Las organizaciones agrupadas en la campaña 'Armas bajo control' (Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, Fundipau y Greenpeace) han enviado este lunes una carta al Gobierno para reclamar que siga adelante con la paralización del contrato de exportación de 400 bombas de precisión láser, tal y como decidió el Ministerio de Defensa hace una semana.
Asimismo, piden, una vez más, que “ponga fin de forma inmediata” a los envíos de armas al régimen saudí desde los puertos españoles “cuando haya un riesgo sustancial de que puedan ser usadas” en la guerra de Yemen.
En la misiva, las ONG se muestran preocupadas después de que el pasado viernes el Ejecutivo abriera la puerta a una marcha atrás en esa decisión ante la reacción del reino absolutista y la presión iniciada por los trabajadores de Navantia por la posibilidad de perder el proyecto para la construcción de cinco navíos que suponen unos ingresos de alrededor de 1.800 millones de euros y 6.000 empleos. Moncloa reduce a una “declaración de intenciones” el anuncio de Defensa de frenar la venta de 400 bombas y que tendrá que verse en la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).
Las organizaciones consideran “especialmente urgente” que la JIMDDU, en su próxima reunión del 19 de septiembre, “adopte medidas significativas para que España se sume a la creciente lista de países que, como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega o Finlandia, aplican ya desde hace meses medidas restrictivas y no autorizan ni exportan armas que se puedan usar en el conflicto de Yemen”, señalan las ONG en el texto remitido al Gobierno.
En este sentido, las organizaciones firmantes instan al Ejecutivo a “revisar las autorizaciones pendientes y suspender de forma inmediata las transferencias” de armamento susceptible de ser utilizado en Yemen “hasta que se tomen medidas sustantivas para garantizar que ya no existe un riesgo sustancial de que se utilicen para violaciones graves del derecho internacional humanitario”.
Entre ellas, piden que no se autorice la operación de venta de cinco corbetas a la monarquía del Golfo “a menos que haya una exhaustiva evaluación de riesgo del uso ilegítimo de esos barcos de guerra por parte de Arabia Saudí y garantías específicas verificables que certifiquen claramente que no se podrían utilizar para cometer violaciones graves” del derecho internacional.
“Somos conscientes de la dramática situación de desempleo en la que se encuentran determinadas zonas de España y queremos recordar que es responsabilidad del Gobierno español y de las demás autoridades autonómicas y locales crear las condiciones para que haya alternativas laborales que no conlleven la posible comisión de crímenes de guerra ni tengan un impacto negativo sobre los derechos humanos”, prosiguen.
Estas cuatro ONG se reunieron el pasado martes 4 de septiembre con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez Bértolo, con el fin de abordar la venta de armas a Arabia Saudí y pedir una mejora en el control, transparencia y la aplicación de la legislación sobre comercio de armas. En el encuentro se anunciaron medidas como la elaboración de un protocolo de verificación y seguimiento de las armas exportadas y la introducción de una cláusula en un nuevo certificado de uso final en determinados casos para garantizar que las armas exportadas no se usen contra la población civil.
Comparecencia de Robles en el Senado
Este domingo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que explicará este lunes en el Senado “todo” lo que tiene que ver con la polémica sobre la venta de bombas de precisión a Arabia Saudí, un asunto en el que a su juicio se han sacado las cosas “de quicio” y sobre el que ha llamado a la “tranquilidad”. La ministra explicó que hoy acudirá a la Cámara Alta para explicar “todo” lo que tiene que ver con este asunto en una comparecencia programada para las 16:30 horas.
Hace una semana, Defensa aseguró que se habían iniciado los trámites para paralizar la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del ejército español y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en enero de 2015.
Este tipo de armamento es el mismo que las fuerzas del régimen saudí han utilizado para bombardear infraestructuras civiles básicas como hospitales y plantas de agua en Yemen. Bombas producidas por EEUU, Reino Unido y Brasil que no llegaron a detonar han sido encontradas en objetivos bombardeados por Arabia Saudí.