explicar a la gente de los asentamientos que empadronarse es un derecho, que no tienen que pagar por ello. Queremos explicarles cómo hacerlo, cómo rellenar la solicitud. Tienen derecho a ello, a pesar de que habitualmente se les niega”, explica Pinto.

Mujer, pobre, vulnerable

Al contrario que otros cultivos, el de los frutos rojos en un modelo de explotación intensiva como el de Huelva necesita aún miles de brazos, porque no puede ser sustituido por máquinas. Por eso la única manera de abaratar costos y aumentar beneficios es recortando en salarios. Así lo ve la abogada Pastora Filigrana: “Ese trabajo barato lo ponen las mujeres y, de entre ellas, las que menos posibilidades de elección tienen, o sea, las más pobres. Y las más pobres según el sistema de ordenación actual son las mujeres racializadas con hijos o familiares a su cargo que habitan el Sur Global”.

Son numerosas las organizaciones de derechos humanos que subrayan que para estas mujeres denunciar su situación es prácticamente imposible, debido a su enorme vulnerabilidad. No hablan el idioma, no conocen sus derechos, no disponen de redes de apoyo y, en la mayoría de los casos, no saben dónde acudir para pedir ayuda.

Relaciones Marruecos-España

A los problemas que ya tienen se añade estos días un rumor que corre como la pólvora en las fincas y asentamientos chabolistas. Existe el temor a que la tensión surgida entre Marruecos y España de las últimas semanas pueda anular en los próximos años los acuerdos entre Madrid y Rabat para contratar a jornaleras marroquíes en origen. Con dicho pacto el rey Mohamed VI prometió en su día la mejora de la economía de alguna de las regiones más pobres de su país, de donde proceden buena parte de las jornaleras que vienen a España a trabajar para enviar dinero a sus familias.

En el Consejo de Ministros de hace una semana se aprobó despejar el camino a un acuerdo entre Honduras y España que abre la puerta a un programa piloto para traer a trabajadoras hondureñas, algo esperado por la industria del sector en Huelva.

La explotación de las migrantes debilita a los trabajadores autóctonos

En casi todas las zonas de cultivo intensivo con una parte importante del trabajo realizado por manos migrantes, Vox ha subido notablemente, arrasando en localidades clave como Lepe (Huelva), El Ejido (Almería), Torre–Pacheco (Murcia), o Talayuela (Cáceres). Son lugares cuyo crecimiento acelerado depende directamente de la mano de obra barata y extranjera.

“Difícilmente los empresarios pueden desear las expulsiones masivas de migrantes de las que habla Vox, puesto que su riqueza depende de ellos. Lo que sí quieren es una mano de obra migrantes más amenazada, más clandestina y más perseguida, que trabaje más por menos ante el miedo a las expulsiones”, explicaba recientemente Filigrana en un artículo.

“Habría, al mismo tiempo, otro voto a Vox, menor, pero reseñable, de trabajadores del campo. Este es un voto de impugnación a todo, un voto desde un malestar vital que la ultraderecha es capaz de canalizar contra las personas más vulnerables. Verdaderamente en esta fase del neoliberalismo muchas personas se caen del barco y el acceso a los bienes básicos para la vida es cada vez más difícil. La competencia entre quienes están en estos escalones bajos, donde se encuentra la migración, puede ser la explicación para entender este voto”, reflexiona la letrada.

Ante ello Pastora Filigrana considera que “en las luchas y experiencias que unen a gente desde los mismos ‘dolores de barriga’, autóctonas e inmigrantes, planteando una respuesta colectiva a las causas directas, es donde se frena el fascismo social”.

Con esa filosofía nació hace tres años Jornaleras en Lucha, a partir de la experiencia de trabajadoras españolas y marroquíes que se dieron cuenta de que compartían problemas, retos y objetivos. De que las condiciones de semi esclavitud y precariedad de sus compañeras migrantes allanan el camino para las suyas propias. Su historia merece un relato aparte.

*La gran vulnerabilidad de las mujeres marroquíes que trabajan en el campo de Huelva les obliga a solicitar no ser fotografiadas.