Preocupadas por su futuro, pero en pie para resistir. Tras años de escollos a su labor en medio de un pulso gubernamental contra la inmigración, las ONG que trabajan en Hungría aún tratan de asimilar que Viktor Orban seguirá al frente del Ejecutivo. “Estamos tristes viendo hasta qué punto una absurda campaña gubernamental puede fomentar miedo y odio. Seguir adelante requiere más perseverancia que nunca”, señala Gábor Gyulai, director del programa de asilo de la ONG Comité Helsinki Húngaro, en una conversación con eldiario.es.
“Seguimos resistiendo, estamos tan preparados como podemos para superar los obstáculos y tenemos la intención de permanecer”, añade Stefania Kapronczay, directora ejecutiva de la Unión Húngara por las Libertades Civiles (HCLU), especializada en derechos humanos.
Al arrollador triunfo del líder ultranacionalista en las elecciones generales del pasado domingo, le siguió un anuncio en su primera comparecencia pública tras la reelección: la polémica ley que restringe la actividad de las organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados seguirá su curso y será aprobada en cuanto se forme el Parlamento en las próximas semanas.
Pero a las ONG, que llevan tiempo denunciando los planes del Gobierno, no les pilla por sorpresa. “La primera decisión será aprobar esta ley, que es una amenaza existencial para las ONG”, alerta Kapronczay. “Es un compromiso serio, no se trata, en absoluto, de una argucia electoral. Existe una amenaza grave e inminente contra la sociedad civil independiente, uno de los pocos contrapesos que quedan al Gobierno. Lo que se pretende conseguir es, ni más ni menos, aniquilar, de una vez, las voces críticas”, esgrime Gyulai.
Primero, dicen, vino la retórica xenófoba, las férreas medidas antiinmigración y el rechazo a la acogida de refugiados. Después, los ataques contra quienes defienden sus derechos, centrados en responsabilizarles de su llegada y acusarles de socavar la seguridad nacional. “Es difícil imaginar cómo podría deteriorar la política de refugiados aún más, pero hasta ahora no ha faltado creatividad. Tras el desmantelamiento completo del sistema de asilo y tres años de propaganda xenófoba, el Gobierno quiere silenciar a los que denuncian sin cesar estas prácticas inhumanas y antidemocráticas”, indica el especialista en asilo.
“Si lo consigue, será no solamente un gran revés para los refugiados que se quedarán sin asistencia, sino también para la UE, que se ha probado incapaz de parar este proceso”, prosigue.
La “operación matar de hambre y estrangular”
Las organizaciones sociales húngaras se refieren a los impedimentos de Orban como la “operación matar de hambre y estrangular”. El primer paso lo dio el parlamento en junio del año pasado, cuando aprobó la ley que obliga a todas las ONG que reciben alrededor de 24.000 euros de donantes no húngaros a registrarse como “organización financiada desde el extranjero”, e indicarlo en sus publicaciones y sus páginas web.
Según los activistas, esta normativa “ataca la reputación” y deriva en la “estigmatización” de quienes denuncian la corrupción o luchan por la protección del medio ambiente y los derechos humanos. La Comisión Europea ha iniciado una demanda contra Hungría por esta ley ante el Tribunal de Justicia de la UE, al considerar que restringe “desproporcionadamente” las donaciones y viola la libertad de asociación.
Ahora, lo que está en juego es el futuro de las ONG especializadas en el trabajo con refugiados y migrantes. “Los húngaros han decidido que son ellos quienes pueden determinar con quién quieren convivir”, dijo este martes un Orbán fortalecido por la mayoría en las urnas. La misma fuerza que le llevó a prometer que en cuanto se constituya el nuevo parlamento, donde contará previsiblemente con dos tercios de la cámara, se aprobará el paquete legislativo 'Stop Soros', denominado así por el multimillonario estadounidense George Soros, a quien Orbán ha acusado en reiteradas ocasiones de “fomentar la inmigración” y que ha vertido numerosas críticas contra el Gobierno húngaro.
