El Comité de los Derechos del Niño ha concluido que España devolvió sin garantías a un menor de edad que saltó la valla de Melilla el 2 de diciembre de 2014. Se llama D.D., procede de Malí y en aquel momento tenía 15 años. Cuando fue devuelto a Marruecos, no se le identificó ni tuvo acceso a un abogado o a un intérprete. Tampoco le preguntaron sobre sus circunstancias personales concretas ni tuvo posibilidad de reclamar protección como menor no acompañado.
El órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los Estados concluye que el adolescente permaneció que el durante varias horas encaramado a una de las vallas del puesto fronterizo de Melilla “sin recibir ningún tipo de asistencia” por parte de las autoridades españolas.
Cuando bajó de la alambrada, “fue detenido, esposado y directamente devuelto a Marruecos” por la Guardia Civil sin recibir “ningún tipo de asistencia legal ni la asistencia de un intérprete para poder comunicarse”, dictamina el Comité en una resolución adelantada por El País y a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Durante este proceso, tampoco se evaluó si era un menor no acompañado “ni se le trató como tal en caso de duda”. Asimismo, recalca que España tampoco valoró si existía “riesgo de persecución” en Marruecos y concluye que se vulneraron varios artículos de la Convención sobre los derechos del niño, al entender que no se tuvo en cuenta el interés superior del menor, no le proporcionó asistencia especial e incumplió la prohibición de tortura u otros tratos crueles, inhumanas o degradantes.
Según el testimonio del joven, que asegura que abandonó su pueblo en Malí a causa del conflicto armado, ya había intentado en varias ocasiones cruzar la valla que separa Melilla de territorio marroquí. En una de ellas, en marzo de 2014, denuncia que “fue golpeado repetidamente con un palo por fuerzas de seguridad marroquíes mientras intentaba acceder a la primera valla, incidente que resultó en la pérdida de sus dientes frontales”.
El 2 de diciembre de 2014, junto a un grupo de personas de origen subsahariano, abandonaron el Monte Gurugú, donde se asientan habitualmente campamentos de migrantes que intentan cruzar de forma irregular la frontera, pero fue devuelto por las fuerzas españolas. Casi un mes después, el autor logró entrar en Melilla y se alojó en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En febrero de 2015, el autor fue trasladado a la Península, donde cinco meses después el autor obtuvo protección como menor no acompañado y fue alojado en una residencia.
El dictamen llega en respuesta a la comunicación individual presentada por D.D. un año después con al apoyo jurídico de European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y de Fundación Raíces. El organismo considera que el afectado “ha aportado un relato creíble y consistente de los hechos, apoyado por pruebas”.
En su resolución, el Comité pide al Estado que proporcione al afectado una reparación “adecuada”, incluida una indemnización financiera y rehabilitación por el daño sufrido. Asimismo, obliga al Estado español a revisar la ley de Seguridad Ciudadana y la legislación que trata de amparar este tipo de devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla para“ evitar que se cometan violaciones de derechos similares en el futuro”.