Niños migrantes separados de sus madres al llegar en patera, una práctica repetida en España desde 2013

Después de atravesar el Atlántico, permanecer varios días inmóviles en una inestable embarcación ante el riesgo de naufragio, varios niños son separados de sus madres a su llegada a Canarias.

“Mi hija está enfermando. Ya no come porque su madre no está con ella”, dice preocupada desde Fuerteventura una de las mujeres separadas de sus hijos por decisión de la fiscal jefa de Las Palmas a su llegada a las islas. Su caso ha empujado a la Fiscalía General de Canarias a revisar una interpretación del protocolo de menores no acompañados por la cual se ha separado a menores de sus progenitores o acompañantes desde 2013 en regiones como Andalucía y Melilla. 

La separación de niños migrantes de sus familiares, incluso cuando portan documentación que acredita su parentesco, no es un episodio aislado. La práctica comenzó en 2013 cuando las autoridades detectaron el uso de niños por redes de trata de seres humanos con el objetivo de facilitar la permanencia en España de las mujeres que los acompañaban durante el viaje, víctimas de la red y extorsionadas por esta, obligándolas a hacerse pasar por sus madres. Las correspondientes fiscalías comenzaron a solicitar pruebas de ADN para comprobar el vínculo entre los menores y sus acompañantes en caso de duda y, en ocasiones, ordenaban el alejamiento hasta la obtención de sus resultados.

La “sobreactuación” y la “falta de un estudio individualizado” en la aplicación del mecanismo establecido para evitar estas prácticas derivó en la separación de familias como una “medida estandarizada” por las fiscalías de determinados territorios como Andalucía, Melilla y, ahora, Las Palmas, explica la abogada especializada en infancia de la ONG Merced Migraciones, Patricia Fernández Vicens. En la península, sin embargo, en los últimos años apenas se ordena el alejamiento en caso de que los adultos que acompañan a los menores aseguran ser sus progenitores, pero sí se produce cuando alegan otro vínculo familiar entre ellos, matiza Cristina Manzanedo, coordinadora de la Red Odös, centrada en la atención a mujeres y niños migrantes.

Desde 2014, el Protocolo Marco de Menores No Acompañados establece la forma de actuar de las autoridades cuando las fuerzas de seguridad localicen, tras entrar en el país de forma irregular, a un menor acompañado de una persona adulta que afirme ser su madre o su padre pero “no lo acredite de manera indubitada mediante documentación o por otro medio”. La inexistencia de un papel que acredite el parentesco de migrantes recién llegados suele ser habitual debido a que, durante su trayecto migratorio, es común la pérdida o destrucción de la documentación.

El protocolo solo establece la separación en caso de “riesgo inminente”

En caso de no probar su filiación, los familiares adultos serán entrevistados por la Policía y, posteriormente, se solicitará que, voluntariamente, se someta a una prueba de ADN para comprobar el vínculo “en el plazo más breve posible, salvo causa justificada”. Pero el protocolo no establece la separación sistemática del menor durante la espera del resultado, sino que solo se debe aplicar como medida extrema, en caso de “situación de riesgo inminente” para el niño o la niña, que pasaría a los servicios de protección del menor hasta que se demuestre el vínculo existente entre ambos. 

“Si de las declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador o noticia, se apreciara una situación de riesgo inminente en la persona del menor, la entidad pública de protección de menores acordará la separación del menor del adulto y su acogida provisional mientras se practican las oportunas diligencias de investigación, que justifiquen la reagrupación del menor con dicho adulto”, dice el documento. “Si existe alguna duda concreta de que ese niño no está bien atendido por la persona con la que viaja, una situación de riesgo concreto, entonces estaría justificado una separación cautelar”, explica Fernández Vicens.

Las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo sobre las demoras en la realización de pruebas de ADN y la separación de menores y adultos que afirman ser sus familiares han sido “recurrentes” durante los últimos años, detallan desde la institución. Uno de esos casos es el de Oumo, una mujer costamarfileña, que en 2017 estuvo separada de su hijo durante siete meses. La mujer llegó a las costas andaluzas en patera pensando en que pronto se reencontrará con su hijo, que alcanzó Melilla un mes antes junto a su tía. Pero las autoridades melillenses se lo impidieron durante siete meses, a pesar de contar con documentos que acreditaban su vínculo filial, y haberse sometido a pruebas de ADN. Oumo ha presentado su caso en el Tribunal de Estrasburgo, apoyada por Women's Link.

Una situación similar ocurrió un año antes en la misma ciudad autónoma. Hizia, una mujer de origen argelino, fue separada de su hijo durante poco menos de un mes. Ambos llegaron juntos a Melilla a través del paso fronterizo de Beni Enzar. Para lograrlo, la madre mostró un pasaporte falso, por lo que, al pisar suelo español, las autoridades melillenses activaron el dispositivo ante un posible “riesgo de utilización de menores”. El niño pasó a disposición de los servicios de protección de menores hasta “demostrar el vínculo” entra ambos, se cortaron las comunicaciones hasta que dos pruebas de ADN resultaron positivas. Entre tanto, pasaron 24 días en los que, prácticamente, madre e hijo no pudieron verse ni hablarse, a pesar de residir en la misma ciudad.  

