El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha propuesto este miércoles entregar un documento a los inmigrantes sin permiso de residencia para ampliar su acceso a los servicios sociales de la capital. Las organizaciones que trabajan con población inmigrante apoyan la medida aunque advierten de que si estas garantías inciden solo en la política municipal, se quedarán cortas: exigen al PSOE que la incorpore en sus programas autonómicos y en el de las elecciones generales.
Carmona ha defendido su propuesta de entregar un documento a los inmigrantes en situación irregular para que tengan acceso a servicios sociales porque “los derechos humanos no entienden de registros en el Ministerio del Interior ni en la delegación del Gobierno”, ha afirmado en un desayuno con periodistas.
Según fuentes de la candidatura, el documento sería expedido por el Ayuntamiento para que las personas puedan acceder a todos los servicios sociales que ofrece el consistorio de la capital, como “las viviendas de proteción oficial, las ayudas a la reinserción laboral, los comedores sociales y las escuelas de cero a 3 años”.
Además, las mismas fuentes apuntan que la intención de la propuesta es que los inmigrantes sin permiso de residencia –que se vieron despojados de sus tarjetas sanitarias con la reforma del Gobierno de 2012 y, por tanto, de la asistencia sanitaria nomalizada– puedan acceder a “las primeras necesidades sanitarias” a través de Madrid Salud, el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que atiende algunas funciones sanitarias.
La sanidad pública es competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que la medida no “pretende crear una red paralela a la de la Comunidad de Madrid”, reconocen en el equipo de Carmona. Los recursos de Madrid Salud tampoco lo permiten, pero sí “garantizar ciertas atenciones básicas, en la medida de las posibilidades de Ayuntamiento, como la vacunación”, explican.
El candidato del PSOE ha recurrido a las políticas llevadas a cabo en este sentido por los alcaldes de Fuenlabrada (gobernada por los socialistas) y de Nueva York. Carmona ha asegurado que si gana las elecciones otorgarán una tarjeta que les acredite para el ejercicio de los “derechos de protección”.
En el caso de Fuenlabrada, el Consitorio aprobó la emisión de unas tarjetas que reconocen el derecho a los servicios sociales municipales de sus vecinos en situación administrativa irregular. La tarjeta, de color naranja, permite el seguimiento de sus casos “con un trabajador social de referencia y también el acceso a todos los servicios, no sólo económicos, también de asesoramiento”, explica la concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla.
La responsable municipal apunta que estas personas antes tenían acceso a algunos de estos servicios, “pero cada vez les tocaba con un trabajador social”. La medida busca, sobre todo, “reconocer el derecho de estas personas independientemente de su residencia”. Para ello, deben estar empadronadas en el municipio.
Las ONG piden un alcance nacional
David Fernández, vicepresidente de la Red Española de Inmigración, considera que la medida es positiva aunque esperan a que “se concrete más” para valorarla con detalle. Apuntan que con las últimas reformas del Partido Popular, “especialmente la reforma sanitaria”, se han retirado derechos a los inmigrantes y consideran que cuestionarlo con medidas concretas es positivo. Pero admiten que el alcance de las políticas municipales es limitado: la asistencia sanitaria normalizada, por ejemplo, no puede devolverse con éstas.
En SOS Racismo Madrid también valoran la iniciativa como un paso favorable, pero que requiere un compromiso mayor. Los derechos, dicen, no pueden depender de cada municipio, “porque puede ser un parche dentro de un sistema injusto y que se quede como un gesto, una medida decepcionante”, apunta Fernando Remiro, portavoz de la ONG. En la organización exigen al PSOE “que amplíe los derechos a nivel nacional, a través del empadronamiento”.
Las políticas, dice Remiro, deben ser transversales. “Si no, puede ser que a una persona le sea asignado un piso de protección y le llegue una orden de expulsión exprés en 72 horas”. Las políticas que afectan a los inmigrantes, pide, deben abordarse desde diversos ámbitos y de manera coordinada.
En Red Acoge se repite la valoración positiva de la iniciativa. “Nos parece bien cualquier medida que permita facilitar el acceso de estas personas a sus derechos”, indica Inés Díez, responsable del Área Jurídica de la organización.
En la red de ONG consideran que esta política podría mejorar la vida de las personas que lo pasan mal y acuden a su organización ante la imposibilidad de una atención pública. “Por ejemplo, en el pago de algunas facturas de luz y agua cuando no pueden afrontar los gastos y en el asesoramiento”, afirma Díez, pero recuerda que los servicios sociales que atienden los ayuntamientos son cada vez menores. La Renta Mínina de Inserción (RMI), por ejemplo, es tramitada por los consistorios pero concedida por las Comunidades Autónomas.
Así, las ONG piden al PSOE un compromiso con la población inmigrante que se retrate en sus propuestas electorales. “De lo contrario, estas medidas, aunque con buena intención, se pueden quedar solo en gestos”, afirma Fernando Remiro.
Fuentes de Ferraz han respondido a eldiario.es que se trata de una medida que los socialistas han estudiado y que “no descartan incluirla en su programa en las próximas elecciones generales”.