Los migrantes y refugiados interceptados por los agentes libios en el Mediterráneo “están siendo vendidos” para trabajos forzados o para entregarlos a contrabandistas, según ha denunciado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha expresado su preocupación por “las continuas denuncias de desapariciones y trata de seres humanos” después de que la denominada Guardia Costera los devuelva a suelo libio.
En lo que va del año, más de 2.300 migrantes han sido interceptados frente a las costas libias y enviados a centros de detención. Solo desde el pasado 30 de abril la Guardia Costera asegura haber llevado a “cientos” de personas concretamente a las instalaciones de Al-Khoms, bajo la supervisión formal del Departamento de Combate de las Migraciones Ilegales (DCIM).
De forma más precisa aún, las informaciones de las que dispone la ONU indican que solo en una jornada, la del 23 de mayo, 230 migrantes ingresaron a Al-Khoms, pero “actualmente allí solo hay 30 migrantes”, ha denunciado en Ginebra el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Rupert Colville.
Esas desapariciones pueden estar relacionadas con la venta de los migrantes a mafias que operan en la zona, que también se dedican a la explotación sexual en el caso de las migrantes mujeres, sostuvo.
“Instamos al Gobierno de Acuerdo Nacional a realizar una investigación independiente de inmediato para localizar a las personas desaparecidas”, ha reclamado Colville, quien ha dicho que tanto la guardia Costera, como el DCIM, son responsables de todas las personas detenidas en Al-Khoms.
“Recordamos al Gobierno que cuando una persona muere bajo custodia, existe una presunción de responsabilidad del Estado. Libia tiene el deber de proteger la vida de las personas privadas de libertad, incluida la prestación de la atención médica necesaria”, sostiene el organismo.
La ONU reitera también su denuncia por los “horrendos abusos” que de manera general se perpetran en los centros de detención en Libia y llama la atención en particular sobre la situación en Zintan, donde sostiene que en los últimos meses 22 migrantes han muerto de tuberculosis y otras enfermedades en el recinto donde se les había confinado.