Este jueves, según ha informado Associated Press, un semanario húngaro ha publicado más de 200 nombres, también de miembros de ONG y defensores de refugiados que, dicen, forman parte de una red de personas a las que el primer ministro llama “mercenarios financiados” por el inversor. Varios gobiernos de la zona han acusado a Soros, uno de los mayores críticos de Vladimir Putin, de invertir en proyectos para fortalecer a la oposición y reducir la influencia rusa en la región.
El magnate dona fondos a varias entidades de la sociedad civil en Hungría, como el Comité Helsinki. Su web recoge que el 34% de los recursos de la ONG proceden de la fundación Open Society, creada por Soros. El resto proviene de otros donantes como Acnur o la UE. “La sociedad civil húngara depende de fondos externos o de fondos gubernamentales, que pueden fácilmente comprometer la independencia de una ONG. Los fondos externos son vitales para el funcionamiento de la sociedad civil fuerte e independiente en esta región”, sostiene el responsable del Comité Helsinki.
“El pretexto de 'querer más transparencia' es mentira: nosotros cumplimos ya con todos nuestros deberes y funcionamos con mucha más transparencia que otros actores”, agrega.
De aprobarse la nueva propuesta legislativa, todas las ONG que trabajan con refugiados o migrantes, financiadas con fondos extranjeros o no, tendrán que obtener la autorización del Ministro del Interior para continuar estas actividades y pasar un examen que determine si su labor implica o no “un riesgo para la seguridad nacional”.
“Es un proceso muy arbitrario y poco transparente, sin posibilidad de recurso. Se estigmatizarán actividades legales y normales, como el asesoramiento jurídico, actividades educativas o la asistencia médica o psicológica”, explica Gyulai. Una vez recibida la autorización gubernamental como ONG “que apoya la inmigración”, tendrán que pagar un impuesto del 25% de las donaciones recibidas del exterior.
La ley también abre la puerta a que se decreten órdenes de alejamiento a ocho kilómetros de la frontera, es decir, puede restringir el acceso de los activistas a las áreas donde están los migrantes. “El objetivo es evitar que abogados profesionales puedan dar asesoramiento jurídico a los cientos de solicitantes de asilo detenidos arbitrariamente en la frontera serbo-húngara”, considera Gyulai. Estas restricciones se producen, además, en un contexto de creciente criminalización contra los defensores de migrantes en todo el mundo, según han denunciado expertos de la ONU.
“Nuestra labor jamás ha sido tan necesaria”
Pero estas medidas, sostienen los activistas, son solo el último eslabón de la cadena de ataques que llevan años soportando. “El ataque sistemático del Gobierno húngaro y la campaña de difamación contra las ONG comenzó en 2013. Desde entonces, las organizaciones que se atreven a criticar al Gobierno se enfrentan a la estigmatización y la intimidación en muchas formas y a muchos niveles”, explica Aron Demeter, responsable de comunicación de Amnistía Internacional Hungría.
Las ONG han sido blanco de ataques desde los medios de comunicación, convenios rescindidos, impedimentos para organizar actividades, por ejemplo, en colegios…“Algunas han recibido llamadas y mensajes de odio, a veces amenazando la vida de sus trabajadores”, apunta Demeter. “Nosotros hemos ganado varios casos en los tribunales contra el Gobierno por difamación”, agrega Gyulai. “Se ha prohibido el acceso a los centros de detención de refugiados y, en el caso específico de la Fundación Ökotárs, ha habido registros domiciliarios de la Policía”.
Pese a todo, ahora que Orbán ha sido elegido por tercera vez y la amenaza sobre los refugiados “persiste”, los activistas reiteran que no se dan por vencidos. “Ahora es el momento de continuar nuestro trabajo y cumplir nuestro mandato más firmemente que nunca. Nuestra labor jamás ha sido tan necesaria como ahora. Muchas víctimas de violaciones de derechos humanos en Hungría, entre ellos refugiados, solo pueden contar con nosotros. Mientras sigan buscando nuestra asistencia, nosotros continuaremos nuestro trabajo, incluso bajo circunstancias difíciles”, sostiene Gyulai.
“Seguiremos resistiendo el retroceso de derechos y contra los intentos de avivar la hostilidad hacia los refugiados y migrantes, y seguiremos defendiendo a los grupos que los apoyan y defienden”, sentencian desde AI.