Vestidos de papá Noel, dos policías de San Diego cruzaron la línea invisible que separaba México y Estados Unidos para entregar unos regalos a los niños del poblado del cañón Zapata, en la colonia Libertad de Tijuana. Corría la Navidad de 1986 y el fotógrafo Roberto Córdova-Leyva no dudó en sacar su cámara para inmortalizar el momento. “La frontera apenas tenía algunos tramos con alambrada, y esta colonia era uno de los principales lugares de cruce. Parecía un mercado o una plaza: había migrantes, pero también gente comprando, caminando de un lado a otro de la frontera imaginaria, incluso los mismos policías de San Diego y los funcionarios de migración entraban y salían para comprar comida. Entonces había convivencia, la frontera era bastante permeable”.
Roberto ha sido testigo de la historia de las ciudades fronterizas de Baja California durante los últimos 30 años. Fotografió cómo la cotidianidad de la gente de ambos lados fue evolucionando, de llegar a presenciar un partido de voleibol en la misma línea divisoria, a la construcción progresiva de muros y alambradas que terminaron por convertirse en la espina dorsal de Tijuana, Tecate y Mexicali. Aunque este siempre ha sido un lugar clave en las rutas de migración indocumentada en Latinoamérica, recuerda, el aumento de la vigilancia y el refuerzo de la infraestructura física se han intensificado tanto que han empujado a miles de personas a tomar rutas alternativas, más peligrosas y costosas, para poder llegar a Estados Unidos.
Cuando comenzó su carrera como fotógrafo, Roberto explica que solo la frontera colindante al centro de Tijuana tenía algunas defensas y zanjas para impedir el paso de “carros suicidas”; vehículos llenos de migrantes que cruzaban velozmente el control de los policías fronterizos. La gente que quería cruzar clandestinamente no tenía mayor dificultad que esperar a que llegara la tarde para emprender la caminata hasta San Diego.
En ese mismo año, el Congreso norteamericano había aprobado una reforma migratoria histórica (conocida como ley IRCA), que legalizó a unos dos millones de trabajadores sin papeles del país. Fue la última regularización migratoria de calado realizada por el Gobierno de Estados Unidos, pero además también sirvió para sentar los precedentes legales que empezaron a marcar el cambio de rumbo en la política migratoria estadounidense: se estipularon sanciones a empleadores que estaban contratando a indocumentados y se contempló un aumento progresivo del presupuesto destinado al control fronterizo.
A finales de los ochenta, se empezó a levantar un cerco de alambre en algunos puntos de Tijuana, y en noviembre de 1993, unos tubos de hierro sobre unos rieles cerraron la frontera hasta el Pacífico. Mientras las detenciones de migrantes aumentaban, en Estados Unidos empezó a ganar peso el debate acerca de la importancia de la vigilancia en la frontera con México, y las campañas y “operaciones de control” emprendidas en estados como California y Texas dieron paso a que, finalmente, el gobierno de Bill Clinton lanzara la “Operación Guardián”: creación de 600 kilómetros de muro, unos 800 de barreras, e incremento de la vigilancia mediante tecnología y policías especializados.
En 1994, la primera barrera empezó a levantarse en la frontera de California a través de las ciudades mexicanas de Tijuana, Tecate y Mexicali, y en el 97 se alargó en algunos puntos de los límites con Texas. Clinton, además, no solo estaba apostando por el fortalecimiento de la infraestructura de control fronterizo, a través de la contratación de más personal, la compra de helicópteros, cámaras y sensores de movimiento, sino que también impulsó importantes modificaciones en las leyes para castigar con mayor dureza las faltas cometidas por personas indocumentadas.
Comenzaron a crecer las deportaciones, que tradicionalmente afectaban a migrantes recién capturados por la Patrulla Fronteriza, y se empezaron a deportar a personas que ya llevaban viviendo varios años en Estados Unidos y que incluso tenían algún tipo de visado. El fenómeno de las deportaciones no dejó de aumentar desde entonces y se incrementó particularmente en el periodo de Obama, que creció más del 30% llegando a superar los 2,5 millones de deportados. Su impacto ha sido directo en las ciudades mexicanas que, como en el caso de Tijuana, llegaban a registrar entre 150 y 400 repatriados diarios en algunos periodos.
Con los atentados del 11 de septiembre, la vigilancia de la frontera se convierte en un asunto de primer orden para el gobierno estadounidense. El departamento de Seguridad Nacional termina por absorber las competencias migratorias y las instituciones de control fronterizo tales como la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y la Border Patrol (CBP). Bajo esta política de seguridad, el gabinete de George W. Bush decide unificar la estrategia antiterrorista con la migratoria y redirige el discurso acerca del muro a una defensa necesaria para cuidarse de los traficantes de drogas y los terroristas, criminalizando con ello a los migrantes.
“Lo que empezó a cambiar en esos años fue la actitud de las autoridades migratorias, las mismas que en los 80 regalaban juguetes a los niños de la colonia Libertad”, recuerda Córdova-Leyva. En 2004, en el marco de un festival cultural que se celebró en Tijuana, se proyectó la película 'Un día sin mexicanos' sobre la pared trasera de la plaza de toros La Monumental, que está a escasos cuarenta metros de la frontera. “Había público sentado tanto en el lado mexicano como en el gringo”, recuerda Roberto. Sin embargo, esta fue una de las últimas muestras de normalidad en el espacio fronterizo de los dos países vecinos.
