El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, ha criticado la “criminalización” y la “estigmatización” que sufren los activistas que defienden los derechos de los migrantes y refugiados en todo el mundo.
En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebra hasta el 23 de marzo su trigésimo séptima sesión en Ginebra, Forst menciona de forma concreta el caso de la activista española Helena Maleno, citada a declarar en diciembre por la Justicia marroquí por sus llamadas a Salvamento Marítimo cuando hay pateras en peligro en el mar.
“La situación irregular de algunas personas en movimiento puede provocar que los defensores que trabajan con ellos sean acusados de facilitar su presencia irregular. Algunos defensores, como Helena Maleno Garzón, incluso han sido acusados del delito internacional de tráfico de personas como resultado de su lucha contra prácticas ilegales, como las 'devoluciones en caliente', y la solidaridad con las personas en movimiento”, señala el documento.
Asimismo, Forst recalca su preocupación por las consecuencias de esta criminalización que experimentan los defensores de los derechos de los migrantes. “El simple acto de dar té y galletas a un migrante irregular ha desencadenado la persecución penal. Esos enjuiciamientos tienen un efecto escalofriante, lo que hace que las organizaciones de la sociedad civil y los particulares se muestren más reacios a comprometerse con las personas en movimiento”, afirma.
En una entrevista con eldiario.es el pasado noviembre, Forst explicó que la criminalización de estos defensores es “un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras”. Así lo vuelve a defender en el documento presentado ante la ONU: “Con el aumento del número de personas que se desplazan, cada vez más defensores tratan de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan”. Unos ataques que, dice, sufren en mayor medida que la sociedad civil en general.
“Desgraciadamente”, apunta, estos activistas “también se enfrentan a una serie de barreras”, como la dificultad de acceso a las personas migrantes y los lugares donde se cometen estas vulneraciones, o “la penalización y estigmatización” de su labor y de los propios migrantes.
“Que el relator de la ONU tenga que hacerse eco de la persecución que sufren los defensores de personas migrantes, es preocupante”, ha afirmado Maleno en una conversación con eldiario.es. “El riesgo es grande y es mucho”, recalca.
El relator insta a todos los Estados a proteger y promover los derechos de los defensores de derechos humanos. En otro informe presentado al Consejo, en el que da cuenta de las comunicaciones transmitidas a los Gobiernos de diferentes países, Forst lamenta “no haber recibido ninguna respuesta” del Ejecutivo español sobre las amenazas recibidas el pasado agosto por la activista tras criticar en televisión una actuación policial en Ceuta.
“La denuncia presentada en agosto de 2017 por la Sra. Maleno no ha redundado ni en sanciones para quienes la han amenazado, ni en medidas de protección a su favor”, sostiene el relator.
El Gobierno subraya la “asistencia consular” a Maleno
Respecto al proceso judicial marroquí por sus llamadas a Salvamento Marítimo, la activista está a la espera de la decisión del juez del Tribunal de Apelación de Tanger, que aún tiene que decidir si abre juicio contra la activista o cierra el caso. El proceso judicial marroquí tiene su origen en una investigación iniciada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central). En 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias recopiladas por la UCRIF Central al no deducirse indicios de delito de la investigación.
Las principales ONG españolas lanzaron una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno español que proteja a la activista y “comunique inmediatamente a las autoridades marroquíes el archivo de la causa” iniciada en España contra ella, que motivó la apertura de la investigación de Marruecos.
Por el momento, el Ejecutivo no ha hecho ninguna declaración pública en apoyo de Maleno. De los representantes del Partido Popular, solo Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, ha apoyado públicamente la labor de la defensora. “Toda la sociedad debe estar contigo”, dijo el pasado febrero.
En una respuesta parlamentaria a los diputados de Unidos Podemos Eva García Sempere y Miguel Anxo Fernández Bello, adelantada este lunes por Europa Press, el Gobierno ha defendido las actuaciones del Consulado de España en Tánger en referencia a la “protección y asistencia consular” que ha prestado a la activista en el proceso, una atención que tienen derecho a recibir todo los ciudadanos españoles en el extranjero. Sin embargo, también ha expresado su “estricto respeto” a la justicia marroquí.
En el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, el Gobierno comenta que “tan pronto” como la Embajada española y el consulado tuvieron conocimiento de la citación judicial, “el Cónsul General en Tánger, con el pleno respaldo de la Embajada, entró en contacto directo por propia iniciativa con la interesada”. “En un primer momento, se comprobó que la Sra. Maleno gozaba de libertad de movimientos y de comunicaciones, y que no se le ha retirado el pasaporte”, explican. “Además, en sus comparecencias ante el Juez de Instrucción del Tribunal de Apelación de Tánger, estuvo acompañada por personal de la Oficina Consular”.