El buque de Open Arms lleva años salvando a migrantes en aguas del Mediterráneo y no es la primera vez que es perseguido por ello, pero la detención administrativa de 20 días y la multa de 10.000 euros impuesta esta semana por las autoridades italianas ha evidenciado la contradicción surgida en la aplicación de la normativa con la que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni trata de frenar la labor de las ONG en el Mediterráneo central. “Primero te piden ayuda para realizar decenas de rescates porque la Guardia Costera no tiene combustible, pero después te aplican el 'Decreto Meloni' que limita los rescates a uno”, criticó el presidente de la organización, Óscar Camps.
Desde Italia, el primer oficial del buque de Open Arms, Angelo Selim, relata a elDiario.es la situación que llevó a la ONG a ser sancionada a principios de la semana. El día 12 de agosto, el barco zarpó para llevar a cabo su misión número 105. El 17 de agosto, recibió una llamada de socorro a través de la ONG Alarm Phone, que está en contacto con los migrantes que cruzan el Mediterráneo. En el lugar señalado se encontraba una lancha de goma, partida por la mitad, con 26 personas a bordo (incluidos dos niños).
“Estábamos en aguas internacionales. Informamos a las autoridades competentes y desde Roma nos indicaron Marina di Carrara (noroeste) como puerto para el desembarco”, dice Selim. Primero, la tripulación atendió a los migrantes rescatados, unas diez personas tuvieron que ducharse y cambiarse de ropa porque se habían empapado de gasolina del motor de la embarcación precaria a bordo de la que viajaban. “La gasolina mezclada con el agua salada del mar causa una reacción alérgica en la piel”, explica el primer oficial.
Aplicación del decreto contra las ONG
El Open Arms emprendió su viaje hacia Marina di Carrara a varios días de navegación de distancia, pero recibió otra llamada de socorro. “Varias veces, desde el centro de coordinación de Roma nos dijeron (vía email) que teníamos que respetar el decreto Piantedosi”, según el cual el barco no puede realizar otra misión de rescate, sino que debía dirigirse directamente al puerto asignado.
Ese decreto, elaborado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni y convertido en ley en febrero de 2023, establece que los rescatistas no pueden demorarse en el desembarco o modificar la ruta marcada por las autoridades y, de lo contrario, se enfrentan a multas que van de los 10.000 a los 50.000 euros, y un bloqueo administrativo de hasta dos meses de su embarcación.
Contraviniendo por tanto esa norma pero cumpliendo el deber de cualquier buque de socorrer un barco en riesgo, el Open Arms acudió al lugar señalado por el avión que monitora esta zona del Mediterráneo, el Sea Bird 2, y encontró una embarcación con más de 130 personas hacinadas a bordo y las rescató. “Con un total de 158 personas a bordo, nos dirigimos a Marina di Carrara”, el puerto asignado en un primer momento, cuenta Selim. Pero la tripulación del buque fue alertada de otra patera en apuros a unas 18-20 millas. “Había unas 36 personas a bordo, 7 menores y 9 mujeres, casi todos procedentes de Siria”, detalla el primer oficial. También fueron rescatados por el buque de Open Arms, que se dirigió a la isla de Lampedusa.
“Tuvimos que desembarcar en Lampedusa por un caso sospechoso de varicela y nos comunicaron que teníamos que seguir hacia Marina di Carrara, que estaba a unas 300 millas, unos tres días y medio” de navegación, según Selim, quien recuerda que en un primer momento ya habían solicitado a las autoridades italianas que les asignaran un puerto más cercano, en el sur del país o en Sicilia.
Selim dice sentirse “frustrado” porque “ya se ha normalizado el hecho de que las autoridades italianas manden (a los barcos) a distancias enormes”, obligándoles a navegar durante días, algo que viene ocurriendo en los pasados meses y que las ONG denuncian por varios motivos: no solo les hace perder tiempo precioso para rescatar a más personas en peligro, sino que aumenta el sufrimiento de los rescatados, que deben pasar más tiempo a bordo antes de llegar a tierra firme, después de viajes largos y traumáticos.
“Nos han parado anteriormente para inspeccionar el barco y nos han detenido por no cumplir el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (…) pero ahora nos paran por cumplir esa ley”, afirma indignado, señalando que en el apartado V estipula la obligación de los capitanes de los barcos de prestar asistencia a quien se encuentre en peligro en el mar, lo más rápido posible.
Detención de 20 días y multa de 10.000 euros
“Cuando llegamos a Marina di Carrara, el comandante del barco, el jefe de la misión y yo fuimos llevados a la oficina de la Capitanía del puerto y fuimos interrogados por separado, durante unas siete horas y, cerca de la medianoche (del día 22), nos comunicaron el bloqueo administrativo (del barco) durante 20 días y la multa de 10.000 euros”, relata Selim.