Demora en las pruebas de ADN

Ante estos casos, el Defensor del Pueblo reprende en cada informe anual la “excesiva la demora” en la entrega de los resultados de las pruebas de ADN de niños y niñas acompañados, especialmente en casos detectados en Andalucía y Melilla. El retraso “denota la necesidad de mejorar y agilizar los procedimientos incoados para la identificación de menores acompañados, en los casos en los que no es posible acreditar el vínculo familiar con sus acompañantes”, sostiene Francisco Fernández Marugán.

Por otro, el Defensor reitera en su último informe que la activación del mecanismo de prevención contra la trata de menores tras su llegada en patera “no implica en todo caso” la retirada del niño o la niña del adulto que le acompaña y su ingreso en un centro de protección hasta demostrar la filiación. La clave reside en el estudio individualizado de cada caso y la comprobación de que no se produce “una situación de abandono”. Si se observa un vínculo entre el acompañante y el menor, “la actuación de los poderes públicos se debería limitar a garantizar los derechos del menor y ”disminuir los factores de riesgo que le afecten“. 

Entre las propuestas realizadas por la institución en una reunión celebrada en 2019 dedicada a tratar la protección de los niños migrantes, Fernández Marugán planteó la posibilidad de designar “recursos residenciales específicos” en los que se realice “un seguimiento estrecho del vínculo de la persona adulta con el menor hasta que se reciba el resultado de las pruebas de ADN”. 

Para evitar la separación de niños migrantes y sus familiares en Andalucía, la Fundación EMET Arcoiris impulsó en 2018 el Proyecto Ödos en Córdoba, un espacio donde son acogidos niños recién llegados en patera junto a sus madres, familiares o mujeres que lo han acompañado durante la travesía, mientras se constata su vínculo. Sus equipos están especializados en la detección de situaciones de vulnerabilidad, como víctimas de trata o de violencia de género. “Realmente nos hemos dado cuenta de que para estos menores lo mejor no es separar inmediatamente de la mujer con la que viene, ni si quiera cuando el resultado de las pruebas de ADN es negativo”, sostiene Auxiliadora Fernández, directora del centro. 

En todo este tiempo, destaca Fernández, el número de resultados negativos es “mínimo”, un 4% de los casos que han atendido, según sus cifras. Los números oficiales muestra un porcentaje algo mayor, aunque siguen siendo una minoría. Según los datos provisionales facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, correspondientes a 2019, fueron 416 los menores que, acompañados de adultos, fueron interceptados al intentar acceder irregularmente a territorio nacional en patera. Se realizaron 651 pruebas de ADN para acreditar el vínculo de filiación, de las que 39 fueron negativas y 38 estaban pendientes del resultado. En las pruebas de ADN se incluyen, además de las pateras, las pruebas realizadas en los CETI de Ceuta y Melilla.

Desde su apertura, el equipo del centro batalla para que la Fiscalía provincial no ordene la separación inmediata del menor de la adulta que lo acompaña cuando los resultados de las pruebas son negativas. “Hasta ahora, se valoraba que si no son sus madres, el menor estaba en riesgo. Pero estamos intentando que nos dejen más tiempo para valorar el vínculo entre ellos”.

“Para los niños es muy doloroso. Vienen de un trayecto complicado, llegan aquí, a un centro donde están bien escolarizados, se incorporan a las actividades, y a los dos o tres meses, cuando están habituados a ese nuevo entorno, sale la prueba de ADN negativa e inmediatamente son retirados: es muy traumático”, describe Fernández.

“Quienes no son sus madres nos lo suelen decir antes de que salgan los resultados de las pruebas de ADN”, indica Fernández. Generalmente, esas mujeres que acompañan a los niños durante su travesía migratoria son familiares lejanos o amigas de su madre, detalla la directora del centro, donde tratan de ponerse en contacto con los verdaderos progenitores de los niños en caso de encontrarse en Europa, con el objetivo de facilitar su reunificación. 

Muchas historias se acumulan entre las paredes del centro Ödos. Su directora recuerda un caso reciente, en el que la mujer que acompañaba a una menor migrante era una amiga de la madre: “El padre estaba en Alemania y la madre de la niña confió a su hija a su amiga”.

Desde Women's Link, que ha seguido casos de separación de menores, consideran que “mantener a una mujer separada de sus hijos e hijas porque es víctima de trata o porque se encuentra en situación administrativa irregular es discriminatorio y racista”. Aintzane Márquez, abogada de la organización, remarca el efecto psicólogico que estas decisiones tienen para los menores. “Esas separaciones tan brutales, sin previo aviso y en edades tan tempranas, provocan daños irreparables en la relación entre el niño o niña y su madre”. Recuerda el caso de Oumo, la mujer costamarfileña cuyo caso se encuentra a la espera de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Cuando volvió a ver a su hijo de cuatro años tras siete meses este ya no hablaba francés, su idioma natal, sino español, una lengua que ella no hablaba”, lamenta la letrada.