Dos años después, la aprobación de la 'Secure Fence Act' otorgó recursos millonarios para la construcción de una valla metálica de 8 metros de altura, mucho más alta y robusta que la creada durante la etapa de Clinton, a lo largo de más de mil kilómetros de la frontera. Dotada de cámaras térmicas y de visión nocturna, en algunos tramos -sobre todo en los que pasan por las ciudades mexicanas- se levantó paralela a la construida por Bill Clinton, creando un muro doble entre el que circulan los agentes de la patrulla fronteriza, cabalgando o a bordo de vehículos todoterreno, respaldados por drones de vigilancia.
Una barrera innecesaria
Según los propios datos de la Patrulla Fronteriza, las detenciones a migrantes en la frontera son en la actualidad una décima parte de las que se registraban en los años 90. Si en el año 2000 fueron interceptadas 616.000 personas cruzando clandestinamente, el número cayó a 63.400 en el 2015: el nivel más bajo desde principios de los setenta. Esto supone una media de 19 aprehensiones por cada agente fronterizo, la segunda tasa más baja de cualquier año registrado.
Aunque el número total de migrantes que llegaron a la frontera aumentó ligeramente durante el 2016, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos aclaró que se debe al creciente flujo de llegadas de niños no acompañados y familias procedentes de Centroamérica, “los cuales huyen de amenazas y violencia, y no están tratando de evadir la captura: buscan a las autoridades de seguridad fronteriza de Estados Unidos para pedir protección”, puntualizó en su último informe.
Además, la misma institución señala que la gran mayoría de las drogas enviadas a los Estados Unidos son introducidas por contrabando a través de los puertos legales, en escondites ocultos en vehículos de pasajeros, o escondidas entre mercancías legítimas, no a través del desierto. “La construcción de una muralla más grande haría poco para detener el flujo de drogas al país”, reza en sus conclusiones.
En cuanto a la migración procedente de los países centroamericanos, ya existe una importante barrera previa a la frontera de Estados Unidos: el propio filtro de las autoridades mexicanas. Desde julio de 2014, el gobierno de México ha intensificado los controles por carretera y las deportaciones de migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua a través del Programa Frontera Sur. 24 millones de dólares de las arcas estadounidenses invertidos en equipo y entrenamiento para funcionarios mexicanos de migración en la frontera sur del país, al que han sumado otros 75 millones adicionales.
El primer año de funcionamiento de este programa bilateral se tradujo en un aumento de las detenciones en suelo mexicano de un 71%. La mayoría de los migrantes aprehendidos son deportados rápidamente, por lo que diversas organizaciones humanitarias han denunciado violaciones de derechos humanos y de las normas legales.
El muro hará más peligroso el cruce
Además del impacto medioambiental que podría suponer la construcción del muro a través de reservas naturales, zonas de alto valor ecológico y lugares sagrados para los pueblos indígenas de los dos lados de la frontera, la principal consecuencia que tendría la extensión de la barrera ya se ha experimentado con anterioridad.
A principios de los 90, aproximadamente el 50% de los migrantes indocumentados cruzaba la frontera por Tijuana. Después del lanzamiento de la Operación Guardián, en el 94, que contempló la construcción del primer muro, el aumento del personal de supervisión y la incorporación de elementos tecnológicos para la vigilancia, las rutas migratorias se desplazaron hacia el desierto de Sonora, en el área del Sásabe. Se trata de uno de los desiertos más extensos del planeta, con temperaturas extremas y zonas de muy difícil acceso, que se ha convertido en el principal lugar de paso para miles de personas desde entonces.
Aunque en esta época ya hubo organizaciones que señalaron las consecuencias sobre los derechos y la integridad de los migrantes, hoy vuelven a repetirse algunas de las advertencias con datos sobre la mesa: las rutas se han hecho más peligrosas y mucho más caras.
Según un estudio realizado por Guillermo Alonso, investigador del Colegio de la Frontera Norte, y publicado en su libro El desierto de los sueños rotos, la construcción y refuerzo de la barrera fronteriza han causado más de 10.000 muertes desde 1993. Además, en los últimos años se han combinado las rutas para el narcotráfico y la trata de personas, convirtiendo el desierto de Arizona y Sonora en una gran amenaza para los migrantes tanto por cuestiones geográficas y climáticas, como por la amenaza de la violencia de los cárteles.
Para Roberto Córdova-Leyva, “la política migratoria es cíclica”, por ello decidió permanecer en la frontera de Baja California con su cámara, donde continúa documentando la historia migrante de México. “Cuando hay elecciones, el chivo expiatorio siempre son los migrantes. Y los migrantes van a seguir insistiendo en llegar, en la medida en la que hay una necesidad de mano de obra barata en Estados Unidos. La gente va a seguir cruzando mientras los agricultores estadounidenses les necesiten y les sigan diciendo que hay trabajo para ellos”, concluye.