El Comité de los Derechos del Niño ha pedido al Gobierno de España la paralización de la devolución de un grupo de diez menores extranjeros no acompañados, tras la petición de la aplicación de medidas cautelares urgentes por parte de Save The Children, Andalucía Acoge y Gentium. El grupo de expertos de la ONU estudiará sus casos, por lo que pide al Estado frenar su retorno de forma preventiva.
Las ONG Save The Children, Andalucía Acoge y Gentium presentaron el pasado sábado al Comité de los Derechos del Niño una comunicación individual con solicitud de medidas provisionales urgentes en nombre de diez de los 1.108 menores marroquíes no acompañados que accedieron a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo y se quedaron en la ciudad autónoma reclamando la suspensión de las repatriaciones iniciadas este viernes por el Ministerio del Interior sin el aval de la Fiscalía ni del Servicio de Protección a la Infancia local.
Según la respuesta recibida por las ONG, a la que ha accedido elDiario.es, el Comité “ha solicitado al Estado parte suspender la expulsión de los autores a Marruecos y su transferencia a un centro de protección de menores mientras el caso se encuentre pendiente ante el Comité”. La solicitud, que ha sido enviada al Estado, podrá ser reexaminada, a solicitud del Estado parte, en función de la información y las observaciones que este pudiera hacer llegar grupo de las Naciones Unidas, que dan dos meses para recibir las alegaciones. Este lunes, un juzgado de Ceuta también ha exigido la suspensión del retorno de nueve menores que iban a ser devueltos a Marruecos próximamente.
En su escrito, las ONG piden a la ONU que, “con el fin de evitar daños irreparables en las víctimas”, solicite urgentemente a España “la adopción de medidas provisionales consistentes en la suspensión de cualquier acto o actuación iniciado o que prevea iniciar dirigido a su expulsión a Marruecos”.
“Ninguno de los menores [devueltos a su país de origen] fue preguntado sobre su voluntad de volver a Marruecos, ni contó con asistencia letrada, ni tampoco con ninguna de las garantías previstas para el procedimiento de repatriación […] y la Fiscalía de Ceuta tampoco fue informada, sin poder escuchar o asistir a ningún niño antes de su expulsión”, alerta el escrito.
El Decanato del Colegio de Abogados de Ceuta ha “confirmado” a los denunciantes que sus letrados no ofrecieron asistencia alguna a los afectados por el procedimiento, que tildan de “arbitrario” y contrario a la Convención de los Derechos del Niño de 1989 que explícitamente exige respetar el acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 sobre retorno de menores migrantes solos en el que supuestamente se ampara Interior para dar cobertura legal a la operación de repatriación iniciada.
Las oenegés han apelado a la ONU mientras siguen preparando un escrito al Juzgado de Guardia de Ceuta solicitando la adopción de medidas cautelarísimas de suspensión de las devoluciones, aunque asumen que en cualquier caso su dictamen no se produciría hasta el próximo miércoles.