Una de las 219 niñas de Chibok secuestradas, Amina Ali Nkek, ha sido localizada
Oír hablar de Nigeria es, con frecuencia, oír hablar de petróleo, secuestros, Boko Haram o las niñas de Chibok. De lo que ocurre desde el otro lado del conflicto nigeriano se sabe poco. El horror de los campos de detención militares, el hambre, las condiciones insalubres o la brecha de género, quedan lejos de ojos y oídos al otro lado de su frontera.
La semana pasada Amnistía Internacional denunciaba la muerte de 149 personas, entre las que estaban siete niños y niñas y cuatro bebés, que se encuentran recluidas en condiciones “deplorables” en el campo de detención militar de Giwa, al noroeste del país. Según la organización, desde 2011 unas 7.000 personas han sido encarceladas en ese centro de detención militar, la mayoría sin ningún cargo ni prueba que demuestre su vinculación a Boko Haram.
A medida que el Gobierno ha conseguido recuperar el territorio que el grupo terrorista dominaba, las familias que han vivido bajo la ocupación de Boko Haram han sido consideradas sospechosas y trasladadas a centros militares como este. Como resultado, miles de personas han pasado de vivir bajo el terror de los terroristas a hacerlo entre rejas, durmiendo de lado en el suelo por la falta de espacio, sufriendo deshidratación y casi sin agua ni comida, según denuncia Amnistía Internacional.
Salima Khalifa (nombre ficticio) apenas es adolescente, pero pasó más de dos meses entre las paredes de una celda en Giwa. Describió a Amnistía lo peor de su estancia: “Estábamos hacinados. Entre nosotros había niños menores de un año. Aunque nos daban tres comidas al día, tenían muy poca cantidad y cada plato lo teníamos que compartir entre dos. Hacía muchísimo calor y solo nos dejaban ducharnos y lavar nuestra ropa una vez al mes”, explica.
“La campaña antiterrorista no protege a la población”
“La campaña antiterrorista que está llevando a cabo el Gobierno nigeriano no está protegiendo eficientemente a la población civil y se están produciendo graves violaciones de derechos humanos”, explica a eldiario.es Mª Carmen Ramirez, portavoz del trabajo sobre Nigeria de Amnistía Internacional. “Encierran a esta gente sin pruebas y de forma indiscriminada. Al enfrentarse a un enemigo tan brutal como es Boko Haram, el Gobierno de Nigeria está afrontando la dificultad de tratar de derrotarlo respetando los derechos humanos y no lo está logrando”, añade.
Fuentes del Gobierno han asegurado a la ONG que las condiciones del campo han mejorado desde principios de este año, afirmación que contradice la investigación que expone el informe 'If you see it, you will cry'. El mes de marzo de este año fue el más mortífero en el campo de Giwa: murieron 65 personas. Entre sus páginas se pueden ver también fotografías captadas por un satélite que muestran los camiones con los que se trasladaron miles de cadáveres a una morgue cercana al cuartel, así como imágenes de los cuerpos sin vida de varios reclusos.
“Debemos admitir los errores y avanzar. Lo que no podemos hacer es pasar por alto lo que se le exige a las autoridades y nuestros compromisos como país, asumiendo que esa actitud es la correcta, porque no lo es”, dice Saudatu Mahdi, activista nigeriana por los derechos de las mujeres. Recuerda que el Ejército llevó a cabo numerosos abusos de una manera desproporcionada, aunque asegura que la situación ha mejorado gracias a las presiones de organizaciones como la suya: “Hemos exigido responsabilidad al Gobierno, pedimos que diseñen un protocolo que regule los actos violentos y extremistas llevados a cabo por el Ejército”.
Un toque de atención a gran escala
Saudatu es una de las impulsoras de la exitosa campaña internacional #BringBackOurGirls, que pedía la liberación de las 276 niñas de Chibok secuestradas por Boko Haram en abril de 2014, aunque confiesa apenada que “para haber resultado verdaderamente exitosa, las chicas tendrían que haber sido rescatadas inmediatamente, y eso no lo conseguimos”. Lo que sí consiguieron fue presionar al Gobierno nigeriano para que la búsqueda estuviera de manera permanente en su agenda. “Ese fue, sin duda, nuestro mayor logro”, afirma.
Fue la pasividad de las autoridades del país la que llevó a su organización a promover una campaña para pedir que se actuara inmediatamente. Tuvieron que esperar tres meses hasta que el Gobierno investigó si aquello había sido o no un secuestro. “En esas semanas dio tiempo a que se llevaran a las niñas muy lejos. Esa falta de acción y de coordinación del Gobierno fue lo que nos inspiró para movilizarnos”, explica a eldiario.es.
Este miércoles se conoció el hallazgo de Amina Ali Nkek, la primera de las 219 escolares de Chibok que aún siguen retenidas desde hace más de dos años. Amnistía Internacional calcula que el número de mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram asciende a unas 2.000.
Las que consiguen escapar suelen encontrarse con el rechazo de sus comunidades, por miedo a que hayan sido convencidas por el grupo yihadista, tal y como explicaba a eldiario.es la periodista nigeriana Chika Oduah en esta entrevista. Y esa lacra también parece pesar en las cárceles militares: según el informe de Amnistía el número de mujeres y niños retenidos en cada celda de Giwa aumentó de 25 a 250 a principios de 2016, coincidiendo con la intensificación que Boko Haram hizo de este colectivo en ataques suicidas.
Del '#BringBackOurGirls' a la losa del machismo
El secuestro de las niñas de Chibok puso sobre la mesa las alarmantes violaciones de los derechos de las mujeres que comete Boko Haram. “El Gobierno nigeriano y los mismos estados que luego claman contra Boko Haram y el secuestro de las niñas, construyen su propia identidad como salvadores de las mujeres y niñas nigerianas cuando todavía tienen mucho camino que recorrer para acabar con la lacra de la desigualdad e inequidad de género en sus propios países”, explica la experta Itziar Ruiz-Giménez, coordinadora del Grupo de Estudios Africanos (GEA) en la revista especializada Viento Sur.
En mayo de 2015, el entonces presidente Goodluck Jonathan promulgó una Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas –que inicialmente se iba a referir en su nombre estrictamente a la violencia contra las mujeres– para mejorar la situación de las mujeres en Nigeria, como la condena de la mutilación genital femenina. La ley dio un giro tras las negociaciones con distintos colectivos y activistas. “Ha traído consigo grandes avances, así que en lugar de echar todo por tierra, decidimos ceder en lo del cambio de nombre”, asegura Saudatu.
Para ella, los nombres y “etiquetas” no son tan importantes como el contenido, pues cree que a veces “asustan, y pueden hacer que mucha gente no luche contra una injusticia porque no se dé cuenta de que existe”. La batalla se intuye larga. “Aún estamos muy lejos de alcanzar una situación igualitaria, especialmente en lo que se refiere a la inclusión de la mujer en la política. Pero es que, además, es necesario que nuestros representantes no solo aseguren leyes que busquen esa inclusión, sino que protejan a las mujeres de los abusos y la discriminación que sufrimos”, concluye.