Mientras los migrantes recién llegados piden libertad agitando sus camisetas desde las ventanas de la cárcel de Archidona, una treintena de organizaciones sociales han presentado una queja al Defensor del Pueblo contra su encierro en esta nueva prisión de Málaga, aún sin inaugurar. Las ONG piden a Francisco Fernández Marugán que exija al Gobierno “la inmediata puesta en libertad de las personas extranjeras” internadas en el centro penitenciario.
Según solicita la queja, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el traslado de los migrantes a la prisión “no cumple los requisitos de nuestra legislación”. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Médicos del Mundo, Caminando Fronteras, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Red Jurídica o Sos Racismo, entre otras.
Desde el Ministerio del Interior ya se habla de la prisión de Málaga II como una suerte de CIE temporal, debido al “colapso” de los centros de internamiento existentes en el Estado español. Sin embargo, las ONG recuerdan que “los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario”, en base a la Ley de Extranjería y la normativa que regula el funcionamiento de los CIE.
“El legislador español ha procurado crear un régimen de privación de libertad privilegiado y diferenciado del régimen penitenciario, por tratarse de una infracción administrativa la cometida por el extranjero, no de una sanción penal”, argumenta la queja.
Según admiten, el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros “permite habilitar centros de internamiento de extranjeros temporales o provisionales cuando concurran situaciones de emergencia”. No obstante, defienden, “la opción de considerar como centros temporales a los centros penitenciarios no es posible en el Estado español”.
Aunque la Directiva europea de retorno lo permite cuando los Estados miembros no tengan plazas en los CIE y siempre que los migrantes encerrados por su situación irregular estén “separados de los presos ordinarios”, España no ha traspuesto esta posibilidad a su ordenamiento jurídico, alegan las ONG.
Las organizaciones consideran “inquietante y preocupante” que el Delegado del Gobierno en Murcia “haya señalado que existen plazas libres en el centro de internamiento de extranjeros de dicha comunidad autónoma”. Según añaden en su escrito, “tampoco existe certeza en cuanto a la falta de disponibilidad de plazas en los otros Centros de Internamiento de Extranjeros distribuidos en el territorio nacional”.
“La falta de capacidad de las instalaciones de la Región, actualmente ocupadas por personas procedentes de otros procesos migratorios y, aunque hay algunas plazas libres, se ha optado por no colapsarlo con esta afluencia masiva de inmigrantes ilegales”, afirmó el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé.
En esta línea, las ONG que participan en la campaña 'Territorio Libre de CIE' critican que “los actuales centros de internamiento son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios es inaceptable”. Este hecho, indican a través de un comunicado, “supone dar un paso más en la criminalización de la población inmigrante”.
También destacan su preocupación sobre la posible vulneración antes del traslado a Archidona de “los derechos básicos de toda persona retenida [como no superar las 72 horas de detención antes de pasar a disposición judicial, asistencia letrada y traducción adecuadas o acceso al procedimiento de asilo] hayan podido ser vulnerados.