El primer oficial cree que las autoridades mantienen alejados los barcos de las ONG con una finalidad: “No es para que no rescatemos a los migrantes, sino porque no quieren que denunciemos la omisión de socorro y las devoluciones en caliente que tienen lugar todos los días en el Mediterráneo”.
En este momento, a nivel político, puede que al Gobierno italiano le convenga mantener los barcos detenidos para mostrar que hace algo frente a las llegadas
“Usan la ley, según les convenga en cada momento”, denuncia Selim. “En este momento, a nivel político, puede que le convenga (al Gobierno italiano) mantener los barcos detenidos para mostrar que hace algo frente a las llegadas” de migrantes, que no ha cesado en los meses de verano. “Cuando le hace falta, usa (los barcos de) las ONG como si fueran medios propios” para socorrer y rescatar a las personas en el mar.
Antes de la misión 105, a raíz de la que ha sido sancionada, Open Arms llevó a cabo varios rescates en coordinación con las autoridades italianas, las cuales pidieron al barco de la organización socorrer a los migrantes debido a que la Guardia Costera no podía.
Selim relata que, durante la misión 103, recibió permiso del centro de coordinación de Roma (MRCC) para acudir al rescate de una patera con “personas en peligro, entre ellas mujeres, una embarazada, y niños, que se encontraba a tan solo tres millas” del Open Arms, que estaba navegando hacia Salerno y, según la ley, no podía desviarse ni realizar otras operaciones. “A partir de ahí, asistimos a 25 embarcaciones cerca de Lampedusa y un total de más de 700 personas, Roma se coordinaba directamente con nosotros y nos pidió que nos quedáramos en la zona porque los medios (de la Guardia Costera) se habían quedado sin combustible” en la isla.
Selim afirma que la ONG no tiene “ningún problema en coordinarse” con las autoridades italianas y considera que ese sería un “sistema sano de cooperación”, pero admite sentir “frustración y rabia” ante el cambio de trato otorgado a Open Arms entre principios de agosto y esta semana.
Además, denuncia que no solo el buque de Open Arms ha sido detenido, sino que otros dos barcos han sido también sancionados por 20 días. “Mantener tres barcos parados, en estos momentos, con la necesidad que hay en el Mediterráneo, me parece un acto criminal”, apunta Selim. “No somos nosotros los criminales”, agrega.
Tres barcos detenidos
Esta semana las autoridades italianas han ordenado el bloqueo durante un periodo de 20 días de la nave alemana Sea-Eye 4, por llevar a cabo rescates mientras se dirigía al puerto asignado, al igual que el Open Arms. Mientras que el buque Aurora, de la ONG alemana Sea Watch, fue sancionado por atracar en Lampedusa en lugar del puerto señalado por las autoridades (el de Trapani), después de más de 24 horas en el mar, cuando se estaba acabando el combustible y el agua potable a bordo, según explicó en un comunicado.
Al Sea-Eye 4 le ha sido impuesta una multa de 3.333 euros, tal y como informó la ONG Sea Eye el pasado día 23. A Sea Watch aún no le ha sido comunicado el monto que tendrá que abonar, pero podría ser de hasta 10.000 euros, explica a elDiario.es su portavoz, Giulia Messmer.
“La detención de nuestro barco, Aurora, del Open Arms y del Sea-Eye 4 no es una coincidencia, sino el resultado claro de un juego político violento que está jugando el Gobierno italiano ultraderechista”, sostiene Messmer. “Las autoridades italianas están llevando a cabo un estrategia política deliberada para prevenir la migración, bloquear y criminalizar los rescates civiles, lo cual lleva a un creciente número de muertes cada día”, agrega.
Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ya son más de 2.000 los fallecidos en el Mediterráneo central en lo que va de año, pero su portavoz regional, Flavio di Giacomo, ha señalado que podrían ser muchos más: “Los frágiles barquitos de hierro que huyen de Túnez probablemente han causado muchos naufragios de los que no se ha sabido nada”.
Selim explica que esas embarcaciones precarias, hechas de láminas de hierro cortantes, no solo se hunden fácilmente, sino que también provocan heridas a los ocupantes. “Son trampas, son ataúdes que flotan”, afirma primer oficial del Open Arms, agregando que “mueren personas todos los días” en el Mediterráneo y “probablemente morirán” en los 20 días en los que no podrá operar ni su barco ni los otros dos de las ONG alemanas.
Desde Sea Watch, Messmer lamenta que “las fronteras exteriores de la Unión Europea son escenario de crímenes contra la humanidad y los Estados europeos son los que los perpetran”.